Las estrategias del Plan del Litoral
En Cantabria se da ya una situación que hubiese costado imaginar hace algunos años: el 80% de la población se ha concentrado en una franja de territorio extraordinariamente estrecha, marcada por dos líneas imaginarias paralelas a la Autovía del Cantábrico. Un corredor de sólo tres kilómetros de anchura.
A pesar de esta influencia de las infraestructuras sobre el territorio, el Plan del Litoral que presentó José Luis Gil no contemplaba ninguna de ellas. El nuevo plan tiene mucho cuidado en reseñar todas estas circunstancias, tanto por el efecto que han tenido sobre el medio natural como por el que van a tener en el futuro, y añade aquellas otras infraestructuras que, sin estar hechas, como el ferrocarril de alta velocidad o varios polígonos, también influirán en la articulación del territorio.
El Plan del Litoral ha tardado algo más de lo previsto por Miguel Angel Revilla, pero también ha llegado mucho más lejos de lo que se esperaba, dado que va a servir como ordenador del territorio, al menos en la franja costera.
Peregrinación por los ayuntamientos
Quizá el aspecto ordenador sea aún más importante que el proteccionista, donde los objetivos son más realistas que ambiciosos. Así como el Plan de Gil podía resultar extraordinariamente estricto o laxo, según decidiese en cada momento la Consejería de Medio Ambiente, que era en última instancia la que debía determinar cualquier uso de un suelo, el nuevo Plan mantiene la soberanía urbanística en los ayuntamientos, aunque les marque unas reglas de juego conservacionistas. Quizá por eso, en la peregrinación emprendida por el consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla a cada uno de los 37 ayuntamientos afectados, ha encontrado un grado de aceptación sorprendente. Gil preparó a los alcaldes para lo peor, o al menos lo intentó, y el Plan de Mediavilla ha tenido un efecto balsámico. Tanto que, incluso alcaldes del PP, como los de Miengo o Argoños, han acabado por desairar al portavoz de su partido, Francisco Rodríguez, que en unas declaraciones tan críticas como inconcretas sobre el nuevo POL, denunciaba que encubría todo tipo de corruptelas, imprecisiones, incumplimientos y descontentos.
El POL ha pasado de ser el proyecto más polémico de la legislatura al más consensuado, hasta el punto que los primeros valedores han sido los empresarios de la Asociación de Promotores y Constructores de Cantabria, cuyo presidente ha mantenido un durísimo enfrentamiento en los medios de comunicación con el portavoz popular.
En realidad, el nuevo POL tiene pocos flancos débiles, y cuesta mucho encontrar en los mapas las muchas excepciones que cuajaban el anterior de sospechas: fincas de personas con relieve público que quedaban excluidas de la protección de forma sorprendente, parajes singulares cuyo valor paisajístico era declarado nulo, zonas donde no se podía construir una vivienda individual pero sí una planta de machaqueo de piedra o criterios tan inciertos que no ofrecían ninguna garantía jurídica.
El nuevo plan ha empezado por radiografiar el paisaje y dividir la zona protegida (el 29,7% de la superficie total de Cantabria si se incluyen los parques naturales) en dos grandes apartados, en función de la influencia litoral: la superficie realmente protegida (acantilados, playas, dunas, riberas, zonas boscosas o paisajes relevantes) y las simplemente ordenadas, donde los ayuntamientos podrán desarrollar estrategias de crecimiento que en el anterior POL no siempre estaban previstas o estaban condicionadas a la decisión personal del consejero de Medio Ambiente.
Compensaciones a los perjudicados
El Plan resuelve otro de los problemas que en el anterior suscitaba muchos rechazos: la compensación a quienes tenían expectativas inmobiliarias para sus fincas que ya no podrían desarrollar. El nuevo POL establece que los propietarios de suelo urbanizable o apto para urbanizar sin plan parcial aprobado antes de la Ley del Suelo cántabra y que con la entrada en vigor del POL no puedan materializarlo, se les reconocerán los aprovechamientos urbanísticos en otros ámbitos del municipio. Para hacer efectivas estas compensaciones será preceptiva la adecuación de los planeamientos al nuevo texto legal. Los municipios tendrán un año para adaptarse al POL. Si no lo hacen, el Gobierno podrá apremiarles a que lo presenten en tres meses y, si venciese este plazo, el Ejecutivo puede subrogase las competencias municipales para hacer la adaptación de oficio.
Cuando Revilla se comprometió a rehacer el POL, el Partido Popular dio por sentado que los regionalistas ponían en marcha una bomba de relojería que les estallaría antes o después, como les había pasado a ellos mismos. En una región donde dentro del alma cada propietario de suelo costero ha prendido la llamita de la especulación, al ver a muchos otros hacerse millonarios, es muy difícil establecer restricciones y mucho más que sean aceptadas por los ayuntamientos, donde el espíritu especulativo es, si cabe, mayor, dado que hace años que viven de las licencias de construcción.
Sin embargo, el nuevo POL ha roto muchos esquemas. Primero por el apoyo decidido de los constructores, y más tarde por la estrategia de transparencia y receptividad que ha mostrado Mediavilla. Mientras que Gil llegó a negarse a recibir, incluso, a los alcaldes afectados de su propio partido, Mediavilla no ha dudado en ir él mismo ayuntamiento por ayuntamiento a presentarlo a todas las corporaciones animándoles a que presenten alegaciones, o en mostrárselo a los diputados en fase de anteproyecto, sentando un precedente, ya que es la primera vez que uno llega a la Cámara.
En los ocho meses empleados en su elaboración, por otra parte, ha dado tiempo a llegar a un nivel de precisión muy superior al anterior, a realizar un estudio de opinión entre la ciudadanía, a elaborar una red de sendas o a establecer una estrategia de ordenación del territorio.
Las restricciones
Las áreas de protección propiamente dichas tienen unos usos muy restrictivos si bien es verdad que son muy limitadas: playas, dunas, acantilados, rías, riberas, montes de frondosas, áreas de interés paisajístico o mieses que se encuentran a menos de 500 metros de las costas o 200 de las rías.
El área mayoritaria es la denominada de ordenación, donde existe influencia litoral evidente, pero sin unos valores que deban defenderse a ultranza. Ahí los ayuntamientos podrán desarrollar sus planeamientos, si bien deberán demostrar sus necesidades de acogida poblacional y la Comisión Regional de Ordenación del Territorio hará un informe de Impacto Territorial antes de la probación inicial de cada plan de ordenación urbana.
Política de vivienda
Las áreas de expansión casi siempre estarán en bordes perirubanos del entorno de la Autovía del Cantábrico. El Plan se convierte aquí en el brazo armado de la política de vivienda del Gobierno regional, ya que en estas áreas se exigirá que el 50% de las superficies residenciales se destinen a algún tipo de vivienda protegida.
Las áreas de transición estarán en los bordes de los núcleos densamente poblados del entorno de la bahía de Santander y en ellas también se acepta el desarrollo inmobiliario, pero el 25% de la superficie residencial debe dedicarse a vivienda protegida, salvo en el caso de que el Ayuntamiento pueda justificar que en su municipio no son necesarias o que las áreas de expansión ya cubren esta carencia.
La tercera categoría, áreas de ordenación territorial, son las mieses contiguas a núcleos rurales y quedan como una gran reserva de posibles crecimientos urbanísticos, a expensas de lo que indiquen los estudios socieconómicos que acompañan los planes de urbanismo.
Finalmente, se establecen unas áreas de ordenación ecológica, en montes mixtos y prelitorales, que por ser plantaciones, pueden ser abandonadas y dedicadas a uso residencial, siempre que estén en zonas contiguas a los núcleos de población.
El POL quiere tener en cuenta otras eventualidades que se van a producir en el territorio ordenado e incluye cinco actuaciones industriales para desarrollar en el área costera: el Parque Tecnológico de Santander, un polígono entre los pueblos de Sámano y Santullán, dos más en Piélagos y Villaescusa y otro en Val de San Vicente.
Además, presenta varias actuaciones estratégicas de reordenación, una en el arco de la bahía de Santander, para conseguir un desarrollo integral estratégico, otra en la Universidad Pontifica de Comillas y una tercera en el área minera de Dícido, en Castro Urdiales.
