ECONOMÍA: CUATRO AÑOS DEMASIADO DUROS

LA INDUSTRIA TAMBIÉN CAYÓ. La industria parecía el gran baluarte de Cantabria, esa última red de seguridad que no dejaría caer la economía cántabra al pozo en el que se estaban hundiendo otras regiones, pero esa expectativa de los primeros años de la crisis no se ha cumplido. Su capacidad de resistir era relativa y eso se ha demostrado en esta segunda parte de la crisis. Desde 2011 ha perdido 6.000 puestos de trabajo, pero el efecto real supera lo que de por sí representa esta cifra. El empleo industrial es el de más calidad, el mejor pagado y el que más cotiza a la Seguridad Social y al desempleo. Además, una parte significativa del sector servicios no existiría sin esos empleos industriales.
La pérdida de empresas tan notorias como Saint Gobain Glass, el cierre de Sniace desde hace dos años o la desaparición de la mitad de Teka que generaba más valor añadido, son difíciles de reemplazar. Ni Nestor Martin (con todas las dudas sobre su continuidad), ni la filial de Tubacex (que apenas tiene una docena de operarios), ni las pequeñas empresas atraídas al polígono de Tanos-Viérnoles por el bajo precio del suelo pueden compensar esta decadencia industrial.

Pérdida de tejido empresarial. Al juzgado de lo Mercantil ya no llegan las peticiones de concurso por centenares pero esa aparente mejoría es consecuencia, en parte, de que el censo de empresas ha quedado tan reducido que ya tiene poco margen de retroceso. En esta legislatura han desaparecido 3.000 empresas en Cantabria y cada vez parece más improbable que puedan ser sustituidas a corto o medio plazo por las que van emergiendo.
Se han perdido centenares de compañías que en su día fueron muy rentables, como las promotoras y las constructoras; otras que tenían una tradición de generaciones, como las metalúrgicas, y muchas que parecían estar mejor adaptadas al mundo que viene, como las tecnológicas.
La depuración brutal debiera haber hecho mucho más sólidas a las supervivientes, que tenían la oportunidad de captar el mercado de sus rivales desaparecidas, pero la realidad es muy distinta: Hoy son muy pocas las empresas, de cualquier sector que están más fuertes que al comienzo de la crisis. La facturación no ha crecido y los márgenes se han estrechado enormemente.

Las exportaciones no van como se pensaba. El Gobierno regional no puede hacer gran cosa para favorecer las exportaciones, ni siquiera para internacionalizar las empresas de la región. El anterior ejecutivo PRC-PSOE lo intentó pero, por falta de continuidad o por el hecho de que el objetivo desbordaba con mucho sus posibilidades, aquella estrategia no ha tenido éxito. Ni las empresas cántabras se implantaron en China ni ha aumentado sustancialmente el censo de exportadores. Eso sí, el empresariado cántabro descubrió mundo, lo que probablemente le haya venido bien.
Con el Gobierno de Ignacio Diego todas esas políticas se detuvieron y se volvió a la política anterior de captación de inversiones, que apenas ha dado ningún resultado, incluso con los ofrecimientos de suelo teóricamente gratis. Los capitales no estaban esperando en Miami ni en México DF a que llegase un presidente cántabro con proyectos, como presumía Diego. El ejemplo más claro es el del teleférico de Cabárceno. Para conseguir un inversor hubo que garantizarle los beneficios, comprometiéndose el Gobierno a comprar todos los tikets necesarios para alcanzar el umbral de rentabilidad. Incluso con estas condiciones tan discutibles, el concurso se vino abajo, porque los bancos no le concedieron al consorcio hispanoamericano ganador el aval que exige la ley. En la nueva convocatoria, el Gobierno cántabro también pondrá el aval, de forma que se garantiza ante sí mismo por lo que haga un tercero. Una solución que raya lo inverosímil.
En los primeros años de crisis las empresas reaccionaron tratando de vender más en el exterior, tal como ocurrió con la crisis de 1993. Y, como entonces, parecía que de esta forma se solucionarían gran parte de los males nacionales: por fin se reequilibraría la balanza comercial, se internacionalizaría nuestra industria y todo ello empujaría nuestra competitividad. Por razones que aún están por explicar, las cosas no han salido como estaban previstas y en el primer trimestre de este año las exportaciones cántabras han caído un 30%. Es cierto que están sometidas a variaciones coyunturales y que muchos fabricantes pequeños dejan de exportar cuando mejora el mercado interno pero se trata de un porcentaje demasiado importante como para no preocupar.

La inversión se ha hundido. Además de cobrarse 3,8 millones de puestos de trabajo, la crisis ha acabado en España con la inversión, tanto la pública como la privada. Habría que remontarse unas cuantas décadas para encontrar cifras parecidas. Según las Cuentas Financieras que elabora el Banco de España, la formación bruta de capital en la economía (inversiones) está por debajo del 18%; un porcentaje tan bajo nunca se había visto desde que se realizan estas estadísticas, en los años 60. En 2007, antes de comenzar la crisis, estaba en el 30,7% del PIB.
Es muy difícil crecer si no hay inversión y una de las consecuencias de las políticas de ajuste es precisamente esa: El PP ha recortado de donde resultaba menos conflictivo, la inversión, mientras que el gasto corriente (salarios, alquileres, suministros…) sigue siendo prácticamente el mismo. En eso no se han diferenciado las políticas públicas y privadas, lo que ha provocado una tormenta perfecta para sectores como la construcción. Los ciudadanos han reducido drásticamente su inversión en viviendas y los dirigentes políticos en infraestructuras.
El Gobierno de Ignacio Diego ha rectificado esta política en el último año, al acometer un remedo del Plan E de Zapatero, financiado la contratación de 4.000 parados en los ayuntamientos para hacer obras menores, una decisión que está a medio camino entre un cambio de filosofía política y la necesidad electoral de rebajar las listas del paro.
Desgraciadamente, el margen de maniobra del Gobierno es ahora muy pequeño, porque lo que ahorra en inversiones lo tiene que gastar en intereses, ya que las exigencias presupuestarias de la deuda se han triplicado. Las políticas expansivas, que en 2011 o 2012 aún eran posibles, ahora son inabordables de no mediar una reestructuración de la deuda.

El sector ganadero no levanta cabeza. Con cuotas o sin cuotas, la ganadería parece tender hacia la extinción. Ya ni siquiera quedan 1.500 explotaciones que entreguen leche en Cantabria y, con un precio históricamente bajo, su continuidad es muy incierta. Todas las medidas que se han tomado, incluida la de forzar los contratos con las industrias, parecen más voluntariosas que eficaces.
Tampoco ha cuajado la búsqueda de alternativas y el peso del sector primario en Cantabria se va a ver en estas elecciones. En los años 80, cuando habían 27.000 explotaciones en la comunidad, los ganaderos eran un colectivo vital para cualquier formación política. Ahora, apenas les dedican unas líneas en los programas electorales y es muy improbable ver un ganadero en las listas de ningún partido.
Esta evolución hacia la insignificancia desborda lo propiamente económico: La desaparición de la ganadería compromete muy seriamente la articulación de una gran parte de la comunidad autónoma, porque deja sin actividades productivas a la mayoría de su territorio, condenándolo por tanto a la despoblación.

SIN AJUSTES EN La función pública. Nunca antes ha habido la oportunidad de hacer una reforma a fondo en la Administración pública pero el Gobierno de Ignacio Diego no se ha atrevido a enfrentarse con un colectivo muy numeroso y con mucha fuerza política. Tampoco cabe olvidar que gran parte de los miembros del Gabinete son funcionarios. Si descontamos la progresiva reducción de las plantillas por la vía de no reposición de bajas, apenas se ha hecho reforma alguna.
La Administración sigue teniendo una dotación excesiva de personal para tareas burocráticas y, en cambio, departamentos como los de atención social están desbordados, sin que nadie pueda reasignar los recursos humanos de una forma más eficiente. Lo ocurrido en esta legislatura con la Dirección General de Carreteras, en la que trabajan más de medio centenar de personas que apenas han tenido actividad, porque no se ha hecho ni una sola carretera nueva, es un ejemplo de una situación que en la empresa privada resultaría incomprensible.
Las medidas que se tomaron para reducir el gasto público, como la supresión de una paga de navidad, el recorte de los días de libre disponibilidad o la suspensión temporal de la carrera profesional en Sanidad no se han consolidado, porque el Gobierno ha dado marcha atrás, devolviendo al personal público los derechos suprimidos.
La única medida que realmente produce ahorros, la que dictó Zapatero que impide reponer más de una décima parte de las vacantes por jubilación, salvo en los cuerpos de seguridad, es poco eficiente, puesto que, al no discriminar, perjudica mucho a los departamentos donde el personal está más ajustado.
La iniciativa más loable de las tomadas por el Gobierno de Ignacio Diego para racionalizar los efectivos, la de abrir algunos cuerpos para que sus funcionarios puedan ser redistribuidos en función de las necesidades, se ha quedado demasiado corta, al estar limitada a las escalas más bajas.
El Gobierno no ha presumido mucho de esta medida pero sí de haber metido en vereda la empresa pública, reduciendo su número y haciendo desaparecer numerosos organismos. En la práctica, el efecto ha sido escaso, porque muchas de las empresas reabsorbidas por otras eran meramente instrumentales, y no tenían personal o era muy escaso. Y los organismos suprimidos, ni resultaban caros ni eran prescindibles, como el Consejo Económico Social (CES), el Consejo de la Juventud o el de la Mujer. Tres organismos de participación y control cuya desaparición no puede justificarse por los ahorros (entre los tres no costaban lo que cuestan los intereses de la deuda de un solo día) como tampoco parece una cuestión de ahorro el haber suprimido cuatro diputados para la siguiente legislatura, sino de mera estrategia electoral.
De lo que se ha presumido es, precisamente, del ajuste del empleo público, pero la realidad es exactamente la contraria. El Instituto Nacional de Estadística asegura que hay en Cantabria un 5,2% más de trabajadores públicos que en 2008, cuando comenzó la crisis. Una evolución insólita -porque es evidente que al manejar menos dinero muchos departamentos de la Administración apenas tienen actividad– y que demuestra que hay dos mundos distintos: el de la economía pública, donde el empleo crece en cualquier circunstancia, y el de la privada, que ha perdido nada menos que el 18,3% de los puestos de trabajo que tenía en Cantabria en 2008.
En nuestra región se ha destruido más empleo privado que en el conjunto del país y, en cambio, se ha creado más empleo público, una evolución difícil de justificar.

El pozo del dinero se ha secado. En 2007 las familias, empresas e instituciones cántabras tenían créditos contratados por importe de 15.877 millones de euros, una cuantía muy importante, aunque inferior al peso económico que tiene la región. A pesar de que también estábamos afectados por la locura inmobiliaria, Cantabria parecía más contenida que otras comunidades. Pero llegó la crisis y el grifo del dinero se secó. Tanto que, siete años después, el crédito vivo está en 12.566 millones de euros, casi un 21% por debajo. La caída es ligeramente inferior a la media nacional, pero no por eso menos grave. Y no se detiene. Todavía en 2004 el crédito bajó un 8,4% más, a pesar de que los bancos están abriendo la mano.

EL LENTO RETROCESO DEL PARO. El Gobierno ha puesto un especial empeño en conseguir que el empleo volviese, al menos, a las cifras de comienzo de legislatura, pero no lo ha conseguido ni siquiera con las 4.000 contrataciones municipales que ha financiado para estas elecciones. En julio de 2008 había en Cantabria 234.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Cuando Diego llegó al Gobierno, en junio de 2011, habían bajado a 212.470. El pasado mes de marzo ya eran sólo 200.218. Además, la evolución ha sido hacia un trabajo de mucha peor calidad y una parte creciente de esos cotizantes son empleados a tiempo parcial no por voluntad propia, por lo que, si el paro se midiese por jornadas laborales completas y no por número de empleos depararía unas cifras aún más dramáticas.

LA DEUDA CRECE IMPARABLE. De los 1.250 millones que debía Cantabria al llegar Diego a la presidencia (9% del PIB) hemos pasado a 2.450, prácticamente el doble, sin que hayan tenido mucho efecto el haber renunciado a las inversiones y las restricciones en los gastos. A pesar de la contención del déficit anual, el acumulado suma ya un 19,8% del PIB, un porcentaje muy preocupante, casi idéntico al de Andalucía.