Los hosteleros se revuelven contra el Gobierno cántabro por permitir operar a pisos turísticos sin regularizar

El sector hostelero cántabro ha estallado contra el Gobierno regional por permitir que viviendas turísticas sin regularizar sigan operando tras vencer el plazo legal. La Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria ha denunciado que la instrucción “vacía de contenido” el decreto, “premia al incumplidor” y castiga a quienes sí han hecho el esfuerzo de adaptarse, además de alertar de un “efecto llamada” que ya estaría disparando nuevas solicitudes sin garantías de cumplimiento.

Los servicios jurídicos de la AEHC están analizando el documento y han asegurado que no descartan emprender posibles acciones para defender los intereses del sector y garantizar la igualdad de condiciones. «El objetivo era claro: quien no cumpla, no puede seguir; y esta instrucción hace justo lo contrario», ha lamentado el presidente de la AEHC, Eduardo Lamadrid, sobre la medida del Gobierno regional que da más margen a viviendas de uso turístico que no hayan terminado de regularizarse a pesar de que el plazo para hacerlo terminaba este 25 de marzo.

Al respecto, el Gobierno defiende que debe ser «especialmente sensible» con los propietarios que han tratado de regularizar sus viviendas y cumplen los requisitos pero no han podido acreditarlo en plazo por una demora o falta de diligencia de la Administración Pública.

Precisamente, la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, también se ha pronunciado este jueves al respecto a preguntas de los medios y ha sostenido que «no se trata de una moratoria», que «hubiera sido una barra libre» –»se cumplen ocho meses, la gente no cumple nada y damos otros ocho para que sigan sin cumplir»–, sino una medida para quienes no han podido completar la regularización «al margen de su voluntad».

La instrucción de la Dirección General de Turismo se publicó el pasado viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), ante la proximidad de que venciera el plazo de ocho meses establecido en el decreto por el que se regulan las Viviendas de Uso Turístico (VUT) para la adaptación.

En ella se aclara que, aunque el periodo de adaptación al nuevo decreto finaliza el 25 de marzo, no se cancelará la inscripción en el Registro General de Empresas Turísticas en aquellos supuestos en los que el titular de la vivienda haya solicitado antes de esa fecha el informe municipal de compatibilidad urbanística al ayuntamiento correspondiente y éste se encuentre pendiente de emisión.

Para la AEHC, esta instrucción «introduce una moratoria que permite seguir en el mercado a numerosos alojamientos sin resolución municipal», algo que «cambia las reglas del juego» y «afecta directamente a la competencia». Se está premiando al incumplidor y castigando al que ha hecho el esfuerzo de adaptarse», ha resumido.

Efecto llamada

Y es que los hosteleros han advertido del efecto real de esta instrucción, que aseguran que en los últimos días ya ha producido un «efecto llamada» con un aumento de solicitudes de registro de VUT que «saben que no van a poder cumplir los requisitos».

Asimismo, han rechazado la «falta de claridad» sobre cuánto tiempo podrán seguir operando esas viviendas que aún no han completado la documentación. «Si no hay respuesta de los ayuntamientos o resolución de recursos, pueden seguir ofertando su producto turístico sin un plazo límite claro, lo que agrava la inseguridad jurídica», han señalado.

Otra de las críticas es la «falta de diálogo previo con el sector». «Nos sorprende profundamente habernos enterado por el BOC, sin ningún tipo de comunicación previa, siendo la asociación empresarial con mayor representación en Cantabria», ha dicho Lamadrid.

En paralelo, ha insistido en la necesidad de reforzar la inspección para garantizar el cumplimiento de la normativa, recordando que sigue pendiente la incorporación de nuevos inspectores anunciados por el Ejecutivo autonómico.