Los constructores cántabros lamentan la drástica caída de la licitación

Los constructores y promotores cántabros han lamentado la «drástica» caída de la licitación oficial en construcción, casi un 40 por ciento en 2019 respecto al año anterior según los últimos datos del Ministerio de Fomento, y han alertado al respecto de que con ella también «cae el empleo» en el sector.

Así lo ha advertido la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Cantabria en un comunicado en el que ha recordado que la actividad se ha venido «desacelerando» en los últimos ejercicios, fruto del descenso asimismo de la licitación de la promoción y edificación.

Ante esto, los profesionales de la construcción han llamado a las administraciones a «volver a ponerse en marcha» y reiteran las aportaciones hechas para evitar que se produzca «el colapso» de esta actividad económica.

«El futuro de la sociedad cántabra, se quiera o no, pasa en buena medida por la reactivación de la construcción, el segmento productivo capaz de crear empleo con mayor celeridad», han defendido.

Y para lograrlo, la ACP ha reclamado la puesta en marcha de una serie de iniciativas, entre las que figura el impulso de la obra pública por parte de las administraciones.

En este sentido, los constructores han exigido un aumento del volumen de obra licitada, «incurriendo, si fuera necesario, en un endeudamiento controlado o facilitando la incorporación del capital privado para su financiación», pues consideran «incuestionable que resulta más conveniente financiar la actividad que subsidiar el desempleo».

También han pedido «máxima celeridad» en la licitación de los trabajos proyectados para «contener el imparable aumento del paro», y «máxima» urgencia en las adjudicaciones, así como la «rápida» devolución de los avales presentados por las empresas.

La ACP también ha reclamado un apoyo «tangible y decidido» a las empresas cántabras y a aquellas que tienen domicilio «estable y arraigo» en la región, posibilitando sistemas de licitación «más justos».

Por otra parte, han expresado su «inquietud» por criterios de licitación que «pueden condenar a un buen número de empresas de primera línea a ser, en el mejor de los casos, meros subcontratistas», y por la morosidad, que se está convirtiendo en un problema «endémico» del sector, por lo que han exigido a las administraciones públicas que garanticen el pago a sus proveedores en un máximo de 30 días.

Finalmente, en el ámbito de la promoción, la ACP ha apostado por que «de una vez por todas» se aborde la modificación de la actual normativa urbanística, para poner en valor los suelos destinados a vivienda, «comprados a altos precios en su día y que hoy el mercado no admite».