El vertedero de Monte Carceña entrará en funcionamiento el próximo otoño

Si hubiera que medir el ritmo de la actividad económica de una región por el volumen de residuos industriales que genera quizá no hubiese grandes errores. Pocas cifras son tan elocuentes como contrastar las 480.000 toneladas anuales de desechos fabriles que se producían en Cantabria antes del estallido de la crisis económica con las 150.000 que fueron depositadas en El Mazo el año pasado. Pero aunque esa cifra haya menguado de forma tan significativa, la industria cántabra necesita asegurar el depósito de sus residuos y El Mazo, después de más de 20 años de servicio y de ser estirado hasta el límite, ya no da más de sí.
Para buscar una alternativa al único vertedero de residuos industriales no peligrosos que existe en la región, la Consejería de Medio Ambiente puso en marcha en 2005 el proceso que culminará el próximo otoño con la entrada en servicio de un nuevo depósito en Monte Carceña, en el municipio de Castañeda. Con cerca de 60 hectáreas de extensión –de las que 40 se utilizarán para los vertidos– y siete millones y medio de toneladas de capacidad, Monte Carceña asegura a las industrias de Cantabria la posibilidad de deshacerse de sus vertidos a un coste razonable, sin que se vean forzadas a trasladarlo a otra comunidad, algo que a la larga podría tentar a los afectados a plantearse su deslocalización.
El valor estratégico que tiene este depósito para el desarrollo económico de Cantabria, explica la intervención de la empresa pública Mare como impulsora del proyecto. Pero la gestión de los residuos es también un negocio en auge y la construcción del depósito y su posterior explotación corren a cargo de Iacan, una sociedad mixta de la que FCC Ámbito, la división medioambiental del grupo constructor, tiene el 80% de las acciones. El otro 20% permanece en manos públicas.

Una tramitación compleja

Seis años se ha tardado en ejecutar el proyecto, una demora que se explica por la complejidad de los pasos legales necesarios para poner en marcha una instalación de estas características y por la dificultad técnica de la propia obra. El vertedero ha tenido que salvar nada menos que 45 trámites administrativos, un rigor que, aparentemente, le librará de embarrancase en los tribunales por culpa de algo tan frecuente en muchas obras públicas realizadas en Cantabria como un defecto formal en la tramitación.
El primer paso fue localizar un emplazamiento idóneo, una búsqueda en la que se llegaron a barajar 19 alternativas hasta que el Gobierno se decidió por Monte Carceña. El lugar cumplía todos los requisitos necesarios para este tipo de instalaciones: un suelo arcilloso que evite filtraciones, un impacto ambiental reducido y una distancia muy razonable a las industrias que generan los residuos, para hacer asumible el coste de traslado.
Ha sido una casualidad, pero si se suma el peso de los residuos que entran en El Mazo y se pondera por la distancia a su punto de generación, el centro de gravedad de ese cálculo resultaría exactamente la Recta de la Pasiega. Y es precisamente en ese tramo de carretera, en la zona colindante con Parbayón, donde se sitúa la conexión con el vial de acceso al vertedero de Monte Carceña.
Definir por donde debía transcurrir ese vial no fue una tarea sencilla. De nuevo se trataba de evitar el impacto ambiental pero también se intentaba agilizar al máximo su ejecución. Al final se optó por un trazado contemplado en el proyecto para unir los polígonos industriales proyectados en Villaescusa-Parbayón y en la Recta de la Pasiega. El nuevo vial pasó a formar parte del Plan General de Carreteras, lo que evitó tener que pedir una licencia municipal a Piélagos que hubiera retrasado aún más las obras.
No obstante, la comunicación con el Ayuntamiento de Castañeda, propietario de los terrenos en los que se ha construido el vertedero, ha sido fluida. El acuerdo de venta a Iacan de las 60 hectáreas de terreno forestal se cerró con un pago en metálico y una permuta por terrenos en el valle, donde la Corporación quería hacer un pequeño polígono industrial. Además, se acordó el pago al Ayuntamiento de una compensación de 0,30 céntimos de euro por cada tonelada de residuos que entre en el vertedero; un cantidad que también percibirán los de Piélagos y el de Parbayón, los otros municipios afectados por la creación del nuevo depósito y su vial de acceso.

Una lucha contra la climatología

Moverse en un terreno arcilloso con maquinaria pesada no es una tarea fácil en una climatología tan lluviosa como la cántabra. Esa circunstancia explica la tardanza en la ejecución de los trabajos de impermeabilización del vaso, algo que requiere la superposición de varias capas protectoras del subsuelo a base de material geotextil, láminas de polietileno y grava. Un sistema de drenaje asegura el control de los lixiviados, los líquidos que rezuman de los vertidos, que, tras ser recogidos, serán llevados a un gestor de residuos, para evitar cualquier tipo de evacuación al río Carrimón. También se ha construido una gran zanja en torno al depósito, destinada a encauzar las aguas de escorrentía y evitar que el vertedero actúe como un dique, afectando al cauce del río.
Para minimizar el impacto ambiental del vaso se ha conservado un amplio cinturón del eucaliptal previo, que aislará el vertedero de los vecinos más cercanos a la zona, que no son muchos.
La plantilla que manejará el depósito va a oscilar, dependiendo del nivel de actividad, entre seis y veinte personas. Su papel será controlar, analizar y, en su caso, pesar los residuos que se van a verter, que previamente habrán sido autorizados por la Consejería de Medio Ambiente.
Buena parte de esos vertidos están formados por subproductos de las fundiciones –sobre todo, arenas de moldeo–, escombros no reciclables y otros residuos que han perdido su condición de peligrosos tras ser estabilizados por un gestor autorizado. El 60% de los que se vienen depositando en El Mazo son producidos por cinco grandes industrias metalúrgicas, que son también el motor económico de la región, pero el servicio que presta El Mazo y el que heredará el futuro vertedero es igual de relevante para otra multitud de empresas de primera transformación.

Sellar El Mazo

El complicado reto de alargar la vida útil de El Mazo como consecuencia del retraso de Monte Carceña, se ha visto favorecido por varios factores. La disminución de la actividad industrial ha sido uno de ellos, pero también ha venido a aliviar el problema que planteaba la colmatación del depósito de Zurita la prohibición de verter escombros que entró en vigor el pasado uno de noviembre.
Aunque la parálisis de la construcción había rebajado considerablemente la presión sobre El Mazo –que ha llegado a recibir 180.000 toneladas anuales de escombros–, en Cantabria se siguen generando unas 80.000 toneladas anuales de restos de construcciones y demoliciones (RCDs) que a partir de esa fecha deben pasar por uno de los tres centros de reciclado que se han creado. El rechazo de cola de esas plantas (los residuos no reciclables), que equivalen aproximadamente al diez por ciento de los tratado, es lo que finalmente se vierte en El Mazo y lo que irá a parar, a partir de este otoño, al depósito de Monte Carceña.
A lo largo de sus casi dos décadas de existencia, El Mazo ha recibido unos cuatro millones de toneladas de residuos y, aunque ya ha cumplido su función, su cierre va a exigir nuevos gastos que sumar a la inversión realizada en este tiempo en la compra de los terrenos y en su adecuación como vertedero. Solo en 2006, el Gobierno regional empleó 6,2 millones de euros en la compra de terrenos para ampliar los que había adquirido en 1999, tras una primera etapa de alquiler. Ahora será preciso gastar tres millones más en sellar el vertedero, que acabará convertido en una colina artificial revestida de especies arbustivas e integrada en el paisaje.
A diferencia de lo que ocurrirá en el nuevo vertedero, el coste del sellado de El Mazo no se va a imputar en la tarifa que se cobra a las empresas por los vertidos. Precios que oscilan entre los 18 euros por tonelada para los residuos que no necesitan estabilización y los 40 que deben pagar las empresas o gestores que quieren depositar los previamente inertizados. Esta notable diferencia en las tarifas persigue un efecto disuasorio para que Cantabria no se convierta en destino de residuos industriales de otras regiones. A esas cantidades hay que añadir, en cualquier caso, los siete euros por tonelada del impuesto autonómico, en el que los gestores del depósito actúan como simples recaudadores de un dinero que va a parar a las arcas regionales para sufragar parte del déficit que origina este servicio.
Las tarifas que van a pagar las empresas por la utilización del nuevo depósito están aún por concretar, aunque serán algo más elevadas que las que se vienen cobrando en El Mazo. Para su cálculo habrá que tener en cuenta los veinte millones de euros invertidos en preparar el gigantesco vaso entre los eucaliptales de Monte Carceña y el coste que se calcule para el sellado de este nuevo vertedero cuando se colmate. Dependerá, también, de la vida útil que finalmente tenga el nuevo depósito, algo que está en relación directa con la actividad económica de la región.
Cuando se proyectó la construcción del vertedero, hace ya seis años, en Cantabria se generaban unas 400.000 toneladas anuales de residuos industriales. Eliminados los escombros, y con la actividad industrial a pleno rendimiento, se calcula que se producirán unas 300.000. Pero el bajo ritmo de actividad económica actual aleja la realidad de la región de esas previsiones, como lo demuestra el hecho de que el pasado año sólo entrasen en El Mazo 150.000 toneladas, la mitad que en las épocas de bonanza. De ahí que la vida útil de Monte Carceña pueda extenderse bastante más allá de los 25 años que contempla el proyecto.
En cualquier caso, Cantabria habrá resuelto para al menos un cuarto de siglo el problema de proporcionar a sus industrias un lugar en el que depositar los residuos no peligrosos, algo que la legislación ambiental ha convertido en una pieza más de cualquier proceso productivo.