Inventario

El tramo maldito

El que iba a ser el primer tramo asturiano de la Autovía del Cantábrico no sólo va a ser el último, sino que lleva camino de no hacerse nunca. Y casualmente, es el que más nos perjudica, por ser el más próximo a Cantabria. A estas alturas, hay pocas cosas que no le hayan ocurrido, y no cabe imaginar las que le restan. Afectado primero por los conflictos internos del PSOE asturiano, damnificado más tarde por los del PP del mismo lugar y, finalmente, por la guerra personal de Alvarez Cascos contra todos, incluidos los suyos en aquella región, los 23 kilómetros entre Unquera y Llanes ni se han empezado, ni se empezarán por el momento.
La obra se empantanó en 1999 cuando un colectivo ecologista se querelló contra los responsables del Ministerio de Fomento en Asturias y varios ingenieros por hacer una variante con el supuesto fin de beneficiar a los propietarios de una gran finca con expectativas de centro comercial. Cascos, enfrentado al alcalde de Llanes, aprovechó que la denuncia fue admitida a trámite para detener el proyecto hasta el día del hoy, sin causa justificada y desviar las partidas presupuestarias hacia otros compromisos. Pero cuando en marzo pasado el juez archivó las diligencias abiertas, parecía que no quedaba ya ningún clavo ardiendo al que agarrarse y que el belicoso ministro de Fomento por fin reemprendería el proyecto. Craso error.
La primera decepción fue comprobar que no ha dotado ninguna partida para el año que viene, lo que ya hacía presagiar su escaso interés. Pero lo que ha rizado el rizo ha sido la presentación de cuatro nuevas alternativas para el tramo. Ni la norte, ni la sur, que durante años han estado en el centro de la polémica. Ahora que los jueces han declarado que incluso la sospechosa no tiene tacha y las dos pueden ser legalmente válidas, el Ministerio no quiere ninguna de las dos, sino que propone cuatro, supuestamente porque las anteriores estaban cuajadas de errores en el tratamiento de los bienes de interés cultural y natural. Algo así como decir que si los ingenieros no han sido condenados por corruptos, él los hubiese condenado por ineptos.
Como el asunto a estas alturas parece una tomadura de pelo, habrá que resignarse a imaginar que la Autovía llegará a Galicia antes de que Cascos se decida a acometer el tramo que sale de Unquera, auténtica tortura de conductores, por las travesías urbanas y la acumulación de camiones.

Obras gafadas

Torrelavega no tiene suerte con algunas de sus obras públicas. Hace diez años acometió la construcción de un matadero comarcal que, una vez finalizado, se vio en la necesidad de reformar porque nadie, al parecer, había caído en la cuenta de que debía estar homologado con las exigencias que la UE tipifica para esta actividad. Así que el matadero se cerró y hubo que proceder a una costosa reforma. Pero como los males no vienen solos, una vez resueltos los problemas legales comenzaron los económicos. El matadero era inviable porque la zona no genera actividad suficiente para justificarlo y el concesionario propuso otra reforma para adaptarlo a más especies animales, que tampoco tuvo éxito, porque Cantabria no genera economías de escala que permitan competir, por ejemplo, con Lérida. Y a consecuencia de alguna de estas reformas mal ejecutada ahora han aparecido importantes deterioros cuya reparación el Ayuntamiento va a reclamar a la empresa constructora.
La nueva estación de autobuses amenaza con repetir la historia. Después de una larguísima ejecución, esta obra que realizaba y sufragaba en su totalidad la empresa adjudicataria de las viviendas de la Granja Poch, a cambio de los derechos edificatorios, lleva un año de dudas. El anterior alcalde no se atrevió a meter los autobuses, porque algunos informes técnicos sostenían que las rampas y andenes no permitían la maniobrabilidad de estos vehículos. Ahora, se han vuelto a hacer nuevas pruebas, y con muchas estrecheces, podrán entrar las líneas de largo recorrido, pero no las de cercanías, que deberán aparcar en el exterior. Sólo así quedará el espacio suficiente entre autobús y autobús para que puedan abrirse las compuertas de equipajes.
Es decir, que el larguísimo viaje en el tiempo que ha padecido la estación de autobuses, una obra reclamada y prometida desde hace décadas, se ha quedado tan corto que no resuelve la mitad de los problemas que debía resolver y va a crear otros nuevos, dado que está emplazada dentro de una urbanización y sus salidas de humos –siempre abundantes en una instalación de este tipo– se encuentran prácticamente en un patio vecinal.
Es de suponer que si la empresa constructora no tuvo en cuenta durante su construcción la opinión del Ayuntamiento sea la misma empresa constructora la que se haga cargo de los gastos derivados de su falta de adaptación para el uso previsto, aunque ni siquiera así podrá compensarse el hecho de que la estación nunca llegará a dar servicio a la totalidad de las líneas.
Tampoco el Ayuntamiento está exento de responsabilidad, dado que el hecho de que la estación fuese una contraprestación no tenía por qué impedirle un control riguroso del proyecto.
No es admisible que en una ciudad en la que faltan tantos equipamientos, ni el matadero sirva como matadero, ni la estación de autobuses como estación de autobuses.

Ingeniería estadística

Todo acaba por saberse, aunque muchas veces el conocimiento llega cuando los efectos son irremediables y esto es lo que le ha pasado a Cantabria con el Objetivo 1. Ahora tenemos datos fehacientes de que las estadísticas de la Comunidad Valenciana se manipularon para continuar recibiendo las ayudas para las regiones pobres, mientras Cantabria era expulsada del club de pedigüeños, aunque nosotros, como los hidalgos, sacábamos pecho y todo.
Las cifras de Valencia eran ya por entonces increíbles para cualquier observador mínimamente objetivo, y así se dijo entonces desde esta revista. El dinamismo económico de aquella comunidad, su evolución salarial y su capacidad de compra eran imposibles de encajar en un cuadro económico de depresión o de retraso. Sólo bajo el supuesto de que no se hubiese estimado absolutamente nada de la abundante aportación de la economía sumergida que siempre ha tenido, podía llegar a suponerse que su situación económica era peor que la de Cantabria.
El problema no podía ser achacable a los funcionarios europeos, porque a pesar de lo que nos hemos acostumbrado a leer, quien decide si una región es incluida o no dentro del Objetivo 1 es el propio Gobierno español. Europa prefiere discutir el montante nacional de las ayudas y luego deja que sea cada estado el que establezca el reparto, algo por otra parte razonable si se tiene en cuenta el enorme número de regiones que componen la Unión. Y el Gobierno español tenía muchos más compromisos con la Comunidad Valenciana que con Cantabria, a pesar de que el PP gobernaba en ambas autonomías. Los cinco millones de valencianos tienen un peso político muy superior al medio millón de cántabros, lo queramos o no.
El resultado es que nosotros salimos y ellos siguieron. Ahora, cuando Eurostat ha revisado las cifras de la Comunidad Valenciana y ha comprobado que superaba ampliamente el 75% de la renta media europea, la situación es irreversible. Ni ellos van a salir del Objetivo 1 antes del 2006, cuando finaliza el programa, ni nosotros vamos a entrar otra vez. Entre otras cosas, porque no se puede exigir aquello a lo que no se tiene derecho –Cantabria ya ha superado el 75% de la renta media comunitaria–. Pero sí cabe lamentar que otra comunidad, con menos derechos aún, haya obtenido un trato de favor. Eso, que se ha encargado de poner de manifiesto el actual Gobierno cántabro, también tenía que haber sido denunciado por el anterior.
La Unión Europea probablemente se desentenderá del asunto. Al fin y al cabo, cómo reparta cada Gobierno las subvenciones globales que recibe cada país es cuestión doméstica. Pero para cada una de las regiones perjudicadas no será lo mismo, porque a la Comunidad Valenciana entre todos le hemos sufragado tres periodos de Objetivo 1 (18 años) cuando probablemente ni siquiera debió estar uno solo, y otros hemos tenido un paso fugaz de apenas seis años, cuando debiéramos haber estado desde el comienzo, como ya denunció Hormaechea mientras gobernaba el PSOE.
Hace bien el consejero de Economía al exigir algún tipo de compensación al Gobierno de Madrid para equilibrar su descarada ayuda a la Comunidad Valenciana al mantenerla en el Objetivo 1, pero difícilmente va a ver satisfechas sus aspiraciones, porque eso sería tanto como que el Ejecutivo de José María Aznar reconociese formalmente su culpa en este asunto, y si algo ha quedado claro en estos siete años y medio es que el Gobierno nunca tiene la culpa de nada.