Las agencias de viajes de la región protestan contra el ‘imserso cántabro’ y piden mayor participación

La Asociación de Agencias de Viajes y Operadores de Turismo de Cantabria (AAVOT) ha pedido revisar el modelo del programa ‘Rutas culturales senior’, un programa de descuento en viajes para mayores de 55 pyuesto en marcha por el Gobierno cántabro para el próximo años. Los operadores turísticos han trasladado su preocupación por diversos aspectos del convenio suscrito entre el Gobierno de Cantabria y la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) para el desarrollo del programa, recientemente publicado en el Boletín Oficial de Cantabria.

El programa ‘Rutas Culturales Senior de Cantabria’ sigue un modelo análogo al de los viajes organizados por el Imserso. Begoña Gómez, consejera de Inclusión Social -la Consejería que ha impulsado el proyecto- explicó en su presentación el pasado marzo que la voluntad de la iniciativa era promover el envejecimiento activo y atender situaciones de soledad no deseada, ofreciendo viajes a personas residentes en Cantabria que tengan cumplidos 55 o más años, y que estas podrán ir acompañadaspor su cónyuge, pareja de hecho o unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal, sin necesidad de que reúnan el requisito de la edad.

El convenio para las licitaciones incluye condiciones como una duración mínima de 4 días/3 noches en la ruta peninsular, con un precio mínimo de 340 euros y máximo de 650 euros; de 7 días/6 noches en las islas, con un precio mínimo de 495 euros y máximo de 800 euros; y de 5 días/4 noches en la ruta internacional, con un precio mínimo de 795 euros y máximo de 1.700 euros. Además, al menos el 20% del total de las rutas deberán comercializarse al precio mínimo de la horquilla de la tipología correspondiente.

Finalmente, la Consejería ha anunciado 12.820 plazas para viajes dentro y fuera de España, con destinos como Egipto, India o las Islas Canarias y Baleares, según lo ha avanzado por el Diario Montañes este miércoles.

Tras el anuncio, los operadores turísticos cántabros a través de un comunicado firmado por AAVOT han afirmado que, pese a que «comparten plenamente» los objetivos sociales del programa, especialmente el fomento del envejecimiento activo, la lucha contra la soledad no deseada y la promoción de actividades sociales y culturales dirigidas a las personas mayores, discrepan «en los aspectos básicos de su arquitectura», así como en «la ausencia de una verdadera participación del tejido turístico cántabro durante su elaboración».

Según ha denunciado  AAVOT , «el Gobierno cántabro utiliza, de manera espuria, el instrumento del convenio para realizar una intervención en un segmento del sector turístico al margen del cauce legal».

Así, señala, «mediante un mecanismo de explotación de la imagen y el aval institucional, el Gobierno cántabro decide, de manera indirecta, las rutas turísticas que se ofrecerán y las condiciones comerciales y operativas que regirán».

Para ello, se sirve de una contrapartida en el convenio que a su juicio es «meramente cosmética», puesto que sólo compromete la promoción de la adhesión a la intervención del Gobierno cántabro, y genera «la falsa sensación de una participación sectorial que AAVOT niega».

La asociación considera que, si el Gobierno cántabro quiere intervenir en ese segmento del sector turístico, tiene a su disposición la potestad de ofertar directamente bienes y servicios en el mercado, mediante una empresa de capital público, o bien de adquirirlos en el mercado a través de una licitación «que respete las garantías de igualdad, no discriminación, transparencia y concurrencia competitiva».

En este sentido, entiende que el Gobierno cántabro «no debe tratar de realizar una intervención económica indirecta, a partir de la utilización selectiva de la imagen institucional y del empleo de una contraparte innecesaria que se ha prestado a dar una pátina de participación y acuerdo sectorial que, realmente, no concurre».

La asociación lamenta especialmente que el Ejecutivo «no haya querido escuchar», durante la tramitación del convenio, la opinión de asociaciones territoriales de agencias de viajes de Cantabria ni de otros interesados, pese al impacto que el programa puede tener y lo «controvertido» del empleo de la figura del convenio.

Asimismo, considera «relevante la afección al comportamiento del mercado» que la medida del Gobierno cántabro implica. En particular, destaca que cualquier operador que no se sujete a los criterios impuestos por el Gobierno cántabro podrá operar bajo la imagen oficial del programa, utilizar la marca institucional y formar parte de los mecanismos de seguimiento previstos, «que son ventajas competitivas clave en el segmento del sector del turismo al que afectan».

Además, afirma que, por su diseño, no se trata de una intervención «neutra», sino que favorece estructuralmente a operadores de mayor dimensión, con capacidad tecnológica, comercial y administrativa más elevada, y dificulta la participación de pequeñas agencias minoristas locales.

La asociación destaca, en este sentido, la intensidad de la intervención gubernamental, que en el Anexo I del convenio establece elementos de homogeneización comercial «llamativos», como horquillas económicas, requisitos mínimos de producto y porcentajes obligatorios de comercialización en determinados tramos de precio.

En otro orden, la asociación también muestra su preocupación sobre la falta de concreción de algunos mecanismos de control previstos en la intervención gubernamental. En concreto, en relación con la acreditación efectiva de residencia de los beneficiarios o los sistemas de supervisión práctica del programa, «que son de extrema debilidad».

La asociación insiste en que el debate no debe plantearse entre «estar a favor o en contra» de un programa social para mayores, sino sobre cómo articularlo jurídicamente de manera compatible con el principio de ausencia de condicionamiento económico del funcionamiento de un mercado por las administraciones, neutralidad económica y buena gobernanza.

Por ello, AAVOT solicita la suspensión de la eficacia del convenio para replantear, en un proceso de diálogo real con el conjunto del sector turístico regional, la totalidad de la medida, de manera que se logren los objetivos que declara con pleno respeto a la legalidad y sin generar disfunciones en el mercado.

La asociación reitera finalmente su disposición total a colaborar con las instituciones públicas para que definan medidas que no introduzcan distorsiones antijurídicas y que beneficien a las personas mayores.