El fútbol y Hacienda, una relación conflictiva

Un jugador de fútbol tiene el mismo régimen fiscal que un trabajador cualquiera. Pero su vida profesional es muy distinta a la de un funcionario, a la de un obrero industrial o a la de un camarero. En primer lugar, porque es probable que no dure más de diez años. En ese tiempo, si está en el privilegiado grupo de quienes ejercen en Primera División, es posible que se sienta rico, pero la realidad es un poco distinta. Hacienda le va a cobrar el tipo máximo en el IRPF; por tanto, un 45% de lo que gana no será para él. Otro 10% se lo llevará el representante. Lo paradójico del caso es que para Hacienda esta merma no existe. Al tratarle como a cualquier otro trabajador, el futbolista podría aplicar una deducción por cuotas sindicales, pero no podrá deducir el gasto que supone tener un representante, infinitamente mayor. Por tanto, se ve forzado a tributar por una cuantía superior a la que en realidad gana.
“La norma del IRPF no está pensada para unos trabajadores tan atípicos”, dice Relea quien añade otro ejemplo contradictorio con el sentido común: las sanciones. Si el club decide aplicarle al futbolista una multa disciplinaria de 30.000 euros, sus emolumentos se reducirán en esa cuantía, pero seguirá tributando por ellos como si realmente los cobrase. Para Hacienda, esa eventualidad no existe, simplemente porque nunca podría darse en el caso de un trabajador ordinario, que puede ser sancionado por su empresa con suspensiones de empleo y sueldo pero no con una multa económica. Los futbolistas tampoco pueden deducir los seguros que contraten ante posibles lesiones, aunque es fácilmente entendible que se trata de un gasto vinculado a su actividad profesional.

De infinito a cero

Esa misma falta de adecuación también les penaliza por el hecho de que sus ingresos se concentren en pocos años, ya que no se tiene en cuenta que su vida laboral se interrumpe bruscamente. A edades que otros trabajadores podrían considerarse en plena juventud, el futbolista profesional puede pasar de un altísimo nivel de rentas al cero absoluto, mientras encuentra la forma de reorientar su vida profesional.
La situación puede ser perfectamente llevadera para los galácticos, que han acumulado un buen colchón en ese tiempo, pero la realidad es que hay muchos más profesionales del fútbol en los niveles salariales de la Gimnástica que en los de Raúl o Zidane. Pero, además, estos últimos tienen capacidad de negociación para forzar a que sean los clubes quienes se subroguen sus obligaciones fiscales.
Los equipos se ven obligados a aceptar abonar los impuestos de sus estrellas pero, no por eso renuncian a encontrar la forma de pagar menos y pensaron que la solución podía ser desglosar la cuantía comprometida con el jugador en dos partes: los emolumentos por su actividad deportiva y los derechos de imagen, que son abonados a una sociedad creada por el deportista casi siempre en un paraíso fiscal. En muchos casos, estos pagos son realizados directamente por algún anunciante o cliente, de forma que no pasan por la caja del club.

Hacienda gana

Tanto trabajo de ingeniería fiscal va a acabar dando resultados muy poco prácticos, porque Hacienda no parece dispuesta a perdonar las cantidades eludidas durante años a través de los contratos de imagen y ha levantado actas a casi todos los equipos de Primera División por las retenciones no practicadas, el IVA que generaban estos contratos y por las indemnizaciones que se pagan en las rescisiones, que suelen ser muy superiores al despido de un trabajador corriente y, por tanto, no están exentas de tributar. A pesar de los recursos presentados por los clubes, todo parece indicar que Hacienda ganará en los tribunales y Relea pronostica que el sistema ideado por los equipos se va a derrumbar como un castillo de naipes.
Relea no es en absoluto comprensivo con este tipo de prácticas, aunque reconoce que la poca adecuación del modelo tributario provoca muchas dudas a los equipos, que no saben qué criterios fiscales deben aplicar en cesiones de jugadores, traspasos a clubes de otros países o cláusulas de rescisión y sostiene que esta inseguridad jurídica no beneficia ni a la Administración ni al deportista.
Antonio Relea opina que crear un régimen fiscal especial para los futbolistas puede sentar un precedente peligroso, pero sugiere que, al menos, se adopten unas medidas que permitan adecuar la normativa general a su caso, para evitar las incongruencias. Una de ellas sería el aumentar sensiblemente las bases de cotización de los futbolistas a la Seguridad Social o los topes de aportación a planes de pensiones. De esta forma, cotizarían mucho más, su fiscalidad efectiva sería algo menor durante su vida activa, gracias a las deducciones, y se garantizarían rentas para el futuro.
El asesor fiscal también es partidario de una deducción específica de aquellos gastos que parecen obvios, para evitar que paguen por lo que no ingresan, una situación que en su opinión “puede rozar lo inconstitucional”.