La enorme factura del ‘Prestige’

Nadie sabe muy bien cuánto va a costar el ‘Prestige’. En realidad, ni siquiera está muy claro lo que ha costado hasta ahora. El nuevo Gobierno regional ya ha sumado las facturas de todo tipo que han aparecido para clarificar lo que ha salido de sus arcas, y la suma provisional es de 61 millones de euros (10.149 millones de pesetas).
El hecho de que los gastos se imputasen a la Empresa de Residuos de Cantabria puede que hiciese más ágil la gestión, pero desde luego, ha hecho mucho más oscuro todo el proceso y ha permitido seguir gastando cuando estaban superados, con mucho, los 30 millones de euros de crédito que el Gobierno regional aprobó para hacer frente a la crisis (5.000 millones de pesetas). Las facturas acumuladas suman 61 millones de euros y si la cifra no engordará mucho más es porque a partir del 1 de octubre todas las responsabilidades de limpieza han vuelto a pasar al Estado.
Cuando se produjo la marea negra, la costa de Cantabria se repartió a partes iguales. De Santander hacia Unquera se hizo cargo la Consejería de Medio Ambiente. De Santander hacia Castro Urdiales, el Estado. Es de suponer, por tanto, que el Estado haya gastado una cuantía semejante en la zona oriental, –unos 30 millones de euros, si se excluye la recogida del fuel en alta mar, que ha sido abonada por el Gobierno regional en su totalidad–. Esa cifra elevaría los gastos de recogida en Cantabria a unos 90 millones de euros (15.000 millones de pesetas) pero el cálculo es solo aproximado, porque el Comisionado del Estado para la Lucha contra el Vertido del ‘Prestige’ prefiere no dar los datos propios, quizá porque alguna de las partes podría resultar poco favorecida en la comparación, y quedase en evidencia su rigor (o falta de rigor) en el gasto.

¿A quién reclamar?

El nuevo Gobierno regional se encuentra ahora frente a dos problemas incómodos: rescindir los contratos de centenares de personas que fueron empleadas para la limpieza (sólo durante la campaña electoral, el Gobierno de Cantabria contrató a 600 desempleados con este fin), y reclamar el dinero gastado.
Las tensiones ya han aflorado. Parte de los trabajadores de limpiezas de playas que quedan sin empleo han realizado acciones de protesta para forzar a Medio Ambiente a mantenerles en activo en tanto sigan apareciendo manchas esporádicas, pero su lucha es vana. Nadie pudo dudar de que algún día habría que poner fin a las tareas de limpieza y de que habría que desmantelar un operativo regional que en algunos momentos ha superado las 900 personas, sin incluir voluntarios, soldados y pescadores.
La reclamación del dinero gastado por la comunidad producirá menos titulares pero no menos problemas. Cualquiera de las tres vías que se abren para exigir el reembolso de estos gastos (los tribunales, la devolución por el Estado y la indemnización a través del Fondo Internacional de Compensación de Hidrocarburos) tiene sus pros y sus contras y ninguna de ellas garantiza el que Cantabria pueda resarcirse completamente.
El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros en junio, donde se regula la devolución por el Estado de los gastos originados por el ‘Prestige’ exige, como requisito previo, la renuncia a cualquier acción judicial contra quien finalmente resulte responsable del hundimiento del barco. Una cautela que revela una posición gubernamental de cierta mala conciencia, dado que si el Ejecutivo español estuviese convencido de que sólo podrá imputarse el accidente al armador y al capitán del barco, no tendría demasiado interés en impedir que las comunidades autónomas, los pescadores o los colectivos empresariales afectados reclamasen contra el causante.
Lo cierto es que tanto la comunidad asturiana como la vasca se han personado ya ante el juzgado gallego de Corcubión para reclamar por esta vía la indemnización de los daños, aunque en el caso de Asturias el paso ha sido dado por la Federación de Municipios y no por el Gobierno regional.

Efectos difíciles de valorar

El nuevo Ejecutivo cántabro no quiere tensar demasiado la cuerda de las relaciones con Madrid y parece dispuesto a aceptar la vía del Estado, pero siempre que ofrezca garantías previas suficientes de que todo el gasto será reembolsado. En su reciente visita a la región, el comisionado del Gobierno para hacer frente a la catástrofe, Rodolfo Martín Villa, dio seguridades en este sentido, asegurando que se abonarían siempre que fuese justificada su cuantía y su carácter extraordinario.
En la enorme maraña de la Empresa de Residuos de Cantabria, clarificar los gastos y justificar la necesidad no resulta tan sencillo como podía suponerse. Y aún en el caso de que afloren todos los realizados y se pueda demostrar que todos ellos eran imprescindibles, quedarán por evaluar los daños inducidos por la catástrofe en sectores como el turismo, o el coste que todavía tendrá para nuestra comunidad la recuperación de los fondos marinos y del ecosistema, algo que según el Libro Blanco sobre el ‘Prestige’ elaborado en Asturias, requerirá de diez a quince años.

Los hosteleros reclaman

Los pescadores fueron resarcidos en su momento por las jornadas perdidas en el invierno, pero nunca se han evaluado los efectos del ‘Prestige’ –si es que los tuvo– sobre las desastrosas costeras de la anchoa o del verdel.
La factura abonada al sector pesquero fue de diez millones de euros. Los armadores recibieron 4,75 euros al día por cada tonelada de registro bruto de sus barcos; los tripulantes y mariscadores 40 euros diarios y los rederos se repartieron un total de 60.000 euros. Estas ayudas urgentes no incluían, según entonces se hizo público, las posibles indemnizaciones por los daños que pudieran reclamar posteriormente.
Hubo otros gastos que no se recogen en las cuentas, como el compromiso que obtuvieron algunos mayoristas de ser compensados por el descenso de entradas de pescado, o las desgravaciones fiscales y de Seguridad Social que consiguieron.
Los hosteleros se sienten igual de perjudicados y han hecho sus propios números. Sostienen que han perdido 18 millones de euros en la campaña turística con respecto a la recaudación del año anterior, que no fue especialmente buena, por las adversas circunstancias meteorológicas. Para saber qué parte es achacable al ‘Prestige’ establecerán una comparación con la evolución de los ingresos en las regiones turísticas que no fueron afectadas por el fuel. La diferencia, según ellos, es lo que alguien deberá compensarles.
El suma y sigue se antoja muy elevado. Por lo pronto, el dinero gastado en la región sobrepasa con mucho las expectativas del Gobierno y, por sí solo, casi agotaría toda la cobertura de la póliza de seguro que tenía el barco hundido. El Ejecutivo de José María Aznar ha calculado los daños de los mil kilómetros de costa afectados en 650 millones de euros (108.000 millones de pesetas). Pero las cuentas no van a salir. Si en otras comunidades se ha empleado en la limpieza la misma cuantía por kilómetro de costa que en Cantabria, la factura global provisional será muy superior.
Una cuantía que no parece desmesurada, por otra parte, se se tiene en cuenta que ExxonMobil tuvo que pagar mil millones de dólares por la catástrofe del ‘Exxon Valdez’ ocurrida en 1989 frente a las costas de Alaska, donde se produjo un daño ecológico, pero no resultó afectada ninguna actividad económica.
La diferencia es que en este caso no hay ninguna multinacional petrolera detrás, capaz de sufragar lo que la póliza de seguro del barco no va a cubrir. De no prosperar las reclamaciones judiciales entabladas contra la empresa propietaria del buque, o contra la clasificadora American Bureau of Shipping, que certificó sus condiciones de navegabilidad, ese dinero saldría del bolsillo de todos los españoles. Tardaremos años en dilucidar cuánto dinero llega al país y de dónde, pero parece inevitable hacerse a la idea de que correremos con una buena parte de la factura.