Cae la tercera gasolinera
En la guerra abierta contra la apertura de estaciones de servicio en los hipermercados, los empresarios de gasolineras continúan anotándose victorias legales, aunque la dificultad para ejecutar las sentencias hace que, por el momento, el fruto de todo ello sea relativo.
Tras las resoluciones judiciales que declaraban la ilegalidad, por irregularidades urbanísticas, de las gasolineras de Eroski en Valle Real y de Carrefour en Torrelavega, le ha llegado el turno a la abierta por Eroski en el centro comercial de Castro Urdiales. El Juzgado de lo Contencioso Nº 2 de Santander ha estimado el recurso interpuesto por la Asociación Regional de Empresarios de Estaciones de Servicio contra la licencia que el Ayuntamiento castreño otorgó a Eroski para la construcción de una estación de servicio, por no haber pedido un estudio de detalle y un proyecto de urbanización.
Es la segunda derrota que cosecha Eroski en Cantabria en su intento de utilizar el combustible barato como reclamo para sus centros comerciales. Y es la segunda victoria de los más directamente afectados, los propietarios de otras gasolineras, que han padecido los agresivos precios de Eroski, cuyas gasolineras no sólo se han hecho con una importante cuota de mercado, mientras han funcionado, sino que han forzado a las gasolineras próximas a bajar sustancialmente los precios para poder subsistir.
Sentencias sin ejecutar
La experiencia indica que esta sentencia, como ocurrió con las anteriores, será recurrida por Eroski, por lo que puede considerarse la primera escaramuza de un largo procedimiento judicial. E, incluso, puede llegar a no tener efectos reales, ante la renuencia de los ayuntamientos a llevar hasta sus últimas consecuencias resoluciones judiciales en las que ellos quedan en evidencia.
La solución que previsiblemente se va a dar a la gasolinera de Eroski en Valle Real, precintada por el Ayuntamiento de Camargo desde agosto de 2004, puede ilustrar el sinsentido a que pueden abocar los errores en el planeamiento urbanístico que han dado pie a estas sentencias.
Pendiente aún la ejecución del fallo que anulaba la licencia y condenaba a la demolición de la estación de servicio, se podría dar la paradoja de que una vez derruida, sea reconstruida con todas las bendiciones legales, gracias al nuevo Plan de Urbanismo de Camargo, que al calificar como ‘uso múltiple’ la zona permitiría volverla a levantar en cuanto entre en vigor. Esta circunstancia ha llevado al representante legal de los empresarios de gasolineras a presentar ante la Comisión Regional de Urbanismo alegaciones contra el nuevo PGOU de Camargo, advirtiendo que puede cometerse un fraude de ley. Sin embargo, al tratarse de una calificación que afecta a una amplia zona, no parece que ese argumento pueda prosperar.
No ocurre lo mismo con la estación de servicio de Carrefour en Torrelavega, donde el Ayuntamiento prepara una modificación puntual del Plan de Urbanismo para legalizar la gasolinera. De prosperar esta iniciativa, que ha sido recurrida también ante la CROTU, se convertiría en papel mojado la sentencia –respaldada después por el Tribunal Supremo–, que en 1997 declaraba la nulidad de la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Torrelavega y ordenaba la demolición de la estación de servicio. Con el agravante, para los empresarios que luchan contra estas grandes superficies, de que en este caso ni siquiera se ha procedido al precintado de la gasolinera.
