Autorización Ambiental Integrada:
Una empresa que reduce la energía consumida en sus procesos y que consigue generar menos residuos es más eficiente y, por tanto, más rentable. Sólo las mejores técnicas disponibles en cada momento pueden garantizar ambas cosas y, aunque el aplicarlas conlleva cuantiosas inversiones, también supone una garantía de viabilidad futura. Bajo ese prisma deberían contemplar las industrias el nuevo reto que supone la obtención de la Autorización Ambiental Integrada antes de octubre de 2007. Pero, lo consideren una oportunidad o una condena, lo cierto es que a 61 empresas cántabras no les queda más remedio que afrontar este cambio porque, de lo contrario, se presenta ante ellas un panorama desolador, con sanciones de hasta dos millones de euros y, en último caso, la clausura definitiva de sus actividades.
Esta situación es fruto de la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación, que obliga a obtener la Autorización Ambiental Integrada a las empresas con instalaciones de combustión; de producción y transformación de metales; gestión de residuos; industrias minerales; químicas; textiles; del papel, cartón o cuero; además de las grandes industrias agroalimentarias, las explotaciones ganaderas y las empresas que usen más de 200 toneladas de disolventes al año. Las ya existentes tienen de plazo hasta 2007 para obtener la autorización, mientras que las que modifiquen sus procesos o las de nueva implantación han de conseguirla antes de obtener la licencia de actividad.
Las empresas no deberían quedarse sólo con la sensación de tener una espada de damocles sobre sus cabezas, aunque es bueno que no olviden que la tienen. Lo que deberían estar haciendo ya es estudiar cuáles son las mejores técnicas disponibles para sus factorías, porque tendrán que implantarlas.
Que nadie piense que la definición de esas técnicas será lo bastante ambigua para que valga cualquier cajón de sastre. La propia Ley indica que las administraciones, de acuerdo con las organizaciones representativas de cada sector, fijarán cuáles son esas técnicas concretas y harán una guía para su correcta implantación, documentos que todavía no se han ultimado en todos los sectores. Es decir, que se seleccionarán las mejores técnicas disponibles en cada sector. Eso deja escaso margen a la discrecionalidad a las empresas y a las propias administraciones, por lo que las industrias no tendrán excusa para no implantarlas ni las administraciones para no exigirlas. Además, la Ley establece que, si con el paso del tiempo aparecen soluciones técnicas que mejoren significativamente el proceso, reduciendo la contaminación, la administración competente –en Cantabria la Dirección General de Medio Ambiente– podrá actuar de oficio y obligar a las empresas a adaptar esos procesos, siempre que el sacrificio económico sea razonable. Eso motiva que las Autorizaciones no tengan un plazo indefinido, sino que deban renovarse periódicamente.
Hasta la fecha ni se han establecido ni se estudia establecer ninguna línea de ayudas para que las empresas afronten esta situación, pero nada impide que las empresas puedan solicitar las subvenciones genéricas a la renovación del equipamiento industrial. Tampoco se establecen indemnizaciones para los casos en que la administración actúe de oficio.
Favorece a la mayoría
Martín Silván, especialista de la Cámara de Comercio en la relación entre la industria y el medio ambiente, dice que la Autorización Ambiental Integrada ha de ser contemplada por las empresas como una inversión en innovación y desarrollo y no como un mero gasto. Y arriesga un poco más al considerar que, de hecho, esta nueva exigencia favorecerá a casi todas a medio y largo plazo, a pesar de que algunas, por su situación económica coyuntural o por la madurez de su sector, puedan encontrarse ahora con un serio problema. No hay que ser muy imaginativo para ponerle nombres a unas y otras.
Tanto la Cámara de Comercio como CEOE-Cepyme están muy atentos a este proceso para concienciar a las empresas afectadas (ver cuadro) de que empiecen cuanto antes su adaptación. Parece claro que las grandes industrias vinculadas a grupos nacionales o internacionales potentes no tendrán especiales dificultades para solventar la situación. La preocupación se centra en aquellas empresas independientes o de menor tamaño, que tienen menos capacidad para afrontarlo. En ellas se detecta, además, cierta relajación. Si no despiertan, lo pueden pasar mal, aseguran quienes las conocen de cerca.
Información pública
El principio inspirador de todas estas normas es reducir la contaminación y asegurarse de que quien contamina paga. La Unión Europea, además, ha hecho mucho hincapié en garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada de lo que ocurre a su alrededor. Por eso creó el pasado año el Registro Europeo de Emisiones, que por primera vez ha permitido a los europeos conocer cuánto contaminan y qué clase de emisiones realizan las industrias de las que son vecinos. Ahora va más allá y, en el proceso de obtención de las Autorizaciones Ambientales Integradas, obliga a las empresas a elaborar un resumen comprensible de su actividad y de sus emisiones, de manera que en el período de información pública, todos los ciudadanos puedan leer y, sobre todo, entender, de qué les están hablando.
Europa: punta de lanza
En los últimos años, la avalancha de normativa medioambiental a la que han hecho frente las empresas ha sido notable. La voluntad de la Unión Europea de dotarse de instrumentos que favorezcan un desarrollo sostenible se ha plasmado en directivas de obligado cumplimiento en los países miembros, hasta el punto de que Europa se puede considerar la punta de lanza en la lucha contra la contaminación. Habrá quién se pregunte si sirve de algo cuando los países más contaminantes siguen sin suscribir el Protocolo de Kioto, pero esa es otra discusión. Tampoco es fácil saber quién será, a la larga, más competitivo.
