La CNMC pone nombre a las 12 empresas y cuatro directivos investigados en Cantabria por el presunto amaño de contratos de obra
El organismo regulador aclara que la apertura del expediente no prejuzga el resultado de la investigación y fija un plazo de hasta 24 meses para resolverla
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha puesto nombre este viernes a la investigación que desde hace meses sacude al sector de la construcción en Cantabria y cuyos primeros detalles salieron a la luz pública en los últimos días: doce empresas y cuatro directivos están ya bajo expediente sancionador por un posible reparto de licitaciones de obra civil.
Las empresas investigadas son Actividades de Seguridad Vial Cantábrico; Aglocan Servicios y Construcciones; Arruti Santander (en liquidación); Cannor Obras y Servicios de Cantabria; Construcciones y Excavaciones Aníbal; Constructora Obras Públicas San Emeterio; Cuevas Gestión de Obras; Fernández Rosillo y Cía; Global Tektia –anteriormente Excavaciones González Vega–; Palomera Obras y Proyectos; Rucecan, y Técnicos Asociados Minero Industriales.
El expediente también afecta a cuatro directivos de algunas de estas empresas, concretamente de Constructora Obras Públicas San Emeterio, Cuevas Gestión de Obras, Global Teknia Constructora y Palomera Obras y Proyectos.
Reparto de licitaciones y «ofertas ficticias»
Según ha detallado en un comunicado la CNMC, las citadas compañías supuestamente se habrían repartido diversas licitaciones de obra civil, edificación y otros servicios de construcción, convocados por diversos organismos públicos estatales, autonómicos y locales, así como por clientes privados, en la comunidad autónoma.
En concreto, habrían presentado «ofertas ficticias para concurrir de forma concertada». Según la CNMC, la manipulación de los contratos se habría realizado «mediante acuerdos e intercambios de información comercialmente sensible». Competencia ha subrayado que se trata de «prácticas contrarias» a la Ley de Defensa de la Competencia.
Sin embargo, ha aclarado que la incoación de este expediente «no prejuzga el resultado final de la investigación» y se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su resolución.
Análisis de licitaciones e inspecciones
Según ha explicado Competencia, la CNMC inició el expediente sancionador tras analizar diversas licitaciones de obra civil, edificación y otros servicios de construcción convocadas por varias consejerías del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y ayuntamientos de la comunidad.
Entre 25 y el 27 de marzo de 2025, inspeccionó las sedes de Constructora Obras Públicas San Emeterio, Palomera; Siecsa Construcción y Servicios y Técnicos Asociados Minero Industriales.
La CNMC ha señalado que una de sus «prioridades» de actuación la investigación de los cárteles por la «especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados».
Ha recordado que dispone de un Programa de Clemencia que permite a las empresas integrantes de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten su detección.
Además, a las empresas que se acojan a este programa no les sería de aplicación la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, si resultaran finalmente sancionadas.
En las horas previas a conocerse el listado definitivo de empresas afectadas, el sector optó por guardar silencio. Varias de las compañías constructoras implicadas evitaron hacer valoraciones, mientras que el Gobierno de Cantabria y la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria declinaron pronunciarse al respecto, aludiendo al desconocimiento del alcance de la investigación.
