La caza de fortunas se pone más difícil
La liquidación de los impuestos derivados de la herencia de Emilio Botín Sanz de Sautuola dio lugar a una larga batalla judicial entre la comunidad autónoma de Madrid y la de Cantabria. La primera se valía del hecho de que el financiero estaba allí empadronado para reclamar los 63 millones de euros (10.500 millones de pesetas) que los herederos acabaron por tener que ingresar a la Hacienda de Cantabria en concepto de Impuesto de Sucesiones. Cantabria sostenía que Emilio Botín residía más de 180 días al año en Santander y, por tanto, la familia podía entregar en Cantabria la liquidación del Impuesto. Por entonces todas las comunidades autónomas tenían el mismo gravamen y el costo fiscal para la familia era indiferente, aunque prefería pagar en Cantabria, y los tribunales reconocieron finalmente ese derecho. Hoy, las cosas hubiesen sido muy diferentes. Según la comunidad en la que hagan la declaración del impuesto, los herederos pueden pagar esa cuantía o prácticamente nada.
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han ido retirando en la práctica el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, al reducir el gravamen hasta en un 99% para ascendientes, descendientes y adoptados. En realidad, el Impuesto es de competencia estatal y las comunidades autónomas sólo tienen la facultad de fijar el tipo, pero gracias a ello han acabado por establecer un mapa fiscal muy distinto al que seguramente imaginó el legislador estatal.
Madrid quiere recuperar las riendas
El Gobierno se plantea ahora cómo meter en cintura a las autonomías para acabar con esta competencia fiscal, que está desplazando la residencia de las familias más ricas a aquellas comunidades donde no hay que pagar el Impuesto, entre ellas Cantabria, que lo suprimió durante el mandato del popular Martínez Sieso y lo ha mantenido así con los gobiernos de la coalición PRC-PSOE. Cantabria pensaba que, por su propia ubicación, tiene muchas posibilidades de atraer a empresarios vascos, que pueden reducir significativamente la fiscalidad que originaría su fallecimiento si trasladan a esta región su residencia fiscal y, sobre todo, a los cántabros que han hecho fortuna en México, Guatemala, Honduras y otros países del continente americano.
Cierre registral
La primera medida del Ministerio de Economía para tratar de volver a racionalizar el mapa fiscal del país y acabar con estas grandes diferencias entre autonomías ha sido modificar el régimen de lo que se conoce como ‘cierre registral’, lo que impide inscribir en el Registro de la Propiedad o en el Mercantil cualquier documento sin que se acredite previamente el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Hasta ahora era fácil. El contribuyente pagaba un impuesto ínfimo en una comunidad cualquiera de las que prácticamente lo han suprimido y con ello quedaba zanjado el asunto, pero desde diciembre el pago debe realizarse en la “Administración tributaria competente” y eso significa que cualquier otra comunidad que se sienta perjudicada (la que se considere competente) puede reclamar y requerir el cierre de la hoja registral hasta que se resuelva el conflicto. Obviamente, las comunidades interesadas en reclamar son aquellas en las que se mantiene el impuesto, como Cataluña, Extremadura o el País Vasco, dispuestas a no dejar que ninguno de sus contribuyentes, sobre todo las fortunas, huya a autonomías donde el impuesto resulta mucho más barato o casi nulo, entre ellas, Cantabria.
La posibilidad que han adquirido estas comunidades de impedir que un contribuyente que consideran propio por residencia haga la inscripción registral de cualquier documento en otro territorio, puede provocar, en tanto se resuelva la reclamación, una situación relativamente incómoda para el ciudadano afectado, dado que en un cambio de bienes la operación no queda cerrada para la fe pública hasta que se produce este hecho.
