El medio ambiente se convierte en un sector económico

Los 15.000 millones de pesetas que tiene de presupuesto la Consejería de Medio Ambiente para este año son el motor último de una actividad económica provocada por la preocupación medioambiental, desde la minimización de los residuos industriales a la recogida y reciclado de las basuras domésticas.
Detrás de la recogida de residuos urbanos e industriales, de su tratamiento, de las medidas para el control de emisiones en las industrias o de las certificaciones medioambientales ha aparecido un sector económico muy activo que en toda España está representado por algo más de mil empresas de las cuales operan en Cantabria aproximadamente un centenar, según fuentes del sector.
Las tareas medioambientales se han convertido en un nuevo terreno de juego para constructoras, ingenierías o industrias químicas. Y todos son conscientes de que es un mercado en el que queda casi todo el camino por recorrer.

Un mercado por valorar

La próxima puesta en práctica de un registro de actividades contaminantes va a permitir aflorar, con exactitud, cuál es el tamaño del problema medioambiental español y valorar los recursos que requerirá su tratamiento. Las estimaciones indican que España produce entre dos y tres millones de toneladas de residuos peligrosos, de las cuales Cantabria aportaría una cifra superior a las 30.000. Unos residuos que la nueva legislación va a tratar de reducir en origen, ya que su destino sólo puede ser un vertedero de seguridad.
Se conocen mucho mejor los datos de los residuos domésticos, dado que ayuntamientos y diputaciones llevan décadas acometiendo su retirada y en este tiempo han sistematizado la logística y han encontrado fórmulas para reutilizar una buena parte de ellos, aunque ninguna ofrece rentabilidad económica. Reciclar es bueno para el medio ambiente, porque reduce el volumen de vertidos y el consumo de materias primas, pero no es rentable, porque lo recuperado no remunera el gasto que exige su obtención. El caso de Cantabria es un buen ejemplo. A pesar del compost que se obtiene de los residuos orgánicos, de las miles de toneladas de papel y metal que se recuperan y de la electricidad que se genera a partir del gas metano que producen los residuos ya enterrados, este año la Consejería de Medio Ambiente tendrá que cubrir un déficit de explotación de la Empresa de Residuos de 29,9 millones de euros (5.000 millones de pesetas). Una buena parte de esa cantidad es la diferencia entre lo que pagan los ayuntamientos –y que repercuten a sus vecinos a través de las tasas– y el coste real del servicio de recogida y reciclado de basuras. Un gasto que se eleva aún más si se incluyen los 770.000 euros que se entregan a los municipios que acogen vertederos como compensación.

Los residuos domésticos

España genera anualmente algo más de 60 millones de toneladas de residuos municipales, de los que 41 son inertes, 19 de procedencia domiciliaria y 0,4 del mantenimiento de jardines. Aproximadamente un 65% de estos residuos acaba en vertederos controlados, un 16% se utiliza en compostaje, un 4,1% se incinera para recuperar energía, un 2,9% se recicla por otros métodos y un 0,4% se quema sin ningún aprovechamiento energético.
Los residuos urbanos se han convertido en una actividad económica tan importante como el mercado del agua, y en ella han tomado posiciones las grandes constructoras, aunque el sector en España dista de tener la relevancia económica de Holanda, Austria o Dinamarca, los tres países europeos más avanzados en la gestión de estas basuras. La diferencia es que en España está relativamente retrasada la recogida selectiva, el paso previo a un tratamiento eficaz, dado que sin la colaboración del ciudadano los costes de triaje y recuperación se disparan.
En Cantabria se produce una cierta paradoja, dado que no se ha implantado una selección en origen y, sin embargo, se creó una planta de triaje de estos residuos seleccionados. Eso ha dado como resultado, por ejemplo, que el centro creado por Amica en Candina con el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente se dedicase durante algún tiempo a seleccionar basuras vascas y, finalmente, y cuando la comunidad vecina ha creado una red suficiente para cubrir sus necesidades, la planta cántabra se viese en la necesidad de reorientar su actividad hacia la recuperación del papel.
Desde hace algunos meses, los residuos urbanos de Cantabria se seleccionan en la planta de basuras de Meruelo, a donde llegan todas mezcladas, un procedimiento que permite recuperar aproximadamente la mitad de los residuos.
Las comunidades autónomas más avanzadas en la selección y tratamiento de basuras son el propio País Vasco, Cataluña y Madrid, aunque los índices más brillantes los presenta Mallorca, que está en disposición de reciclar el 99% de los residuos.

La preocupación de las empresas

En el mundo de la empresa la sensibilidad ambiental está en plena ebullición, en parte por el convencimiento y en parte por la nueva legislación que empuja a tomar medidas correctivas cada vez más eficaces. Más del 30% de las empresas españolas van a implantar, a corto plazo, un sistema de gestión ambiental. Este dato, procedente del Informe de la Gestión Ambiental en la Empresa Española, confirma los esfuerzos que se están haciendo en favor del desarrollo sostenible.
En estos momentos, ya hay casi 40 empresas cántabras con certificación medioambiental y al menos una decena más está en proceso de obtenerla. En ese grupo escogido están gran parte de las fábricas de la región, lo que da fe de su interés por conseguir el mayor control medioambiental posible de su actividad.
Uno de los ejemplos más recientes es el de Textil Santanderina, que ha reducido sustancialmente sus emisiones de SO2 y CO al sustituir el fuel oil por el gas.
No obstante, las empresas no siempre encuentran la forma de dar solución a sus problemas. Una muestra de ello ha sido la imposibilidad de crear vertederos industriales donde depositar los residuos, convenientemente tratados, que producen y que en muchos casos es necesario llevar a otras comunidades. Está muy fresco el problema suscitado por los terrenos contaminados de Nueva Montaña donde se van a construir las viviendas sociales de Santander y que probablemente tendrán que ser llevados fuera de la región, como también ha ocurrido con el fuel recogido del ‘Prestige”.
Tampoco resulta sencillo deshacerse de otros residuos inertes menos conflictivos y la prueba está en las grandes dificultades que ha tenido la Consejería para poner en práctica su plan de escombreras, que ha chocado contra la oposición vecinal en unos caso y la de los tribunales en otros. Son obstáculos que quedan por salvar en un proceso ya imparable destinado a convivir con el medio ambiente. Lo contrario significará, antes o después, desaparecer.