El sector de la construcción cántabro guarda silencio ante el expediente de la CNMC por un posible reparto de licitaciones públicas

El expediente abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a más de una decena de constructoras cántabras por presuntas prácticas prohibidas ha sumido al sector en un silencio casi absoluto. Las empresas afectadas evitan, por el momento, hacer valoraciones públicas mientras el organismo regulador aún no ha revelado el alcance de la investigación, que se remonta a las inspecciones realizadas hace un año en sedes de compañías del sector.

Varias de las constructoras cántabras a las que la CNMC ha abierto expediente sancionador por un posible reparto de las licitaciones públicas han declinado pronunciarse sobre el procedimiento hasta conocer cómo evolucionan las actuaciones del organismo regulador. Y es que la CNMC aún no ha hecho públicos ni el nombre ni el número de las empresas expedientadas. No obstante, según ha publicado El Diario Montañés, serían al menos una docena las sociedades que figuran en el expediente.

A su vez, según adelantó Onda Cero, cuatro empresarios del sector estarían siendo investigados a título personal por un posible reparto de licitaciones de obra pública. De confirmarse estas conductas, podrían enfrentarse a sanciones de hasta 60.000 euros.

Tampoco desde la Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria han querido realizar valoraciones. Fuentes de este departamento han señalado que se trata de una investigación en la que el Ejecutivo regional no participa y de la que, por el momento, conocen únicamente la información publicada en los medios de comunicación. Varias de las constructoras señaladas mantienen contratos con distintas administraciones públicas de la comunidad autónoma.

En la misma línea se ha pronunciado la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria, que tampoco ha querido entrar a valorar el asunto, ya que no conoce ni el contenido ni el alcance de la investigación ni las acusaciones concretas que podrían afectar a cada empresa.

El que hasta ahora ha sido presidente de la asociación, Javier Palomera, presentó formalmente su cese en la última reunión de la Junta Directiva, justo antes de que medios regionales anunciaran que varias constructoras y empresarios del sector estaban siendo investigados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por prácticas prohibidas.

Según manifestó la asociación, Palomera, que según lo publicado por Onda Cero sería uno de los empresarios investigados a título personal por el reparto de licitaciones de obra pública, presentó su dimisión «de manera libre, consciente y responsable», y con el único propósito de «preservar el buen funcionamiento de la asociación, garantizando que la actividad ordinaria, la representación institucional y la continuidad de los proyectos en curso no se vean perjudicados por su imposibilidad sobrevenida de dedicar al cargo la atención y disponibilidad que exige».

A partir de ahora, será la vicepresidencia de la entidad quien asuma interinamente las funciones de la Presidencia, que recaen conjuntamente en Juan de Miguel García (SIEC), Gervasio Pinta (Construcciones Pinta) y José Ángel Agudo (Rocacero).

Desde la asociación han explicado que tras la dimisión de Palomera se iniciará un nuevo proceso para elegir al nuevo presidente. La cuestión se abordará en la próxima Junta Rectora, prevista para abril, y, después en una Asamblea General en mayo, con la que se abriría este proceso.

Desde la CNMC no han concretado, por ahora, ni el nombre ni el número de las constructoras a las que se ha abierto expediente y tampoco las causas concretas hasta que no culmine el procedimiento reglado en este tipo de casos y todas las partes implicadas estén notificadas.

En abril de 2025, Competencia informó de la investigación de un posible reparto en diversas licitaciones de obra civil, edificación y otros servicios de construcción en Cantabria convocadas por organismos públicos nacionales, autonómicos y/o locales. Para ello, entre el 25 y el 27 de marzo de ese año, inspeccionó las sedes de varias compañías del sector, aunque sin ofrecer ningún tipo de datos acerca de cuáles se trataba.

En ese momento, matizó que estas inspecciones suponían un paso previo al posible inicio de un expediente sancionador y no prejuzgaban el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas afectadas. Según indicó entonces, los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la normativa de competencia (LDC), que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas. Señaló que la investigación de los cárteles es una de sus prioridades de actuación por la gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el funcionamiento de los mercados.