Sodercan se asfixia financieramente
El consejo de Sodercan aprobó en noviembre una reducción de capital para absorber las pérdidas de sus participaciones empresariales. El capital se redujo de 19,7 millones de euros a 6,8 y, aunque la empresa ha procedido a una ampliación posterior, a la que únicamente ha acudido un accionista –el Gobierno–, la recapitalización ha sido muy modesta, de apenas 2,8 millones de euros.
Como resultado de esta operación acordeón, Sodercan cuenta ahora con un capital de 9,6 millones, muy escaso si se compara con la abultada cartera de créditos y avales que tiene concedidos a empresas de la región.
Con unos recursos propios muy menguados, la empresa ha de atender compromisos cada vez mayores, y muchos de ellos desbordan el 15% de concentración del riesgo que fue fijado como tope en los estatutos de la compañía al ser creada, en 1984. Como en cualquier otra sociedad de promoción regional, se entendía que concentrar más créditos o avales en una sola empresa podía poner en peligro la continuidad de Sodercan si por algún motivo no llegaba a recuperarlos. El anterior Gobierno no atendió a esta cautela al invertir en GFB y eso ha sido insistentemente criticado por el Gabinete de Ignacio Diego que, no obstante, ahora ha incurrido varias veces en esta misma circunstancia.
Uno de los casos más recientes es el de Bravo Enterprises. La empresa fundada por el toledano Alfonso Bravo, y que desde hacía una década estaba controlada por Corpfin Capital, iba a pasar a finales del pasado año a manos de un nuevo accionista, el Grupo ACE Boroa, una circunstancia estipulada como causa de amortización anticipada del préstamo que le había concedido Sodercan en 2008.
El crédito, de 3,55 millones de euros, excede ampliamente del 15% de los recursos propios de Sodercan, que al finalizar 2012 eran ya de solo 12,2 millones de euros, por lo cual tuvo que ser el propio Gobierno cántabro el que aprobase la operación, aunque finalmente no se materializó la venta a ACE.
En el filo de la navaja
Sodercan mantiene en estos momentos un riesgo de 4,05 millones de euros en el Grupo Bravo, un importe que casi equivale a la mitad de su capital social, y no es, ni mucho menos, el único. La empresa regional hace mucho tiempo que no explicita todos los compromisos que ha aceptado, pero varios de ellos han acabado por hacerse públicos, como los 12 millones de euros que ha concedido en avales y préstamos a Nestor Martin; los 3,7 millones que ha invertido en la fábrica de Tubacex o los 1,2 aportados a Santander Coated, que levantará una planta de material siderúrgico en el Puerto. Otra empresa extranjera, el grupo Andros, aún tiene pendientes de cobrar 5 millones del Gobierno por su inversión en Iguña.
Solo con los riesgos en este ramillete de empresas la inversión de Sodercan ya supera en varias veces sus recursos propios. Quizá para evitar males mayores, hace algún tiempo que el Gobierno está utilizando como vehículo inversor el Instituto Cántabro de Finanzas, donde la transparencia es aún menor.
Sodercan se ha quedado sin aire para cualquier política de promoción económica que suponga nuevas inversiones y con la única perspectiva de invernar en lo que queda de legislatura, siempre que no se produzca un fallido –y no cabe descartarlo, a la vista de cómo está Nestor Martin–, lo que colocaría a la empresa pública cántabra contra las cuerdas.
