El nuevo plan territorial de Cantabria acota los eólicos a Campoo-Los Valles y a la zona oriental

El Gobierno de Cantabria ha culminado la redacción de un nuevo Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) que limitará la implantación de parques eólicos a las áreas de Campoo-Los Valles y la zona oriental de la comunidad, estableciendo una amplia zona de exclusión en el resto del territorio. Hasta que el documento sea aprobado definitivamente, el Ejecutivo autonómico informará desfavorablemente de todos los proyectos que se planteen fuera de estos ámbitos.

El texto, presentado este lunes por el consejero de Ordenación del Territorio, Roberto Media, aspira a convertirse en el marco que ordene el desarrollo territorial de Cantabria durante las próximas décadas, con criterios comunes en materia de vivienda, infraestructuras, industria, energía, turismo, conectividad digital y protección del medio natural.

De esta forma, establecerá un «marco general», que detallará los objetivos territoriales comunes, las piezas estratégicas de la región y los criterios que deben respetar los planes, programas y proyectos que tengan impacto territorial. Por ello, el PROT tendrá «carácter prevalente» sobre el resto de instrumentos territoriales, como el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y otras legislaciones sectoriales, que pasan a considerarse Planes Territoriales Parciales (carreteras, suelo, energía, etcétera).

No obstante, su entrada en vigor no será inmediata, ya que el plan deberá superar ahora su tramitación parlamentaria en un contexto en el que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga está en minoría, lo que le obligará a recabar apoyos para sacarlo adelante. La elaboración de este instrumento de ordenación llega tras más de dos décadas de intentos fallidos. Cantabria no ha logrado aprobar un plan regional de ordenación territorial en lo que va de siglo, pese a los distintos borradores y procesos iniciados por anteriores gobiernos tanto del PP como de los bipartitos PRC-PSOE.

El PROT que propone el actual Ejecutivo popular dividirá Cantabria en dos dominios, Costero y Valles Interiores -que reconocen que «no todos los territorios tienen las mismas dinámicas ni las mismas capacidades»-, y siete áreas funcionales: Liébana, Saja Nansa, Besaya, Valles Pasiegos, Campoo-Los Valles, Bahía de Santander y Área Oriental.

En cada una de las áreas funcionales se han estudiado tres ámbitos: el entorno urbano (poblaciones, equipamientos y áreas de actividad); la articulación territorial (infraestructuras de transporte, energía y comunicaciones); y medio natural.

En el ámbito del medio natural, el PROT contempla la creación de una Red de Infraestructura Verde y Azul (RIVA), una iniciativa ideada por el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IHCantabria), que busca garantizar que el crecimiento y la actividad económica «sean compatibles» con la protección del paisaje y de los recursos naturales.

Además, potenciará las Áreas de Desarrollo Rural para implantar actividades vinculadas a la fijación de población en el medio rural y desvincularse de la colindancia con el núcleo, si su entorno tiene muy alta capacidad agrológica. También permite su delimitación en el entorno de los barrios (tres o más viviendas rurales consolidadas).

Por otro lado, recoge crear las Áreas de Desarrollo Económico Rural como una herramienta específica para los municipios en riesgo de despoblación. Estas áreas (no mayores de una hectárea y con capacidad de edificación máxima de 1.000 metros cuadrados) permiten localizar actividades económicas adaptadas al entorno rural, sin necesidad de ser colindantes con el núcleo, generando empleo cercano y estable. Su importancia radica en que vinculan el desarrollo económico y la fijación de población, reforzando la viabilidad a largo plazo de los municipios más frágiles.

Asimismo, reconoce la implantación de modalidades alojativas singulares que, por su propia naturaleza, deben localizarse en suelo rústico. Esta regulación aporta criterios claros y evita usos encubiertos, garantizando que estas actividades turísticas sean compatibles con el paisaje, el medio natural y el modelo territorial definido.

El consejero ha defendido que el PROT «no pretende decidir la vida de cada municipio, sino asegurar que lo que se haga en cada lugar encaje en un proyecto regional compartido, en el que cada cántabro pueda sentirse identificado». Cuando existan conflictos de intereses, su interpretación corresponderá a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), que trabajará en base a un principio de cautela: «si hay varias interpretaciones posibles, debe elegirse la que mejor proteja los valores del territorio», ha explicado Media.

El PROT tendrá vigencia indefinida, pero podrá revisarse si cambian de forma sustancial las circunstancias económicas, sociales o ambientales. Por ejemplo, si un plan estatal altera el modelo territorial o por el transcurso del tiempo previsto en la propia ley. El documento se compone de memoria de información, memoria de ordenación, cartografía y una normativa estructurada en ocho títulos, además de disposiciones adicionales, transitorias, una disposición derogatoria y dos finales y dos anexos técnicos.

Plazos

Desde este lunes, se inicia un proceso «todavía largo, pero esperamos que fructífero», ha recalcado Media, que ha deseado que finalmente el PROT sea aprobado «con el máximo consenso posible, porque eso será bueno para todos».

El documento ya ha sido remitido a las Confederaciones Hidrográficas del Duero, Ebro y Cantábrico; la Demarcación de Costas; la Demarcación de Carreteras del Estado; el Ministerio de Transportes (sector ferroviario y aviación civil); el Ministerio para la Transformación Digital (telecomunicaciones); Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Santander; Delegación de Gobierno; Delegación de Defensa; las 9 Secretarías Generales del Gobierno de Cantabria; y las 47 Direcciones Generales.

Todas las indicaciones que se reciban en los informes derivados de este proceso de consultas a las distintas administraciones, en el ámbito de las competencias que a cada uno le correspondan, serán incorporadas al documento para proceder a su aprobación inicial por parte de la CROTU.

A partir de ese momento, el Plan se publicará en el portal institucional y se someterá a información pública durante un plazo de 45 días, acompañado del correspondiente documento ambiental estratégico. Después, tras la evaluación de las alegaciones y la obtención de la Declaración Ambiental Estratégica, será aprobado provisionalmente por la CROTU, y el Plan Regional de Ordenación Territorial avanzará hacia su aprobación definitiva, en forma de proyecto de Ley, que el Gobierno de Cantabria remitirá al Parlamento para su tramitación.

Más de dos décadas

Media ha destacado que desde 2001 se han llevado a cabo diferentes «intentos fallidos» de elaboración del Plan Regional de Ordenación Territorial, como ocurrió durante las legislaturas 2015-19 y 2019-23, con proyectos distintos que no llegaron a aprobarse inicialmente.

Sin embargo, ha confiado en que, en esta ocasión, el PROT será «capaz de llegar al final de la meta con el máximo consenso, porque en nuestro ánimo ha estado conseguir un documento para todos los cántabros». Ha asegurado que el Ejecutivo ha apostado por la «máxima transparencia», a través de un proceso de consulta pública iniciado en abril de 2024, al que se presentaron «cerca de 200 sugerencias» para tener el documento «más participativo y plural posible».

Media ha afirmado que «la ambición es clara» por parte del Gobierno regional, que busca la igualdad de oportunidades entre el Dominio Costero y los Valles Interiores; que la costa siga «siendo motor sin perder identidad»; que la inversión pública sea «coherente» y que la protección del medio natural y el paisaje tenga «reglas claras». Durante la presentación, Media ha estado acompañado por acompañado el director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Víctor Gil, y la subdirectora general de Planificación Territorial y del Paisaje, Marta Barca.