El Gobierno plantea subir el SMI hasta los 1.221 euros al mes y que no tribute IRPF

El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF, al tiempo que se ha comprometido a empezar a estudiar «seriamente» reglas de «relajación» de la Ley de Desindexación en los contratos públicos.

Esta cuantía de 1.221 euros mensuales, que se aplicaría con efectos retroactivos desde el 1 de enero una vez aprobada, supone 37 euros al mes más que los actuales 1.184 euros mensuales y coincide con una de las dos opciones planteadas por el Comité de Expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI, que había sugerido para este año un aumento del 3,1% si el salario mínimo seguía sin tributar en el IRPF o del 4,7% si pasaba a tributar.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que ha indicado que se ha consensuado con Hacienda que el SMI no tribute tampoco en 2026, ha afirmado que CCOO, UGT, CEOE y Cepyme estudiarán ahora esta propuesta que se les ha trasladado en una reunión que ha arrancado a primera hora de este miércoles. De momento, el ‘número dos’ de Trabajo no ha recibido de su parte ni un sí ni un no a su propuesta, pero, a su juicio, el resultado de la reunión de hoy es «esperanzador».

En el encuentro de este miércoles no se ha abordado la reforma de las reglas de compensación y absorción salarial, que iría en otro decreto distinto, según ha precisado Pérez Rey.

Lo que sí se ha tratado son las reglas de indexación en los contratos públicos, con la idea de «relajarlas» para que se puedan trasladar a los precios de los contratos públicos las subidas del SMI, una demanda histórica de la patronal, pero que también respaldan CCOO y UGT y el propio Ministerio de Trabajo.

«No tiene mucha lógica que las subidas del salario mínimo interprofesional no puedan ajustar los precios de licitación en los contratos, es decir, que sectores muy importantes para la economía del país, sectores auxiliares como la limpieza o la seguridad privada, que esas empresas tengan la capacidad de trasladar al precio de los contratos públicos algunas de las subidas laborales. Digo algunas, no en términos generales. Esto es algo que nos vienen reclamando los interlocutores sociales de manera unánime», ha explicado Pérez Rey.

También es una medida apoyada por Trabajo, que ha defendido «reiteradamente» ver si dentro del marco fiscal, tributario y laboral se pueden incorporar también reglas de afectación y relajación del impacto salarial en la contratación pública, una idea que en el pasado ha chocado contra el muro del Ministerio de Hacienda.

En esta línea, el secretario de Estado ha recordado que el Ministerio está trabajando en la transposición de la Directiva Europea de Salarios Mínimos que, en al menos dos de sus pasajes, obliga a los Estados miembros a prever reglas de traslación de las subidas de los salarios mínimos a la contratación pública.

«Por lo tanto, no es tanto un tema de oportunidad política o de oportunidad jurídica, sino casi una obligación derivada de una directiva que ha sido salvada casi en su integridad por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en ningún caso se ha cuestionado esa parte que tiene que ver con la desindexación o con la traslación a los precios de la contratación pública de los salarios», ha subrayado.

Por ello, el ‘número dos’ de Trabajo se ha comprometido a explorar con los otros ministerios competentes y a la mayor brevedad posible un acuerdo «para relajar las reglas de desindenxación en algunos casos de condiciones de trabajo», ha precisado.

¿Un acuerdo con la CEOE dentro?

Los órganos de dirección de los agentes sociales tendrán que valorar ahora si apoyan la propuesta del Gobierno, que se apoya en las dos patas mencionadas: una subida del 3,1% del SMI, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, sin tributación en el IRPF, y cambios en las reglas de desindexación en los contratos públicos.

Aunque «no puede hablar por la patronal», Pérez Rey entiende que si ésta ha decidido consultar a sus órganos internos, «será porque con estos dos elementos encima de la mesa, tanto la tributación como la posible desindexación, podrían estar de acuerdo en que el salario mínimo interprofesional de 2026 se sitúe en unos términos en los que no pierda poder adquisitivo».

«Confío en que así sea. Desde luego el tono de la mesa ha sido muy constructivo y, obviamente, no puedo saber si los órganos darán el ‘ok’ definitivo a esta propuesta, pero espero que así pueda ser», ha subrayado.

Sobre si esta reforma en la Ley de Desindexación obligaría a hacer un Real Decreto-Ley en lugar de sólo un Real Decreto, Pérez Rey ha apuntado que hay que verlo «con más calma», pues «hay muchas maneras de llevar a cabo esta adaptación de la Ley de Desindexación».

«Obviamente, si entendiéramos que esto es posible y que se puede llevar a cabo, no descartaríamos que pudiera ser en un futuro, y no necesariamente elevaría el rango de todo lo demás, sino que podría hacerse por otra vía parlamentaria. Si consiguiéramos este efecto, intentaríamos que se hiciera por la vía jurídica, normativa y de rango normativo adecuado», ha precisado.