Política de banquillos

El clima económico ha contagiado al político e incluso al judicial. En pocas ocasiones se ha juntado tal número de conflictos en Cantabria. Después de nada menos que tres comisiones parlamentarias de investigación, de haber sido juzgado el expresidente de la CEOE, que ha sido absuelto de los cargos que se le imputaban por la quiebra de la constructora Socueva, y de que pasara por los banquillos el exconsejero de Cultura, Francisco Javier Marcano, denunciado por los actuales gestores de Cantur por la construcción sin licencia de la Casa de los Gorilas, en Cabárceno, quedan en espera varios juicios más, dentro de un rosario de pleitos del que no se libra ni el propio Gobierno.
En una situación de la que no hay precedentes en esta comunidad autónoma, el Ejecutivo nacional ha planteado la inconstitucionalidad de tres leyes recientes promovidas por el Gobierno de Ignacio Diego, la Ley Antifraking, sobre la que ya existían notorias dudas, y otras dos de las que nadie sospechó un posible conflicto de competencias, la Ley de Cooperativas y la Ley Eólica que borra todo vestigio del reparto de potencia realizado por el Gobierno anterior, para empezar de nuevo el proceso, con criterios totalmente distintos y que, a tenor del recurso de los abogados del Estado, pueden no ser legales.
En otra circunstancias, quizá se hubiese alzado alguna voz asegurando que se trata de una persecución política contra el Ejecutivo cántabro pero en este caso ambos gobiernos están en manos del PP. Igual de desconcertante es que, según los abogados del Estado, las tres leyes pueden vulnerar la Constitución, cuando han pasado sin objeciones por los servicios jurídicos del Gobierno regional, que informan sobre su compatibilidad con el resto del corpus legislativo.
El caso más conflictivo es, sin ninguna duda, la Ley Antifraking, pero más consecuencias aún puede traer el contencioso contra la nueva legislación eólica de Cantabria, puesto que pone en duda el criterio que han utilizado tanto el Gobierno como el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para desacreditar el reparto anterior, la ineludible necesidad del Plan Energético Regional (Plenercan) como marco legal para cualquier asignación de potencia.
De hecho, la reacción del Estado puede ser un argumento en favor de los cinco grupos eólicos que han recurrido al Supremo el fallo del TSJ cántabro. Si el alto tribunal les da la razón, habría que dar por bueno el concurso de asignación de zonas que se realizó hace cuatro años. En el peor de los casos, todos estos grupos tendrían que ser indemnizados, una posibilidad cada vez más evidente.
Si el Gobierno está metido en pleitos, el resto de la clase política no está mejor. La situación general ha llegado a extremos desconocidos, y eso es mucho decir en una región como Cantabria, proclive a acudir a los tribunales y donde un presidente regional fue depuesto por vía judicial.
El Gobierno ha utilizado los tribunales como el camino habitual para tratar de deshacerse de alguno de los personajes más conspicuos de la oposición y ha logrado sentar en el banquillo a varios exconsejeros, aunque por el momento no lo ha conseguido con Miguel Ángel Revilla, su principal rival en las próximas elecciones. Sabe que un Revilla condenado sería su mejor baza electoral para conservar una mayoría absoluta que tiene muy difícil repetir, según todas las encuestas.
Estos son algunos de los litigios que circulan por los juzgados en los que están implicados los políticos o las empresas cántabras más relevantes:

Caso Casa de los Gorilas.- Querella presentada por el Partido Popular contra el exconsejero Francisco Javier Marcano y el exdirector general de la empresa por construirla sin licencia ni concurrencia de licitadores. El asunto empezó a tomar una dirección inesperada cuando varios técnicos aseguraron en la vista que ninguna obra de Cabárceno se ha hecho con licencia, lo que fue inmediatamente desmentido por el Gobierno, al mostrar documentos de dos legalizaciones de lo construido. No obstante, en el recinto hay alrededor de treinta instalaciones y no parece que todas ellas hayan obtenido la licencia municipal.

Caso de los cuadros desaparecidos.­– A poco de tomar posesión, el Gobierno se dirigió a la opinión pública con enorme escándalo asegurando que faltaban centenares de obras de arte y el propio presidente regional señalaba las marcas de cuadros y alcayatas desnudas que había en el despacho que heredaba. Revilla demostró que se trataba de dibujos infantiles y recuerdos personales y el Juzgado ha exonerado de culpas al publicista Sergio Vélez, en cuyos almacenes aparecieron unas 80 obras de arte, al señalar que era un mero depositario por cuenta del Gobierno.

Marcano contra Diego.– El exconsejero ha reaccionado a la campaña de denuncias contra él con una querella contra el presidente regional por posibles delitos de calumnias e injurias verbales con publicidad. Diego le vinculó con una supuesta trama de cobros ilegales en la adjudicación de una obra en el Campus Comillas basándose en unas diligencias que el Juzgado de Medio Cudeyo ya había archivado, al considerar que la denuncia no tenía fundamento.

El caso del Pabellón y las piscinas cubiertas de Requejada.– El alcalde de Polanco (PP), varios concejales y técnicos se tendrán que sentar en el banquillo por la denuncia presentada por el grupo municipal socialista por un modificado realizado para acabar el edificio, tras ser abandonado a medio hacer por la constructora que se adjudicó las obras, que había concurrido con una baja temeraria.

Caso Racing.– Tras la comisión de investigación, la empresa pública Cantur presentó una querella contra los exconsejeros Angel Agudo (PSOE), Francisco Javier López Marcano (PRC), el exdirector general del Instituto Cántabro de Finanzas, Luis Egusquiza, y el copropietario de Dumviro Ventures, Jacobo Montalvo. Se les acusa de que, en la transacción, el sector público cántabro perdió alrededor de 1,5 millones, ya que el crédito participativo no se transmitió por el valor nominal. Los afectados argumentaron en la Comisión que un crédito participativo no es un crédito ordinario y vale lo que vale la empresa en ese momento, que era bastante menos. Posteriormente, se perdieron otros 4,5 millones, que según el PP fue por no estar bien garantizados y según los denunciados por la tardía y errónea vía que utilizaron los populares para reclamar el dinero a Alí.
A su vez, la asociación de exjugadores del Racing tiene planteadas denuncias contra los anteriores presidentes del equipo, Francisco Pernía y Ángel Lavín por gestión fraudulenta.

Caso Socueva.– El expresidente de la CEOE cántabra también ha tenido que sentarse en el banquillo por la quiebra de su empresa familiar hace trece años. Los jueces le han eximido, como al resto de los administradores de la compañía, de los cargos que se le imputaban.

Casos GFB.– Querella presentada por el Partido Popular contra los gestores de Sodercan durante el anterior Gobierno PSOE-PRC por pagar por la maquinaria una cuantía superior al valor de mercado. Ha sido desestimada por el juez, aunque en la sentencia ha hecho consideraciones muy duras sobre la gestión.
El juzgado mantiene viva otra causa en la que tendrá que pronunciarse por la decisión de los gestores de GFB y de Sodercan de mantener los contratos en una empresa que no tenía actividad para evitar perder las ayudas públicas que habían recibido por formalizarlos.

Caso marido de Cospedal.– Liberbank paga casi 80.000 euros anuales a Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, a través de su filial cántabra Bancantabria por asesoramientos. CC OO, que descubrió estos pagos y los denunció, aseguraba que no se corresponden con ningún tipo de trabajo, pero el fiscal ha dado por buena la versión de Liberbank, que existía un contrato y que se trata de informes “verbales”. No obstante, un periódico digital de Madrid ha desvelado unas grabaciones en las que un directivo de la entidad reconoce que el contrato fue fabricado a posteriori, alterando la fecha, para justificar los pagos.

Caso Preferentes.– En los juzgados de Cantabria se instruyen nada menos que 1.700 procedimientos contra bancos y cajas por la venta de preferentes, lo que ha colapsado al que se creó exclusivamente con este fin. Por el momento, hay 209 acuerdos entre las partes y 175 sentencias, casi siempre a favor de los demandantes.

Escándalo en la Oficina de Extensión Agraria de Ontaneda.– El jefe de la oficina es juzgado por extorsionar a numerosos ganaderos de la zona a los que cobraba importantes mordidas por tramitaciones que son totalmente gratuitas.

Cantera de Escobedo.– El conflicto entre una filial del grupo Ascan-Sadisa y la Junta Vecinal como consecuencia de los impagos por el alquiler de la cantera ha acabado por afectar al director general de industria. El Juzgado ha admitido una querella en su contra por agilizar la tramitación de una expropiación de los terrenos en favor de la empresa.

Sancho Michell contra Diego.– El presidente cántabro aseguró en una entrevista radiofónica que Michell, diputado de Foro Asturias y antiguo relaciones públicas del Racing, había sido expulsado del PP por “traición e indignidad”, cuando en realidad había pedido la baja, y afirmó que cobraba una cantidad muy relevante en el Racing, que se demostró incierta. No obstante, el TSC consideró que esas manifestaciones no podían considerarse injurias ni calumnias. Michell recurrió pero el Supremo ha ratificado el archivo de la demanda.

Caso Puerto de Laredo.– Las dos constructoras adjudicatarias de la construcción y la explotación (FCC y Ascan) reclamaron que el Gobierno regional se hicieran cargo de los enormes sobrecostes de la obra que han hundido su posible viabilidad. Los tribunales no les dieron la razón, pero la sentencia está recurrida.

La siega del jardín del alcalde.– El Grupo Popular de Puente Viesgo ha denunciado al alcalde, el regionalista Rafael Lombilla, por prevaricación y malversación y ha pedido su dimisión por haber autorizado que un empleado municipal segase el césped de su casa utilizando maquinaria del ayuntamiento.

Todos contra todos en Castro.– Las actuaciones del juez Acayro han dado lugar a que la mitad de las corporaciones municipales anteriores estén procesadas por distintos delitos. También han sido implicados varios constructores. Uno de ellos, Jon Loroño, ha reaccionado a su vez con una querella contra el propio Acayro por haber remitido un informe pericial que no había sido solicitado en un caso que le afectaba.

El PSOE contra el alcalde de Cayón.– Los socialistas han presentado una querella contra Gastón Gómez en la que aportan 42 informes de la Intervención en contra de pagos realizados sin crédito presupuestario ni expediente previo de contratación y por anomalías en la selección de personal.

El Ayuntamiento de Riotuerto contra el anterior alcalde.– El actual equipo del PP acusa al regionalista Alfredo Madrazo, a sus tres tenientes de alcalde y al exarquitecto municipal de no haber tramitado la licencia de obras para la remodelación y cubrición de la bolera de La Cavada.

El caso de la dirección del Mundial de Vela.– El expresidente de la Federación española de Vela, Gerardo Pombo, y el del Marítimo de Santander, Pedro Labat, que fue su vicepresidente, han sido condenados por pactar el autocontrato de Pombo para dirigir el Mundial de Santander. A su vez, Pombo ha presentado una querella contra el actual director y principal testigo. Labat es, a su vez, secretario del consejo de administración de la mayoría de las empresas públicas de Cantabria, tanto las regionales como las del Ayuntamiento de Santander.

Denuncias varias en Santoña.– La concejala no adscrita de Santoña Nanda Linares ha presentado una querella criminal contra la alcaldesa, la popular Milagros Rozadilla por presunta prevaricación, al retirarle el derecho a voto y las dietas por asistir a las comisiones informativas. Por su parte, la alcaldesa ha informado de su intención de querellarse contra la anterior titular, la socialista Puerto Gallego, por el fraccionamiento de varios contratos para su adjudicación directa.

El caso del juez Elpidio Silva.– Incluso el caso del polémico juez pasa por Cantabria, porque Miguel Angel Revilla ha conseguido a través de las redes sociales que se presenten 181.000 firmas en favor del magistrado que envió por dos veces a la cárcel a Miguel Blesa y que ahora corre el riesgo de ser inhabilitado.