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El Gobierno cambia el sistema de reparto de las obras municipales

Además de la población, tendrá en cuenta la extensión territorial

La obra pública vuelve a los municipios. El Gobierno regional va a subvencionar con 27 millones de euros 177 obras, en las que por primera vez se utiliza un nuevo sistema de reparto. El nuevo Plan de Inversiones Locales pretende ser más equitativo, al tener en cuenta, además del número de vecinos, la extensión del municipio, para que el sistema de tramos no provoque, como hasta ahora, que un ayuntamiento con pocos más habitantes que otro reciba el doble de inversión.


En la definición de un nuevo modelo de financiación autonómica, Cantabria pugna porque el reparto de los recursos se haga teniendo en cuenta el coste de prestación de los servicios en cada comunidad. Costes que son lógicamente mayores en regiones con una complicada orografía y núcleos de población dispersos. Y, en un ejercicio de coherencia, la Consejería de Obras Públicas ha aplicado algunos de esos criterios en el nuevo Plan de Inversiones Locales.

Por primera vez, el reparto de ayudas para obras municipales tendrá en cuenta, además del número de vecinos, la extensión del término y la dispersión de la población en diferentes núcleos vecinales.

Hasta ahora, una ligerísima diferencia en el número de habitantes entre dos ayuntamientos podía suponer que uno percibiese el doble de inversión que el otro. Así, Bareyo, con 2.016 habitantes, recibió en la convocatoria de la pasada legislatura 600.000 euros de subvención para obras municipales, mientras que Penagos, al que le faltaban solo tres vecinos para llegar a los 2.000, solo recibió 300.000 euros. Eran las consecuencias de un sistema de baremación que fijaba las cantidades en función de los tramos de población.

El nuevo Plan, al que el Gobierno regional ha destinado 26,7 millones de euros, hace una distribución más equitativa, al considerar también la extensión de cada ayuntamiento.

Más transparencia

Proyecto de edificio multiusos que se construirá en Ajo (Bareyo).

No es el único cambio que el Gobierno cántabro ha introducido en el Plan de Obras Municipales para 2018. En otro ejercicio de realismo, también se ha reducido el umbral mínimo de las subvenciones. Los 300.000 euros a los que podían aspirar hasta los ayuntamientos más pequeños se han rebajado a 100.000. A partir de ahí, las ayudas se conceden por tramos que, según la nueva ponderación de habitantes y territorio, van subiendo progresivamente hasta alcanzar el millón de euros. Así se adecúan las ayudas –que cubren el 70% del coste de la obra– a la capacidad real de los ayuntamientos, que deben aportar el otro 30%. “Estas correcciones tratan de lograr una distribución más justa y más adaptada a las necesidades de los ayuntamientos y a sus presupuestos”, justifica el consejero de Obras Públicas, José María Mazón.

El presupuesto mínimo de la obra para la que se solicite subvención debe ser de 60.000 euros, aunque se puede llegar a esta cantidad agrupando hasta tres proyectos, que es el máximo de los que se pueden presentar. De esta forma se agiliza la gestión, aumenta la transparencia y se aumentan los controles sobre la obras, que ya no pueden ser adjudicadas directamente por los ayuntamientos, al tratarse de una cuantía que exige un procedimiento abierto y la publicación en el BOC. Además, los proyectos han de estar visados por el Colegio correspondiente, una exigencia que también supone una novedad en esta convocatoria.

Un ejemplo de esta agrupación de obras en un solo proyecto es la propuesta del Ayuntamiento de Santander para asfaltar 32 calles, que ha recibido la máxima ayuda concedida por el Plan de Obras Municipales, un millón de euros.

También han recibido importantes ayudas Torrelavega (800.000 euros), Castro Urdiales, Camargo y Piélagos (600.000 cada uno) o Astillero (500.000). Entre los que han recibido menos se encuentran Anievas y Saro, con 125.000 euros cada uno.

De los 102 municipios de Cantabria, 93 tendrán subvenciones, prácticamente la totalidad de los que lo han solicitado. Tan solo han quedado fuera nueve pequeños ayuntamientos que no han presentado ningún proyecto (Luena, Pesquera, Riotuerto, Ruiloba, San Miguel de Aguayo, Santiurde de Reinosa, Villafufre, Tresviso y Valle de Villaverde), a los que se les podrá ayudar por otro camino distinto, el de las obras municipales que realiza directamente la Consejería.

Criterios objetivos

Otra novedad sustancial de este nuevo Plan de Obras Municipales es la eliminación de los criterios de necesidad o utilidad del proyecto a la hora de conceder la subvención, para dejar tan solo los criterios objetivos, es decir, si cumplen los requisitos formales y si su finalidad tiene que ver con la obra pública (alumbrado, pavimentación de vías o de parques, adecuación de edificios para servicios municipales, accesos a núcleos, infraestructuras viarias…). Se excluyen así las necesidades que competen a otras consejerías, como Sanidad, Educación o Medio Ambiente.

Además de adaptar las cuantías a la capacidad financiera de cada ayuntamiento, el nuevo Plan contempla también un pequeño pago anticipado (10.000 euros este año, para financiar al menos la redacción de los proyectos). Otro 40% se abonará el año próximo, y el resto en 2020, cuando se justifique la ejecución de la obra, que deben estar acabadas en octubre de 2019.

De esta manera se evita que, como pasó con el anterior Plan, el pago de las ayudas se dilate hasta la siguiente legislatura. De hecho, una de las razones por las que la cuantía total de las ayudas del Plan es inferior en 12 millones de euros al de la última legislatura es que todavía se están pagando las subvenciones a obras municipales concedidas por el anterior Gobierno.


Un impulso para la obra pública

José María Mazón con el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria. (Foto: Lara Revilla)

Los cerca de 27 millones que se consignan en el nuevo Plan de Obras municipales desencadenarán unas inversiones superiores a los 42 millones de euros de inversión, al añadirse las aportaciones de los ayuntamientos, y contribuirán significativamente a reactivar la obra pública en la región. Se estima que los 177 proyectos que se van a ejecutar pueden generar hasta 2.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.

Este impulso al sector de la construcción fue una de las cuestiones abordadas en una reciente reunión entre el consejero de Obras Públicas, José María Mazón, y el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores, Gervasio Pinta.

A estas inversiones hay que sumarle la licitación de obras del Plan de Carreteras, y los programas de vivienda y rehabilitación, lo que, según el consejero, “permite ser optimistas” con respecto a la posibilidad de que se produzca una reactivación del sector.


Jesús Polvorinos

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