Despachos revueltos
Despachos y oficinas en realidad no es un sector. Es el encuadramiento en el que por defecto entran casi todos los trabajos administrativos y profesionales que no encuentran una ubicación más clara: bufetes de abogados, notarías, sindicatos, Obispado, despachos de asociaciones empresariales y de entidades sin ánimo de lucro… En la mayoría de los casos, el empleador no se considera empresario, por lo que nunca ha mostrado mayor interés en asociarse para negociar un convenio de sector. Pero sí abona las nóminas y eso le ha deparado una sorpresa poco agradable a finales de mayo cuando ha sido consciente de los efectos reales del nuevo convenio.
Un auxiliar administrativo cuyo sueldo base era de 93.595 pesetas mensuales pasa a cobrar 126.422, en dieciséis pagas, dos más que antes. Además, habrán de recibir atrasos desde el 15 de octubre pasado. El único consuelo para los empleadores es que las remuneraciones por antigüedad son un poco menores.
La decisión de Trabajo es consecuencia de una solicitud presentada por UGT y CC OO el pasado otoño pidiendo la afección al convenio de Guipúzcoa para resolver un impasse que duraba ya seis años. Un problema cuyo origen puede establecerse en la ausencia de una patronal auténticamente representativa, dado que se trata de pequeños centros de trabajo de actividades muy dispares.
En 1992 el Ministerio de Trabajo ya optó por encuadrar al sector en el convenio de Oficinas y Despachos de Burgos, decisión que ratificó en 1994. Por entonces la patronal ASEMALF recurrió la decisión, pero la Audiencia Nacional desestimó el recurso por falta de representatividad, dado que la asociación únicamente englobaba a las asesorías laborales y fiscales.
La patronal volvió a recurrir y el convenio quedó paralizado y sin revisar desde entonces, por lo que el pasado mes de octubre los sindicatos propusieron una solución a la Dirección General de Trabajo que prácticamente le daban hecha, dado que si no existe una patronal suficientemente representativa, ha de ser tenida en cuenta la propuesta de acogerse a otro convenio del sector. En estas circunstancias tan favorables, UGT y CC OO escogieron el que probablemente sea el convenio más generoso de todo el país, el de Guipúzcoa.
Sin representatividad patronal
Esa misma semana la Asociación Empresarial de Asesorías Laborales y Fiscales de Cantabria (AFIDECAN) optaba por convertirse en Asociación Empresarial de Oficinas y Despachos de Cantabria (AFIDECAN) para representar a todo el sector, por lo que CEOE-CEPYME contestó a Trabajo que ya existía una asociación representativa para negociar, con 18 empresas asociadas. La patronal rechazaba tajantemente la asimilación al convenio guipuzcoano y añadía unas cifras sobre las fuertes diferencias de renta y salarios entre la provincia vasca y Cantabria para considerar inadecuada esa asimilación. Por su parte, AFIDECAN señalaba que los sindicatos no habían trasladado a las empresas afectadas su intención de negociar un convenio. En su opinión, los sindicatos habían obrado de mala fe y advertía que si se aplicaba el convenio de Guipúzcoa se iba a producir una reducción drástica de plantillas en las oficinas o, incluso, la desaparición de algunas de ellas.
La reclamación fue estudiada por un inspector de Trabajo que llegó a la conclusión de que AFIDECAN seguía sin reunir los requisitos legales para negociar un convenio de eficacia general y tampoco se le reconoció esta representación cuando a mediados de marzo dijo representar ya a 60 empresas, dado que no reunían a más de la mitad de los trabajadores afectados, algo que por otra parte es muy difícil dado que los propios sindicatos tienen contratados en sus organizaciones al 19% de los trabajadores del sector. Otro 33% trabaja para organismos no lucrativos, que tampoco tienen una estructura empresarial.
Una comparación cuestionada
Mientras tanto, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios procedió a hacer un estudio sobre los salarios de una y otra provincia y llegaba a la conclusión de que en las categorías medias e inferiores los salarios son superiores en Cantabria, mientras que en las superiores se paga más en Guipúzcoa. La diferencia general, según Trabajo, podía ser perfectamente asimilada por los empleadores.
Pero la realidad, según las empresas, es muy distinta. María Dolores Ruilópez, abogada de CEOE-CEPYME, sostiene que la muestra de nóminas elegida para la comparativa no tenía representatividad alguna, dado que se utilizaron las de organismos que no están sometidos a competencia (empleados de la Cámara de Comercio, de patronales sectoriales, de CEOE, de notarías…) que en todos los casos tienen salarios superiores a las tablas de convenio.
Para CEOE el sector es demasiado heterogéneo y, en realidad, sólo el 46% de las empresas que utilizan el convenio se mueve en un mercado de competencia. Es ahí donde se encuentra la inmensa mayoría de los empresarios que aplican las tablas de convenio y para ellos el incremento de la nómina va a ser de un 38% en los auxiliares (la categoría laboral más numerosa en el sector, con mucha diferencia) y de un 17% en otras.
Por su parte, los sindicatos sostienen que la Comisión Consultiva de Convenios ha empleado un método objetivo y culpan a la patronal de obstaculizar la existencia de un convenio regional desde hace diez años.
AFIDECAN y varios empresarios individualmente ya han presentado un recurso de alzada contra la resolución de Trabajo en los que se pide la suspensión temporal de sus efectos, lo que la Consejería de Industria ha rechazado, pero todo indica que la estrategia va más dirigida a obligar a los sindicatos a negociar, ya que el próximo 31 de diciembre acaba la vigencia del convenio vasco y la autoridad laboral debe ratificar de nuevo la extensión. La posibilidad de que para entonces se haya modificado la legislación o de que el problema salarial haya catalizado una patronal del sector suficientemente representativa estará en el otro lado de una balanza que, hoy por hoy, han desequilibrado claramente a su favor los sindicatos.
