El cambio de uso del Casino de Santander no podrá debatirse hasta 2032

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha pospuesto el debate sobre posibles cambios en los usos del Gran Casino del Sardinero hasta el año 2032, cuando expiran los contratos de gestión de las actividades de juego -asignado al grupo Comar- y de hostelería -en manos del Grupo Riojano-.

Así ha respondido a la moción presentada por los socialistas, que recogía la intención de «recuperar la vocación cultural y ciudadana» de este edificio, la cual solo ha recibido el apoyo de IU y las abstenciones de PRC y Vox.

En esta línea, la alcaldesa ha sostenido que el inmueble mantiene esa actividad cultural y que es «irreal e irresponsable» intentar cambiar los usos con estos contratos en vigor de por medio.

Además, ha calificado la moción de «poco concreta», ya que el 20% del edificio, concretamente la sala de exposiciones ubicada en la planta superior, se dedica a cultura.

Sin embargo, Igual ha dejado la puerta abierta a que en 2032 se debata un aumento del espacio dedicado a la actividad cultural, siempre que se defina «qué queremos y cuánto cuesta», pero con ese horizonte temporal por delante le parece «irreal» adquirir esas obligaciones, ha insistido.

Esta moción se produce en el marco de la aprobación -en el anterior Pleno- de una partida municipal por valor de 500.000 euros para sufragar una deuda contraída durante la pandemia del Covid-19 por la sociedad gestora del Casino, que es propiedad del Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria a partes iguales.

La propuesta socialista apostaba por definir un proyecto de carácter cultural que convierta al Casino en un «espacio de referencia» y «abandonar» el modelo de juego.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Daniel Fernández, ha criticado a los regionalistas por abstenerse y al equipo de Gobierno por «fomentar el juego» y adjudicar la concesión de hostelería por un importe inferior en un 50% a lo que «había planteado una auditoría externa», por lo que el Consistorio percibirá 60.000 euros menos anuales. En esta línea, ha apostado por «repensar» sus usos durante los próximos siete años.

En su turno, el regionalista Vicente Nieto ha apostado por «evolucionar hacia nuevos paradigmas de entretenimiento» lejos de las adicciones al juego, dotarle de más actividad cultural y «recuperar elementos icónicos» de la ciudad «para que no ocurra como con La Horadada», que está en fase de demolición.

Por su parte, la portavoz de Vox, Laura Velasco, ha justificado su abstención en los compromisos firmados hasta 2032 y ha afirmado que no es momento de inyectar más capital porque transformar el interior del edificio requeriría un desembolso «importante». También ha dicho que hay proyectos culturales en marcha que «deben ser realidad antes de que el Ayuntamiento se embarque en nuevas actuaciones».

Por su parte, el concejal del Grupo Mixto, Keruin Martínez (IU), ha aplaudido «el cambio de criterio» del Grupo Socialista. Más allá, ha lamentado la «decadencia» de la ciudad y ha criticado a la alcaldesa porque era «la segunda máxima responsable» cuando se produjo la deuda que se va a sufragar con la ampliación de capital.

En su turno, la concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha asegurado que toda reforma que se plantee para transformar el interior del casino va a requerir de un desembolso «multimillonario». Además, ha calificado la moción socialista como «profundamente contradictoria y carente de seriedad» y ha dicho que «se desmonta sola» ya que el edificio mantiene su actividad de ocio y cultura.

APROBADA LA ZONA DE BAJAS EMISIONES

En otro punto, el equipo de Gobierno (PP) ha aprobado la implantación definitiva de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), tras desestimar las alegaciones presentadas por vecinos y asociaciones, y con el rechazo de todos los grupos de la oposición. En concreto, el PSOE se había abstenido en la aprobación inicial y ha cambiado el voto porque el PP no ha atendido ninguna alegación de la ciudadanía.

Ahora el equipo de Gobierno ordenará su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y entrará en vigor en el plazo de 15 días hábiles.

En concreto, la ZBE englobará todas las calles interiores de la zona delimitada al sur por la calle Calvo Sotelo y el Paseo Pereda, al norte por las calles del Sol, Santa Lucía y Guevara, al oeste por la calle Lealtad y el este por Casimiro Sainz, aunque todas ellas quedan fuera de las restricciones.

Por su parte, el portavoz socialista ha calificado esta ZBE como «ridículamente pequeña», ya que sólo abarca el 0,6% de la superficie de la ciudad, y ha señalado al PP por «no creerse su propio proyecto»; oponerse a esta medida en el Congreso de los Diputados y luego correr «a ponerse la foto cuando ha llegado el dinero» de los fondos europeos.

El regionalista Felipe Piña ha asegurado que esta Zona no va a conseguir «ningún objetivo» ni a bajar los índices de contaminación y ha insistido en mejorar la red de transporte en el arco de la bahía, que «va a acabar siendo una prioridad», aunque piensa que al PP «le da pereza» tener que hablar con los municipios limítrofes.

Para la portavoz municipal de Vox, la implantación de la ZBE es el resultado del «marco ideológico» marcado por la Unión Europea, desde donde se está pautando una «agenda climática cada vez más restrictiva» que para Vox es «un instrumento de control que castiga a las familias y destruye la libertad de movimiento». Velasco ha acusado a PP y PSOE de trasladar «fielmente» esas exigencias a España.

En su turno, Keruin Martínez ha rechazado esta ZBE porque «llega tarde y mal y es un fraude que viene para cubrir expediente y no perder esa subvención». Además, ha augurado que «va a generar problemas» y ha criticado al equipo de Gobierno por su falta de diálogo al no dar cabida «a ninguna posible mejora».

En representación del grupo ‘popular’, el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha defendido el tamaño de esta ZBE, que se ha ceñido a cumplir «todos los puntos» del Real Decreto que la regula, y ha dejado la puerta abierta a futuras modificaciones cuando se analicen los datos de los resultados obtenidos con esta medida.

OTROS DEBATES

Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad al Colegio Oficial de Agentes Comerciales por su «casi 100 años de trabajo responsable y valioso», según el texto conjunto elaborado por todos los grupos municipales. Además, se ha recordado la efeméride de la colecta nacional organizada por el Colegio en 1941 para apoyar a las familias afectadas por el incendio de Santander.

También, ha aprobado la moción de todos los grupos menos Vox para incorporar a Santander a la lista de Ciudades por la Vida y contra la Pena de Muerte, que el 30 de noviembre conmemora su Día Internacional. Vox ha justificado su rechazo porque el texto es fruto de «la hipocresía de chiringuitos que defienden el aborto» y porque el resto de partidos se han negado a incluir en el mismo «el respeto a la vida».

Asimismo, el Pleno ha rechazado la moción de Vox para compensar a los vecinos afectados por los cambios de nombre de las calles franquistas para proporcionar un servicio de Correos gratuito por no haber modificado la dirección de su domicilio. Además, pedía garantizar la correspondencia mientras existan recursos judiciales en curso contra el cambio de denominación de las vías públicas.