La CGT de Argentina ve ilegítimo el decreto para desregular la economía y plantea movilizarse en contra

La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina, el principal sindicato del país, ha valorado como «ilegítimo» el decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado el miércoles por el presidente de Argentina, Javier Milei, por el que se eliminan numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas y ha abierto la posibilidad a convocar un paro o movilizaciones.

Según ha explicado el presidente del país, la norma contiene 366 artículos encaminados a destrabar el andamiaje jurídico e institucional opresor y en su primer artículo declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, para el secretario general del sindicato, Héctor Daer, no hay «necesidad ni urgencia» en todo lo que interpreta esta norma, que pasa por encima de la Constitución de Argentina y de los valores institucionales del país.

En consecuencia, la CGT ha convocado una reunión este jueves para definir los pasos a seguir, valorando un paro y movilizaciones como dos posibilidades que se encuentran sobre la mesa, así como poner en marcha ciertas acciones judiciales.

Para protestar contra el Gobierno, Daer ha hecho un llamamiento a toda la población que está en contra del decreto, lo que permitirá tomar medidas en coordinación y de forma unificada para protestar frente a este ajuste «devaluatorio».

Con este decreto, el Ejecutivo busca promover «un sistema económico basado en decisiones libres» mediante la «desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional», razón por lo que ha dejado «sin efecto» cualquier restricción sobre la oferta de bienes y servicios y las normas que «distorsionen los precios de mercado, impidan la libre iniciativa privada o eviten la interacción espontánea de la oferta y de la demanda».

Asimismo, respecto a las empresas públicas, el mandatario ha anunciado la eliminación de la normativa que impide su privatización y las transformará en sociedades anónimas como paso previo a su venta; también se reformarán las leyes laborales para «facilitar el proceso de generación de empleo genuino».