Sogarca tendrá que echarse en brazos de otra SGR

El perímetro de la autonomía cántabra empieza a reducirse por una vía inesperada, la falta de recursos económicos. El Gobierno regional ya dio carpetazo a órganos consultivos, como el CES, el Consejo de la Mujer o el de la Juventud, pero empiezan a peligrar seriamente otros organismos de los que nunca imaginó tener que prescindir, como Sogarca, una sociedad de avales que abre las puertas de la financiación bancaria a muchas pequeñas empresas que, de otra manera, no obtendrían un crédito.
La decisión del Gobierno central de obligar a una fuerte recapitalización de las SGR fue introducida inesperadamente este verano a última hora en la Ley del Emprendedor, y por una vía también insólita, una enmienda en el Senado. Cogió tan de sorpresa a las comunidades autónomas y a las propias SGR que pasaron días hasta que una de ella dio la voz de alarma a las restantes. En ese momento, los teléfonos comenzaron a echar chispas, aunque ninguna de ellas se atrevió a exponer sus problemas en público.
El Gobierno cántabro, como otros afectados, intentó una gestión de último minuto para evitar este cambio legal que obligaría a Sogarca a ampliar su capital desde los actuales 1,8 millones de euros a 12. Unas aportaciones que ni puede hacer el Ejecutivo, ni la Cámara de Comercio ni la CEOE, que participan en el capital. Tampoco es presumible que Liberbank o el Banco Santander, socios minoritarios, decidan cargar sobre sus espaldas toda la ampliación.
La situación es parecida en otras sociedades regionales de garantía recíproca, que necesitan hacer un salto idéntico en las aportaciones de capital. Tienen nueve meses para conseguir el dinero, pero tampoco sus gobiernos regionales pasan por circunstancias fáciles para aportarlo.
Se quejan de que el Gobierno ha acabado por crear un problema donde no lo había. La mayoría de las SGR, aunque con dificultades, tienen una solvencia razonable, a pesar de que la crisis se ha cebado con los sectores a los que suelen conceder los avales (pequeños negocios y transportistas). Tienen la sensación de pagar los platos rotos de la sociedad de garantía valenciana, una de las más importantes de todo el país, en la que el pasado año afloró un agujero de 60 millones de euros, pero como consecuencia de una política muy arriesgada de avales a sociedades inmobiliarias, atípica dentro del sector. La SGR valenciana tenía una cartera de riesgos de 1.300 millones de euros, una cifra astronómica si se compara con las que se manejan en Cantabria.

Ir a pedir los avales fuera

Para Sogarca no hay muchas más salidas que fusionarse con otras SGR hasta llegar a acumular los 12 millones de capital, formando una nueva sociedad, pero eso conllevaría, casi inevitablemente, la pérdida de la sede cántabra. Lo mismo ocurrirá si busca un aliado potente que pueda completar por sí solo todo el capital que necesita, y la vista apunta en dirección a la Sociedad de Garantía Recíproca de Castilla y León.
Para las pymes cántabras, tener su interlocutor en Valladolid suscitaría una relación muy distinta a la actual, tanto por la pérdida del trato directo como por la propia distancia, que desanimaría a muchos solicitantes, ya que las operaciones que plantean los empresarios que acuden a una SGR son, por lo general, muy pequeñas.
Tampoco es un plato fácil de digerir para las autoridades autonómicas, que no eran conscientes de la reforma y cuando trataron de reaccionar ya no pudieron frenarla. El presidente cántabro, Ignacio Diego, había ponderado hace año y medio el papel de Sogarca ante las pymes y la intención de su Gobierno de darle mucho más protagonismo a través de un reaval del ICAF por importe de un millón de euros, que tendría un efecto multiplicador sobre el volumen de avales concedidos por Sogarca. En concreto, estimaba que pasaría de los 5,7 millones de euros de préstamos avalados en 2011 a cerca de 15 millones de euros.
Resultaría difícil de entender que, en un futuro próximo, para ayudar a las empresas de Cantabria a conseguir avales, su Gobierno tuviese que financiar a una sociedad de otra comunidad autónoma.