Cantabria arrancará 2026 con los presupuestos prorrogados

Ya es oficial: Cantabria arrancará el año 2026 con los presupuestos prorrogados, un escenario para el que no existen precedentes en la comunidad durante este siglo. Al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, en su tercer año de mandato, no le ha quedado más opción que prorrogar las cuentas del presente ejercicio después de que el Parlamento rechazara su proyecto presupuestario.

En aquella votación, celebrada hace un mes, los partidos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) devolvieron las cuentas al Ejecutivo a través de una enmienda a la totalidad que salió adelante y ratificó la ruptura entre populares y regionalistas. No hubo entendimiento esta vez entre ambas formaciones -después de que el PRC facilitara la investidura y la aprobación de los dos primeros presupuestos- y al Gobierno de Buruaga no lo quedó otra salida que la prórroga presupuestaria para empezar el año.

Y es que aunque de puertas para afuera la presidenta autonómica no se ha mostrado recelosa de convocar elecciones anticipadas, lo cierto es que apretar el botón de las urnas antes de tiempo en Cantabria no exime de tener que volver a votar cuando toca, en este caso en 2027, por lo que la vía extremeña o aragonesa no parece que se vaya a dar aquí.

Así pues, el Gobierno ha aprobado este martes en su reunión semanal el decreto que prorroga los presupuestos cántabros y ha avisado de que la citada prórroga supondrá 219 millones de euros menos de gasto y obligará a redefinir prioridades. En este sentido, el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha avanzado que se antepondrán proyectos en marcha a nuevos proyectos, sin descartar tampoco esto último. «Cantabria no se para», ha dicho, asegurando que el decreto «garantiza que los servicios públicos funcionen sin sobresaltos».

El titular de Economía también ha señalado que esa menor cuantía disponible va a exigir «mayor capacidad de adaptación y de planificación y más coordinación para avanzar en las actuaciones en ejecución y dar respuesta a las necesidades de los cántabros». El decreto no es necesario para que entre en vigor la prórroga, ya que el Estatuto de Autonomía prevé la continuidad de las cuentas anteriores ante la falta de aprobación de las nuevas el 1 de enero. No obstante, el Ejecutivo ha preferido regularlo para fijar las condiciones a las que se ajustará.

Detalles de la prórroga

La prórroga se aplicará a la Administración General y sus diferentes consejerías (en enero se determinará las cantidades que tienen disponibles, una vez se analicen los gastos plurianuales de cada una), organismos autónomos, sociedades mercantiles, fundaciones públicas y a entes como la ACAT (Agencia Cántabra de Administración Tributaria), el ICAF (Instituto Cántabro de Finanzas) o el Fondo de Derribos.

En cuanto a los gastos, se atenderán con un orden de prioridad. Empezará por los compromisos plurianuales ya firmados con terceros (como expedientes de contratación de obras) y seguirá por las transferencias de financiación a otras administraciones públicas (caso del Fondo de Cooperación Municipal), aportaciones y contratos-programas con entes del sector público autonómico (como la Universidad de Cantabria), obligaciones que vengan impuestas por ley (gastos de personal por ejemplo) y expedientes de tramitación anticipada.

El consejero ha enfatizado que se priorizarán proyectos en marcha frente a nuevas actuaciones, de modo que obras en ejecución -como las de las variantes de Renedo y Sarón- no se van a «parar de golpe». Y para otras grandes actuaciones, caso del polígono de La Pasiega o el MUPAC (Museo de Prehistorias y Arqueología de Cantabria), ha dicho que hay consignación presupuestaria, aunque en algunas, como el centro de arte previsto en La Lechera hay que estudiar cómo canalizar los fondos para que esta obra «emblemática para Torrelavega no se pare».

En relación al capítulo I del presupuestos, el consejero ha detallado que al atender los gastos de personal se tendrán en cuenta los aumentos salariales que entrarán en vigor el próximo ejercicio.

También se hará frente a las dotaciones de plazas comprometidas como consecuencia de los procesos de selección o provisión en ejecución, los compromisos en materia de personal temporal o sustituto imprescindibles para el normal funcionamiento de los servicios públicos, las obligaciones jurídicas que extiendan su efecto a 2026 y los gastos imprescindibles para el funcionamiento de los servicios. Y en materia de deuda, los intereses y los vencimientos comprometidos para 2026.