Cantabria aprueba la ‘ley de acompañamiento’ para 2021 sin subidas de impuestos y modificación de leyes

Ha sido aprobada, al igual que los Presupuestos, con el voto a favor de PRC-PSOE y de Cs y el voto en contra del PP y Vox

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este martes la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2021 que acompaña a los Presupuestos autonómicos, en la que no hay subidas de impuestos y modifica una veintena de leyes.

La conocida como ‘ley de acompañamiento’ ha salido adelante con el apoyo de PRC-PSOE y de Cs y el rechazo de PP y Vox, idéntico resultado que se ha dado en los Presupuestos.

En la ‘ley de acompañamiento’ que se ha aprobado, en comisión parlamentaria, las 14 enmiendas presentadas conjuntamente por PRC-PSOE, las 2 de Cs y las cuatro que han presentado los regionalistas con la oposición, a instancias de CEOE, para eliminar burocracia y trámites administrativos pero ninguna nueva de las que han llegado ‘vivas’ al debate. De esta forma, no se han aceptado ninguna de las presentadas en solitario por PP (27) ni de Vox (22).

La consejera de Economía y Hacienda, la socialista María Sánchez, ha destacado que en esta ‘ley de acompañamiento’ «no hay modificaciones sustanciales» de tributos porque, según ha afirmado, en un momento en que las familias y las empresas «lo están pasando mal, tienen que tener certidumbre respecto a sus ingresos y gastos y no es el momento de aumentar los impuestos».

Pese a ello, ha subrayado «la utilidad» de los impuestos para «garantizar la sostenibilidad y la calidad» de los servicios públicos, algo en lo que, a su juicio, se debe hacer «pedagogía».

En este sentido, Sánchez ha destacado que, según un estudio del Registro de Economistas Asesores Fiscales, sitúa a Cantabria entre las que menos paga de impuesto de patrimonio o de IRPF.

La consejera ha señalado que solo se han introducido ciertas modificaciones en exenciones de determinadas tasas y, a través de las enmiendas de PRC y PSOE, se establece la equiparación de las familias monoparentales a las numerosas en el impuesto de transmisiones patrimoniales en algunos aspectos de este tributo.

Además, se regula una nueva relativa a las pruebas del Gobierno regional para la selección y nombramiento de funcionarios interinos para el desempeños de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación nacional.

Por otra parte, la ‘ley de acompañamiento’ modifica una veintena de leyes, como la Ley del ICAF para, entre otros objetivos, a suprimir el Consejo de Supervisión del Instituto para, según el Gobierno, evitar una duplicidad de órganos que buscan el mismo fin tras la constitución del Consejo de seguimiento de la actividad de los entes del sector público institucional autonómico, donde se encuentra este instituto de finanzas.

Además, declara de interés general determinadas obras en materia de encauzamiento y defensa de márgenes de ríos en áreas urbanas, o que causen afección a áreas urbanas, y en aquellas relativas a la red de vías ciclistas.

El ‘no’ de PP y VOX

El PP ha criticado que no se hayan aceptado ninguna de sus enmiendas pese a que, a su juicio, eran «sensatas» y «posibles» y, entre otros aspectos, estaban dirigidas, según ha detallado, a fomentar la inversión y el crecimiento económico, eliminar muchos supuestos de silencios administrativos negativos o crear o aumentar bonificaciones fiscales.

También, planteaba medidas para luchar contra la okupación ilegal; introducir modificaciones legislativas que considera necesarias y también el concepto «de ruralidad» para que a la hora de tomar decisiones y aplicar determinadas normas se tenga en cuenta su impacto en el mundo rural.

Los ‘populares’ han criticado los argumentos de PRC-PSOE para rechazar sus enmiendas. Así, por ejemplo, ha censurado que los grupos que sustentan al bipartito se nieguen a apoyar la inclusión de algunas modificaciones legislativas a través de esta ‘ley de acompañamiento’ argumentando que estos cambios precisan de un análisis más sosegado y un debate parlamentario propio.

«¡Qué cara más dura tienen!», ha dicho la ‘popular’ a los socialistas, a los que ha acusado de utilizar habitualmente esta ley de acompañamiento como «cajón de sastre» para introducir «por la puerta de atrás» cambios normativos importantes.

Vox también ha votado en contra de esta ley porque no baja impuestos, algo que, según ha defendido, facilitaría a los cántabros, en la actual situación, disponer de mayor renta disponible.

Este partido ha señalado que la reforma fiscal que plantea tendría un coste «a corto plazo» de 15 millones, algo que, a su juicio, «no es excesivo» y, en cambio, permitiría convertir a Cantabria en la comunidad autónoma «más competitiva» fiscalmente del norte de España, sin contar los «paraísos fiscales forales» de País Vasco y Navarra.

De hecho, Vox ha mantenido que no solo no se bajan impuestos sino que se va a incrementar la «presión fiscal» a los cántabros ya que, «en la práctica», menos ciudadanos de Cantabria van a poder acceder a bonificaciones fiscales, lo que les hará pagar más impuestos, y también ha advertido que éstos van a comenzar a pagar más impuestos con la «armonización fiscal» que plantea el Gobierno de España.

Vox ha apuntado que, con los Presupuestos de Cantabria que traerán «más gasto», «más deuda» y «menos inversión», y con una ‘ley de acompañamiento’ que no baja impuestos, no se generará la riqueza ni la reactivación económica que se precisa para salir de la crisis. Para hacer frente a esta «realidad», ha planteado una medida que ha calificado de «revolucionaria» como «vender» o «regalar» la sociedad pública de promoción turística Cantur, algo que permitiría, según ha dicho, ahorrar 15 millones al año. «No espero que ocurra», ha dicho irónicamente su portavoz.

Por su parte, Cs ha justificado su voto a favor de esta ley porque no se suben impuestos y no se aprovecha esta ley para introducir cambios normativos «de gran calado» sin debate parlamentario como, según ha dicho, ha ocurrido en otras situaciones.

La ‘ley de acompañamiento’ entrará en vigor, al igual que el Presupuesto para 2021, el 1 de enero.

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