UGT pide al Gobierno que reforme ya el despido improcedente para cumplir con la resolución europea

UGT ha instado oficialmente al Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa a que requiera al Gobierno español el cumplimiento efectivo de la decisión que dictó el 20 de marzo de 2024 a instancias del sindicato declarando la ilegalidad de la legislación española sobre el despido improcedente, por no ajustarse al artículo 24 de la Carta Social Europea.

En concreto, la decisión del CEDS, fruto de la reclamación colectiva presentada por UGT en marzo de 2022, establece que el sistema español no garantiza una reparación adecuada ni disuasoria para los trabajadores despedidos sin causa justificada.

El Comité señala que para cumplir con la Carta Social Europea, España debe restituir los salarios de tramitación desde el despido hasta la resolución judicial; asegurar la posibilidad de readmisión del trabajador sin que dependa del empresario, y establecer una indemnización suficientemente elevada que repare el daño causado y disuada al empleador de vulnerar la ley.

«Pese a la gravedad de esta conclusión, ni el Gobierno ni el Parlamento han adoptado hasta ahora medidas concretas para adecuar la legislación laboral española. La única mención en el Plan Anual Normativo de 2025 a una posible reforma del despido es vaga e insuficiente, y no contempla ninguna de las medidas exigidas por el Comité Europeo de Derechos Sociales», denuncia UGT en un comunicado.

Además, la organización que dirige Pepe Álvarez expone que las reformas legislativas aprobadas hasta la fecha mantienen elementos que ya han sido declarados contrarios a la Carta Social Europea, como el cálculo de la indemnización según criterios económicos insuficientes, la ausencia de salarios de tramitación, o la inexistencia de una «verdadera» opción de readmisión.

UGT recuerda que la Carta Social Europea Revisada, ratificada por España en 2021, forma parte del ordenamiento jurídico español, y que sus decisiones son jurídicamente vinculantes, tal y como reconoció el propio Consejo de Estado en su informe previo a la ratificación.

«No podemos aceptar que el despido injustificado siga siendo barato para el empresario y ruinoso para el trabajador. Si queremos una Europa social de verdad, no basta con proclamar derechos: hay que garantizar su cumplimiento», ha defendido UGT, que recuerda que la resolución del CEDS se dictó hace más de un año y que ahora sólo falta «la voluntad de cumplirla».