Otra forma de dar empleo a minusválidos

Los 18 años transcurridos desde la promulgación de la Ley de Integración Social de Minusválidos han demostrado que de poco sirven las disposiciones legales en favor del empleo de discapacitados cuando hay que vencer resistencias debidas más al desconocimiento que al rechazo que pueda suscitar la incorporación a una empresa de personas con minusvalías.
La cuota de puestos de trabajo reservada en favor de minusválidos –el 2% de los empleos en empresas con más de 50 operarios– no se cumple, ni siquiera en la Administración, obligada por esa misma ley a reservar el 3% de sus puestos de trabajo a discapacitados. “A pesar de la normativa que existe al respecto” –afirma el responsable del Servicio de Apoyo al Empleo de AMICA, Matías Sáinz–, “en el empresario de Cantabria hay una reticencia que todavía no se ha vencido. Hay un cierto prejuicio hacia la persona con discapacidad. Se cree que la minusvalía está reñida con la capacidad para realizar un trabajo. No se dan cuenta de que una persona con discapacidad sabe lo que es luchar. No acaban de asumir que nosotros somos mucho más responsables y mucho más conscientes”. El intento para facilitar la inserción laboral de los discapacitados choca, además, con la barrera de unas cifras de paro que agudizan la competencia por lograr un puesto de trabajo. Las profundas desventajas que implica esta situación para las personas con minusvalía, se intentan paliar con el ofrecimiento por parte de la Administración de incentivos económicos y fiscales para aquellas empresas que contraten a discapacitados.

Alternativas a la cuota de reserva

A la vista de lo poco operativa que ha sido hasta ahora la ley que intenta favorecer la integración laboral de los minusválidos, el Ministerio de Trabajo publicó el pasado mes de enero un Real Decreto estableciendo medidas alternativas. De manera excepcional, se prevé que las empresas obligadas por ley a contratar discapacitados podrán quedar exentas siempre que no se pueda cubrir la oferta de empleo por no existir demandantes, o cuando se justifique que las peculiaridades de la actividad dificultan de manera especial la incorporación de trabajadores minusválidos. En estos dos casos, pueden sustituir la obligación legal por la contratación con un centro especial de empleo o con un trabajador autónomo discapacitado, del suministro de materias primas, maquinaria o cualquier servicio que precisen para su normal actividad. “De lo que se trata –explica el gerente de AMPROS, Julián Ocariz– es de ofrecer alternativas a aquellas empresas que justifiquen que en sus plantillas no es posible tener personas con discapacidad por la tecnología que utilizan o por las circunstancias en que se desarrolla su trabajo. El nuevo Decreto les da la oportunidad de contratar servicios con los centros especiales de empleo o bien de comprar los productos que se fabrican en estos centros. Es también un reconocimiento más de que los centros especiales de empleo son empresas, que es algo que a veces se pone en discusión”.
Las donaciones y los patrocinios constituyen también una alternativa a la que pueden recurrir aquellas empresas a las que no les sea posible integrar en sus plantillas a trabajadores discapacitados.

El auge de los centros especiales de empleo

Las dificultades para salvar la distancia que separa a los discapacitados del empleo convencional, han llevado a diversas organizaciones de minusválidos a plantearse la necesidad de generar por sí mismas puestos de trabajo para sus asociados. Nacen así los Centros de Formación y Ocupación, convertidos en la década de los ochenta en Centros Especiales de Empleo, que unen los planteamientos empresariales con la labor social de crear empleo para personas discapacitadas. En Cantabria, Ampros (Asociación Cántabra Pro Minusválidos Psíquicos) fue pionera en el establecimiento de esta nueva fórmula de empleo. La transformación de Talleres Montañeses en centro especial, en 1985, fue el comienzo de una expansión que les ha llevado a contar en la actualidad con cuatro centros situados en Santander, Guarnizo, Reinosa y Laredo en los que trabajan cerca de de 200 discapacitados. Desde estas instalaciones, Talleres Montañeses Ampros realiza para diversas empresas de Cantabria desde productos de fabricación propia (pallets y embalajes de madera), a tareas de subcontratación (montajes diversos, empaquetados y retractilados, cableados…) y servicios de jardinería y limpieza. “La creación de centros especiales –advierte Julián Ocariz– no es la única solución. La solución estriba en contar con medios para generar suficiente empleo. Por ejemplo, la media de coste por puesto de trabajo creado está entre diez y once millones de pesetas y nosotros contamos con una financiación pública de dos millones de pesetas por puesto de trabajo. Poco se puede hacer con esas cantidades”.
Otra de las organizaciones que han llevado a cabo una tarea ejemplar en este ámbito es Amica. Desde su fundación en Torrelavega, en 1984, esta asociación orientó sus esfuerzos a dar respuesta los problemas de toda índole que se les planteaban a los discapacitados. Para atender a la faceta laboral se creó en 1990 la Sociedad de Empleo de Minusválidos de Cantabria (SOEMCA), que fue reconocida un año después por el INEM como Centro Especial de Empleo. El taller de confección con el que comenzó su actividad, y en el que trabajaban seis mujeres minusválidas, se ha convertido nueve años después en una estructura empresarial capaz de generar empleo para más de 200 personas en tareas de lavandería, medio ambiente, limpieza y administración. “Una de nuestras tareas –explica Matías Sáinz– es sacar del centro especial de empleo a las personas que han conseguido buenos hábitos de trabajo para pasarles a la empresa ordinaria. Lo que queremos es no fallar al empresario; eso supondría una frustración para el trabajador y para nosotros”.
En 1999 AMICA contactó con 290 empresas cántabras de todos los sectores productivos a las que ofreció a los trabajadores que forma, lo que se tradujo en 26 contratos de trabajo para discapacitados.

La experiencia de SINESOR

La última organización en sumarse a estas iniciativas particulares de empleo ha sido la Asociación de Sordos de Cantabria, que ha promovido la puesta en marcha de Sinesor, una empresa dedicada a la encuadernación industrial aprovechando la inexistencia en la región de una oferta de estas características en el sector de las artes gráficas. Desde el pasado mes de febrero, catorce trabajadores, once de ellos sordos, ofrecen a las imprentas de Cantabria la posibilidad de realizar en la región tareas de encuadernación que hasta la fecha era necesario contratar con empresas de comunidades vecinas.
Sinesor es el octavo Centro Especial de Empleo que existe en Cantabria; una estrategia social y empresarial que desde el comienzo de sus actividades ha proporcionado empleo a cerca de 500 discapacitados.