José Alvarez Gancedo, consejero de Ganadería:

P.– En estos momentos, los ganaderos sufren uno de los momentos más complicados de los últimos años. Siguen desapareciendo explotaciones y se hunde el precio de la leche. ¿Cómo valora la situación del sector?
R.– Se observa un abandono de la actividad en las explotaciones más pequeñas del sector lácteo que, por carecer de una sucesión clara o por su escasa dimensión, no pueden ser transformados en viables. Este descenso supone en algunos casos una evolución a favor del ganado vacuno de carne, con 7.400 explotaciones, cuando las explotaciones lácteas son a día de hoy apenas 3.998.
El precio de la leche cayó en el último año un 9,34%, y es absolutamente entendible la decepción y las dudas que asaltan a los productores de leche. Si a ello unimos que la venta de animales no se ha recuperado en su totalidad, la conclusión es que estamos ante una coyuntura realmente difícil para el futuro de algunas explotaciones.
La continuidad de las cuotas hasta el 2015, las pagas adicionales y subvenciones a partir de la campaña 2004/05, deben mejorar la situación y esta coyuntura se superará, pero siempre que los ganaderos se agrupen para vender, tipificando productos y garantizando su calidad sanitaria.
P.- ¿Por qué se ha creado tanta polémica con la vacuna B51 para la brucelosis?
R.- En el año 2000, se inició en España el procedimiento para la autorización y registro de una nueva vacuna, la RB-51, que había sido autorizada en EE UU y en otros países americanos. La Agencia Española del Medicamento autorizó la realización de dos pruebas de campo, una de las cuales se desarrolló en Cantabria, cuyo objetivo principal fue valorar su eficacia en términos de reducción de prevalencia de brucelosis bovina.
Para ello, la Consejería de Ganadería autorizó la utilización voluntaria de esta vacuna en explotaciones de municipios con un alto índice de infección.
En febrero de 2002 la Agencia Española del Medicamento, dictó resolución autorizando la comercialización y registro de la vacuna RB-51. Una vez autorizada y registrada, España solicitó a la Comisión Europea la autorización para usarla dentro de los programas de erradicación aprobados por la UE y, por lo tanto para la calificación de las explotaciones vacunadas, tal y como se venía efectuando con la B-19.
Con la autorización de la UE se dispone de una herramienta más para el control de la enfermedad en áreas en donde la situación epidemiológica aconseje la realización de una profilaxis vacunal y su empleo en animales adultos. Pero siempre en áreas muy delimitadas en donde la situación epidemiológica determine que la estrategia más adecuada sea la vacunación.

P.- Si hay algún sector donde las cosas parecen haber ido bien en estos últimos años ha sido en la industria agroalimentaria. ¿Qué significa hoy en la economía de Cantabria y qué perspectivas tiene?
R.– El sector agroalimentario en Cantabria facturó durante el 2002, unos 960 millones de euros, que representan aproximadamente el 20% del total de las ventas industriales de la región, y da empleo a más de 7.000 personas.
Desde 1995 ha invertido más de 169 millones de euros en su modernización (más de 28.000 millones de pesetas), de los cuales 94 han sido subvencionados por el Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca. Estas subvenciones han modernizado principalmente los sectores conservero, lácteo y cárnico y han conseguido un incipiente desarrollo del sector de los precocinados. El conjunto de inversiones ha contribuido a crear más de 600 nuevos empleos en estos sectores.
Dentro el subsector lácteo, hay que destacar, el aumento que se ha producido en la leche transformada dentro de la región, ya que hemos pasado de transformar 175 millones de litros en el año 1995 a 320 millones en el año 2002, lo que supone un 80% de crecimiento en siete años. Esto es un logro importante, ya que el valor añadido al producto queda en la región.
De todo lo expuesto se deduce que en los últimos años se ha reestructurado el sector agroalimentario adaptándose a las normativas técnico-sanitarias europeas y se ha convertido en un sector competitivo, bien acomodado a la demanda comunitaria y a las exigencias de los consumidores.
Por otra parte, las denominaciones de origen, las identificaciones geográficas protegidas, las marcas de calidad y la presencia institucional en las ferias alimentarias más importantes, han situado nuestros productos en el lugar que por su calidad les corresponde.
P. Probablemente la situación más incierta en este momento sea la del sector pesquero. ¿Qué posibilidades hay de que las próximas costeras de bajura se puedan realizar con normalidad?
R.– Las circunstancias derivadas de la contaminación del ´Prestige´ ha dado lugar al paro de la flota pesquera de Cantabria en estos últimos meses y pone en peligro las costeras, tanto del verdel como de la anchoa.
La costera del verdel es de gran importancia, tanto para embarcaciones menores, para las que representa una parte importante de sus ingresos anuales, como para la flota de cerco, debido al interesante precio que está alcanzando en lonja en los últimos años. Esta costera esperamos poder iniciarla de inmediato.
De la costera de la anchoa se puede decir otro tanto. Tiene mucha importancia, no solo para la flota de cerco sino para la importante industria semiconservera que existe en nuestra región, para la cual representa una materia prima insustituible. La posibilidad de que nuestra flota realice esta costera depende del estado de las aguas y se llevará a cabo si existen garantías sobre el estado higiénico-sanitario de las capturas. Esa es, en estos momentos la mayor preocupación tanto del sector como de las administraciones.

P. Hasta ahora, nada ha podido impedir el progresivo despoblamiento del interior de la región. ¿Qué se puede hacer para fijar la población rural?
R.– Se trata de potenciar el desarrollo rural para garantizar la calidad y la seguridad alimentaria y frenar el éxodo de esa población, creando expectativas basadas en la diversificación de las actividades rurales y la multifuncionalidad. Hoy no podemos tener un mundo rural exclusivamente agrícola.
También buscamos fomentar el cooperativismo, sobre todo de segunda actividad, como cebaderos colectivos, y la industrialización de los productos agrarios. Otras medidas van encaminadas a promocionar agrupaciones de auxilio mutuo que permitan a los ganaderos establecer turnos que faciliten descansos semanales rotativos y periodos vacacionales.

P.- ¿Qué efectos causará en la región la reforma de la política comunitaria de ayudas?
R.- La propuesta de la Comisión de una revisión de la PAC a medio plazo, según preveía la Agenda 2000, es realmente una reforma en profundidad, que aparte del desvío de fondos al segundo pilar, el desarrollo rural, incorpora el desacoplamiento de las ayudas, la modulación dinámica y la condicionalidad.
El desacoplamiento es la desconexión prácticamente total entre las ayudas directas y la producción. Aparte de los problemas de desequilibrio de mercados que puede ocasionar, facilitará el abandono de la actividad agraria en las zonas marginales.
La modulación del 20% parece excesiva y se debía de optar por una modulación más suave, aplicable desde el primer momento en su totalidad y con estratos y porcentajes fijados para estos estratos. La modulación debería ser igual y obligatoria para todo el territorio comunitario.
Por su parte, la condicionalidad, extendida al refuerzo de las normas de seguridad alimentaria, la sanidad y el bienestar animal y la protección medioambiental es perfectamente asumible. Debe de establecerse de manera precisa y con un sistema de sanciones totalmente claro.

P– ¿Y los efectos económicos?
R.– Es difícil estimar los efectos para Cantabria de un pago único por explotación, pero podemos hacer una simulación. En el año 2008, una vez introducidas las ayudas al sector lechero y a las rentas del segundo pilar, indemnización compensatoria y agroambientales, las subvenciones en ese año se duplicarían pasando de 21,4 millones de euros a 42,5, distribuidos entre 7.131 solicitantes, lo que supone un promedio de 5.954 euros. Las ayudas se distribuirían de forma más homogénea, aunque se mantendría la situación relativamente más desfavorecida de algunos municipios de la montaña oriental, que disponen de pocas cuotas lácteas y escasos derechos de vacuno de carne.
Lo previsible es que continúe la tendencia a la desaparición de explotaciones en el sector lácteo. En Cantabria todo ello vendrá muy condicionado por el modo en que se apliquen las condiciones agrarias obligatorias, que establecerán una carga ganadera mínima, hoy sin precisar.