Sumar propone esta semana al Congreso nacionalizar las viviendas amenazadas de desahucio

El socio minoritario del Gobierno quiere destinar el 2% del PIB a la vivienda en la próxima década

Sumar defenderá esta semana una proposición no de ley en el Congreso con la que pide al Gobierno incorporar al parque público de vivienda aquellos hogares amenazados con desahucio, así como «explorar la posibilidad» de expropiar viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión.

Son dos propuestas que el grupo plurinacional expondrá el martes en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana de la Cámara Baja para contener la crisis de la vivienda, que en opinión del grupo se ha convertido en uno de los principales conflictos sociales de la actualidad, principalmente por la falta de casas asequibles y el desajuste entre salarios y lo precios del mercado inmobiliario.

La coalición de partidos apunta que este escenario empeora si se tiene en cuenta la acaparación de viviendas por parte de fondos de inversión y corporaciones inmobiliarias y la baja tasa en España de viviendas destinadas al alquiler social. En concreto, Sumar dice que en España hay 320.000 viviendas públicas de carácter social y asequible, cuando la cifra debería rondar los 1,8 millones para situarse en el promedio europeo.

Con todo ello, Sumar ha lanzado una batería de propuestas orientadas a hacer crecer el parque público de vivienda. La primera de ellas es pedir al Gobierno que se alcance el 10% en 2027 y el 20% en 2035 del porcentaje de vivienda pública social y asequible, incluida la vivienda pública en régimen de alquiler y dedicar, al menos, el 2% del PIB a políticas públicas de vivienda hasta el 2035, con el objetivo final de cuadruplicar el porcentaje actual.

ASÍ SE ERRADICAN LOS DESAHUCIOS

A renglón seguido, Sumar plantea «erradicar los desahucios» incorporando la vivienda amenazada con desahucio al parque público de viviendas en régimen de alquiler, garantizando que la renta no supera el 30% de los ingresos del hogar, o garantizando una renta mínima o una moratoria en casos de vulnerabilidad, dependiendo de las condiciones particulares que deberán ser debidamente justificadas.

A tal efecto, el grupo plurinacional propone al Ejecutivo dotar la partida presupuestaria correspondiente, pudiéndose articular a través de la empresa estatal de vivienda. En este escenario, Sumar propone que el Gobierno presente un proyecto de ley que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de la función social de la propiedad, en especial de los suelos urbanos y urbanizables de uso residencial.

También se plantea un programa de adquisición de viviendas privadas, mediante el uso del derecho de tanteo y retracto, por parte de todas las administraciones, para dedicarlas al parque público y así poder alcanzar más rápidamente el objetivo marcado en el punto anterior.

CONSTRUIR 150.000 VIVIENDAS AL AÑO

Otra de las propuestas de Sumar es impulsar a través de las empresas municipales y autonómicas de vivienda o la empresa estatal de vivienda, la construcción anual de 150.000 viviendas públicas sociales y asequibles, para lo que Sumar considera «imprescindible» que se materialice, con la mayor celeridad posible, el traspaso al SEPES de los activos de suelo y viviendas de la Sareb.

Por último, Sumar urge a asegurar que las viviendas del parque público se gestionan, exclusiva y directamente, desde las administraciones públicas como garantía de que, en el presente y en el futuro, el objetivo de estas sea su uso como vivienda y no la extracción de rentas.