El último recurso para abrir las arcas de Bruselas

Aunque pase inadvertido para la mayoría de los europeos, incluidos los teóricos beneficiarios del dinero, Bruselas vuelve a ser escenario de uno de los debates más arduos que se pueden producir en el seno de la Unión Europea, el que decide, cada seis años, el reparto de los fondos estructurales. Esta vez –la negociación del periodo 2007-2013– viene marcada por el hecho de que los países que venían siendo receptores de ayudas, como España, se verán desplazados por los recientemente incorporados a la Unión Europea, con indicadores económicos bastante más precarios.
Cantabria, que finaliza en 2006 la salida por etapas del Objetivo 1, es una de las regiones españolas que se verán más afectadas por el recorte de los fondos comunitarios. Baste recordar que en el periodo de máximo nivel de ayudas (el comprendido entre 1994 y 1999) obtuvo de los fondos comunitarios nada menos que 868 millones de euros (144.000 millones de pesetas).
El Gobierno regional ha tratado de aminorar el impacto de semejante pérdida de fondos, trasladando a las autoridades comunitarias y al Gobierno español –que es el que debe negociarlo en Bruselas– la necesidad de que la reducción de ayudas se haga de manera gradual. Una especie de prórroga del llamado phasing out, ya que la entrada directa en el escalón de ayudas del Objetivo 2 a partir de 2007 obligará a contentarse con una quinta parte de los fondos comunitarios que Cantabria recibe actualmente, y que pueden cifrarse, para esta fase de transición, en unos 362 millones de euros.
Pero siempre quedan esperanzas y un factor hasta ahora poco valorado –la condición de región de montaña– puede ser el penúltimo clavo al que agarrarse para tratar de mantener varios fondos estructurales que por renta per capita ya no son defendibles.

Un lobby de regiones montañosas

Las regiones montañosas han creado un lobby para lograr el reconocimiento jurídico de esta discriminación positiva y ese empeño –en el que Cantabria ha tenido un papel muy activo– ha conseguido un éxito notable al ser incluido este principio en la Constitución Europea, que no sólo establece un trato de favor para las regiones montañosas, sino también las insulares y las despobladas. Un principio que deberá reflejarse ahora en el reparto de los fondos para estos territorios singulares.
La Asociación Europea de Autoridades Políticas de Regiones de Montaña (AEM) se creó en 1991 con la intención de reforzar la capacidad de presión ante las autoridades comunitarias de zonas que, por su escasa población, tenían poco peso para influir en la toma de decisiones. Este lobby celebró una asamblea en Santander en 2003, en la que el presidente del Parlamento de Cantabria, Miguel Angel Palacio entró a formar parte de la dirección, y ha inspirado muchos de los programas aplicados por Bruselas en zonas rurales o con problemas de despoblación.
Pero el objetivo que ahora se plantea es mucho más ambicioso: el diseño de políticas para el desarrollo integral de las regiones de montaña. Esto supone ir más allá de las habituales subvenciones para mantener las rentas agrarias y buscar un crecimiento sostenible al sacar mayor rendimiento de sus recursos endógenos (agua, bosques, valores medioambientales y paisajísticos, calidad agrícola, artesanal, oferta turística…). Para poner en valor estos recursos, la AEM pretende impulsar las inversiones destinadas a mejorar la accesibilidad a estas zonas, facilitar la penetración de las nuevas tecnologías, incentivar actividades económicas ligadas al patrimonio cultural y estimular el sector turístico.
La AEM está convencida de que estas zonas de montaña pueden convertirse en laboratorios avanzados de crecimiento sostenible y creación de empleo. “El enfoque anterior –señala el vicepresidente de la Asociación, Miguel Angel Palacio– era el de pensar en estos territorios como pobres o depauperados, pero no es verdad. Las rentas familiares de sus habitantes han crecido y las zonas de montaña tienen un futuro muy abierto”, defiende.
El reconocimiento otorgado en la Constitución Europea del derecho que tienen estas regiones a recibir un tratamiento diferenciado proporciona la base jurídica para que las ayudas destinadas a dinamizar su economía no colisionen con las normas jurídicas comunitarias sobre competencia.
Es imposible, por el momento, hacer estimaciones sobre su efecto final en el reparto de fondos, pero sí se conoce la propuesta elevada por el Parlamento Europeo a la Comisión, en un informe aprobado hace dos años. En él se abogaba porque estas regiones, independientemente de obtener las ayudas estructurales de los Objetivos 1 o 2, puedan beneficiarse de una tasa de cofinanciación comunitaria reevaluada del 5% al 10%, según la intensidad de sus condicionamientos geográficos o demográficos. Para aquellas que estén fuera de los ámbitos de los fondos estructurales, el Parlamento Europeo proponía un nivel de ayudas equivalente al Objetivo 2.

Frenar el despoblamiento

Precisamente, un rasgo común a estas regiones es el acelerado despoblamiento sufrido en las últimas décadas. Cantabria tiene un 80% de su superficie calificada como de montaña (428.000 hectáreas, de las 529.000 de la región), pero en esa zona tan sólo reside el 15% de sus habitantes, repartidos en 64 municipios, y la sangría de población continúa.
La propia comunidad autónoma ha comenzado a dar respuesta a esta situación de desequilibrio entre lo urbano y lo rural con iniciativas como la creación de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, que agrupa a las seis asociaciones participantes en los planes Leader y Proder y que operan en las zonas de Saja-Nansa; Liébana; Campoo-Los Valles; Pas-Pisueña-Miera; Asón-Agüera y la Asociación País Románico, que incluye a municipios del sur de Cantabria y del norte de Palencia y Burgos.
El objetivo de todas ellas es frenar el éxodo rural mediante el fomento de actividades diferentes a la tradicional ocupación agrícola y ganadera. Una estrategia que podría verse reforzada si, como se espera, el nuevo reparto de fondos estructurales manifiesta a partir de 2007 una mayor sensibilidad económica con estas zonas.
No obstante, hay que ser realista. Si antes de la ampliación de la UE sólo 30 millones de habitantes de la Unión vivían en zonas de montaña y despobladas, la llegada de nuevos países ha ampliado mucho este perímetro, ya que estas circunstancias son bastante habituales en Bulgaria, Polonia, Chequia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia.
En todo caso, este nuevo enfoque servirá para que Cantabria no se desenganche del todo de fondos que continúan siendo vitales para su desarrollo. “Lo que queremos –afirma Miguel Angel Palacio– es que aunque Cantabria deje de ser una región Objetivo 1, porque su nivel de renta ha subido, esta parte del territorio no deje de recibir ayudas debido al déficit natural que tiene”.