El ‘sudoku’ del suelo industrial de Santander

Para quienes gusten de los pasatiempos de ingenio, el avance del Plan General de Santander puede darles más juego que la resolución del damero maldito o de un sudoku. El reto consiste en descubrir quién tiene razón, si los representantes municipales al afirmar que se crea un millón de metros cuadrados para atender las necesidades de suelo industrial de la capital o los 400 empresarios, asociados en AFOEM, que luchan desde hace tiempo por la creación de un gran polígono en los terrenos situados enfrente del Parque Tecnológico, para quienes el nuevo planeamiento urbano tan sólo generará 50.000 m2 nuevos de suelo industrial y ninguno de ellos en esa polémica zona.
La diferencia es tan abismal que sólo cabe pensar que ni unos ni otros hablan de lo mismo al referirse a una cuestión en la que son tantos los intereses que se entrecruzan que se ha convertido en el eje sobre el que pivota el futuro del nuevo Plan General de Santander.

Una partida de ajedrez

En torno al destino que debe darse al suelo situado frente al Parque Tecnológico se juega desde hace tiempo una complicada partida de ajedrez con dos posiciones de partida, la del Ayuntamiento santanderino, que apoya la pretensión de la empresa propietaria de esos terrenos, Real de Piasca, al calificarlos para edificar en ellos más de cinco mil viviendas, y la de los 400 empresarios captados por la ingeniería Ingenor que han visto en ese suelo un lugar para reubicar y ampliar sus instalaciones sin tener que salir de la capital y que cuentan con el firme respaldo del PRC.
Frente a la petición de estos empresarios, que piden un PSIR para crear un gran polígono empresarial de dos millones de metros cuadrados, aprovechando que la enorme finca está contigua al Parque Tecnológico y al futuro suelo industrial de Santa Cruz de Bezana, el Ayuntamiento de la capital ha optado por calificar esos terrenos como urbanos. Lo justifica con la creación en otras zonas del municipio de hasta un millón de metros cuadrados de suelo productivo, un concepto equívoco que explica la distancia entre ambas posiciones.
La calificación de suelo productivo engloba tanto al industrial, es decir, aquél en que se pueden levantar naves –que es lo que persiguen estos empresarios– como el destinado a actividades terciarias (oficinas y usos comerciales). Sólo de este modo saldrían las cuentas del millón de metros cuadrados que el Ayuntamiento afirma crear, pero eso no satisface las necesidades reales de estos empresarios. Para más confusión, en su última redacción, el Plan hace desaparecer suelo industrial que ya figuraba en el avance presentado en mayo del pasado año, como un área de 327.000 m2 situada frente al núcleo comercial del Alisal, de la que la mitad se consideraba suelo productivo, calificación que ha desaparecido para convertirlo todo en residencial.

Dos grandes bolsas de suelo industrial

Los redactores del nuevo Plan General de Santander han concentrado buena parte del suelo productivo en dos zonas, una gran área de unos 300.000 m2 situada en las inmediaciones de Mercasantander y otra de 365.000 m2 en la prolongación de Parque Tecnológico hacia el polígono de Otero. Pero se da la circunstancia de que, en este caso, la previsión de suelo puramente industrial que figuraba en el avance presentado el pasado año se ha recortado sustancialmente para favorecer los usos terciarios (oficinas). Una decisión que podría explicarse por la intención de que esos terrenos sirvan para una futura ampliación del Parque Tecnológico, pero que se entiende menos cuando se comprueba que el suelo que pasa de industrial a terciario se sitúa en la zona más alejada del Parque, no en la más próxima, como cabía esperar, y además estará separado de él por la Ronda de la Bahía y el ferrocarril.
La creación de suelo industrial en los alrededores de Mercasantander es menos confusa, pero también tiene una particularidad que pone en entredicho su eficacia para satisfacer la urgente necesidad de suelo que tienen muchas empresas santanderinas. Según la Memoria del Plan, el desarrollo de este suelo no se llevaría a cabo hasta el segundo cuatrienio, dentro de un ordenamiento urbanístico que está planeado para doce años.
El tejer y destejer suelo industrial en los dos avances del Plan ya presentados ha desembocado, según el colectivo de empresarios que piden el polígono, en el raquítico resultado de tan sólo 50.000 m2 nuevos de terreno donde poder levantar las naves que precisan para su actividad empresarial.

El filtro de la CROTU

A pesar de que en la presentación del nuevo avance del Plan se han tomado en cuenta buena parte de las alegaciones planteadas por los ciudadanos al avance del pasado año, el Ayuntamiento santanderino ha dado un generoso plazo de tres meses (la ley pide uno) en la nueva salida a información pública. Un plazo tan dilatado puede deberse a que el Plan no tiene aún la evaluación de impacto ambiental, requisito obligado para que pueda ser aprobado provisionalmente o a la necesidad de tener tiempo suficiente para negociar algunos flancos que, hoy por hoy, dificultarían su aprobación en la Comisión Regional de Urbanismo (CROTU).
Los empresarios que se han visto desairados en sus pretensiones de suelo industrial han emplazado al alcalde, Iñigo de la Serna, a que “identifique con claridad la localización exacta del millón de metros cuadrados de nueva creación prometidos en el Plan General”. Si, como sostienen, no existe tal dotación, presentarán alegaciones y confían en que la CROTU desestime la aprobación del Plan. La Ley del Suelo exige que los planeamientos urbanísticos sean equilibrados y, en su opinión, no lo es un documento que prevé 26.000 nuevas viviendas pero apenas contempla suelo para las empresas que tendrían que generar el empleo para esos nuevos habitantes.
El Ayuntamiento sabe que el paso del Plan por la CROTU es de alto riesgo y en los últimos tiempos ha suavizado notoriamente su confrontación con el PRC, que llegó a extremos de abierta hostilidad en tiempos de Gonzalo Piñeiro. No hay que olvidar que el PRC controla la Consejería de Obras Públicas, de la que depende la Comisión Regional de Urbanismo, aunque estén representadas en ella organismos muy distintos.
En cualquier caso, el alcalde ha guardado sus bazas ante la posibilidad de que la CROTU rechazase el Plan por encontrar deficiencias en su redacción, algo que, por otra parte, es bastante habitual, como ocurrió con el de Camargo o con las normas de Bezana. De la Serna ha demorado cuanto ha podido el expediente del edificio de Moneo y los pasos para la urbanización de la Remonta y ambos proyectos dependen, ahora, de la entrada en vigor del nuevo Plan. De esta forma, si el Plan se paraliza en la CROTU, el alcalde conseguiría que se volviese en contra del Gobierno, que no solo se juega su credibilidad, sino que estima que crearían 2.000 empleos durante las obras de edificación, lo que contribuiría a aliviar el batacazo del sector de la construcción y la mala evolución de las estadísticas de empleo.

Una solución alternativa

Para salir de este embrollo, los empresarios de AFOEM están dispuestos a un pacto sobre el disputado terreno situado frente al Parque Tecnológico, de forma que pueda darse satisfacción a ambas partes. Ellos aceptarían una reducción del suelo destinado a usos industriales y compartir ese espacio con viviendas, aunque no tantas como planea levantar Real de Piasca. En su propuesta, las 5.500 que según la actual redacción del Plan podría construir allí la promotora, se reducirían a la mitad y se crearía un corredor industrial con el municipio vecino, Santa Cruz de Bezana, de manera que fuese posible construir entre ambos el gran polígono que desean.
De esta manera, se conciliarían los intereses de ambos ayuntamientos, ya que Bezana planea crear en esa zona un millón de metros cuadrados de suelo industrial, algo que la CROTU ya le ha advertido que no podría llevar a cabo sin coordinarse con el Ayuntamiento de Santander que maneja planes completamente diferentes para ese espacio fronterizo entre ambos municipios. Una zona sobre la que convergen tantos intereses que trasciende a una mera disputa por el mejor uso que se debe darse a uno de los escasos espacios libres que quedan en la capital.