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El corta y pega acaba con la estación de San Glorio

La Junta de Castilla y León aceptó la viabilidad de construir una estación de esquí en San Glorio, en la frontera entre Palencia y Cantabria a raíz de un informe que estaba hecho con retales de Internet, bastantes de los cuales ni siquiera se correspondían con el lugar, la climatología ni la orografía que debía valorarse. Los autores, que cobraron 165.000 euros, expurgaron una tesis presentada en la Universidad de Cantabria, que está colgada en la Red, en la información de algunas páginas de divulgación turística e, incluso, en trabajos del Rincón del Vago.
En realidad, nada de eso importa, porque es casi seguro que el entripado del informe no lo haya leído casi nadie de los que tenían que tomar una decisión. Lo único que necesitaban era una conclusión positiva que bendijese el proyecto, y para eso basta la última página. Una vez que los técnicos ya han dado su plácet en un informe generosamente remunerado para ello, el político tiene las manos libres para llevar a cabo lo que quería hacer con todo desahogo.
Si alguien expurgase los miles de informes que se piden cada año desde las administraciones públicas podría encontrar ejemplos idénticos a montones. Lo que ocurre es que nadie se toma la molestia de leérselos y, mucho menos la de valorar su fiabilidad. Sólo cuando, como en este caso, aparece algún ecologista concienzudo o un detalle que salta a la vista, como poner Menorca donde debía decir Palencia, puede llegar a detectarse el fraude.
Los expedientes se llenan de burocracia que nadie lee y que solo sirve como cobertura legal para la tramitación reglamentaria, porque lo que importa, en realidad, es el mero cumplimiento de cada paso legal. Y, por supuesto, un pronunciamiento técnico favorable.
Los grandes despachos de consultoría contratados para dar respetabilidad a los informes, acaban dejando en muchos casos los entripados a simples becarios mal pagados que salen del paso con un corta y pega cada vez más fácil, porque se han formado en una educación donde el profesorado sigue pidiendo trabajos al alumno con una extraña ingenuidad, a sabiendas de que al alumno le basta con buscar lo que hay sobre la materia en Internet, copiarlo y pegarlo y que, en muchos casos, su única aportación original es la portada y el nombre.
Si esto vale para salir del paso en la escuela y en la Universidad, por qué no va a valer en la vida profesional. Y mucho más cuando el que paga lo hace con dinero público y ni siquiera tiene la intención de perder el tiempo leyéndose el informe, porque lo único que le preocupa es que le de la razón, algo que se consigue fácilmente cuando se paga por ello.
Internet ha ayudado mucho en esta absurda obsesión por el peso material de los informes más que por la calidad, para avalar con cientos de páginas lo que podría haberse dicho en unas pocas decenas. Pero que nadie crea que estos atajos tramposos son cuestión reciente. Cuando dos décadas atrás se debatió en la Asamblea Regional la polémica creación de una empresa pública regional como sociedad instrumental para poder reflotar las fábricas de Magefesa en Cantabria, los diputados pudieron manejar la escritura de constitución de la sociedad, en la que figuraba como objeto social construir barcos, en lugar de fabricar cazuelas. Como se ve, esto del corta y pega se lleva hace mucho. Sólo cuando alguien lo detecta y tiene la capacidad de afearlo públicamente, como ha hecho el diario ‘El País’ depara resultados: La Junta ha decidido olvidarse, por el momento, del proyecto de la estación de esquí que, paradójicamente, ha sido víctima de un informe técnico favorable.

El puente levadizo de Raos ya se LEVANTA.– Después de una trabajosa colocación de las grandes piezas del tablero metálico, los técnicos ajustan los mecanismos de izado, la parte más compleja. La parte central del puente se levantará varias veces al día para dar paso a los pesqueros y a los barcos de recreo que amarran en la dársena de Maliaño, pero habitualmente estará en posición horizontal para conectar los muelles de Maliaño con todo el complejo portuario de Raos y evitar que los camiones que mueven las mercancías en tierra tengan que servirse de las calles de la ciudad. También podrá ser utilizado por el ferrocarril, aunque esta utilidad será más ocasional y obligará a detener el tráfico de camiones, dado que las vías discurren por el centro de tablero para evitar que el enorme peso de los trenes desequilibre una estructura con tan pocos apoyos.

Fidel González Cuevas arremete contra el Gobierno

El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria, Fidel González Cuevas nunca ha tenido pelos en la lengua, pero en el último mes se ha despachado a gusto, quizá por la incomodidad que le causa el no estar presente en la Mesa cántabra de la Vivienda, en la que sólo está representada la CEOE y donde ha exigido plaza. González ha criticado la decisión del Gobierno Zapatero de restringir las deducciones por compra de vivienda y, con más dureza aún, las manifestaciones del consejero de Economía, Angel Agudo, en las que aseguraba que las desgravaciones benefician más al promotor que al propio comprador.
Ante la asamblea de su asociación, González Cuevas insistió en que el mejor plan de viviendas es un plan por el empleo, dijo que las medidas puestas en marcha para hacer frente a la crisis han dado poco resultado hasta ahora y anunció la incorporación del Grupo Afilia Inmobiliarias a la organización que preside. Este grupo se formó hace un año y agrupa a 22 empresas y más de cien profesionales.
Asimismo, González Cuevas anunció la próxima creación de un sello de confianza de la Asociación para proteger los derechos de los compradores de viviendas frente a posibles malas prácticas comerciales.

Sniace, en el banquillo por los vertidos

El juicio por los vertidos de Sniace al Río Besaya tras la revocación de la autorización para hacerlo en 2006 ha puesto en una difícil situación a la empresa, ya que la fiscal ha solicitado la intervención judicial de la empresa y una pena de cinco años de prisión para el secretario del consejo de administración, Miguel Gómez de Liaño, por no haber detenido los vertidos y advertido de la responsabilidad en que incurría la sociedad. El presidente de Sniace, Blas Mezquita, que compareció como testigo, explicó que, tras conocerse la revocación, el consejo decidió recurrir la medida y reducir la actividad de la fábrica «al mínimo».
El presidente de Sniace precisó que la eliminación total de los efluentes no era posible debido a que la planta de blanqueado y la de zinc necesitaban mantener la producción para medir su impacto sobre la contaminación.
También sostuvo que si se hubiera paralizado la actividad completamente no hubiera sido posible reanudarla. El cierre, señaló Mezquita, hubiera sido una «barbaridad» teniendo en cuenta las inversiones que la compañía tenía previsto para depurar sus vertidos, estimadas en 40 millones de euros.
La fiscal sostuvo que la fábrica fue advertida por tres veces por la Confederación Hidrográfica de que no podía seguir haciendo unos vertidos equivalentes en carga contaminante a los que genera una ciudad de 390.000 habitantes y aseguró que la compañía ha estado utilizando el río Besaya “como un vertedero”. También recordó que los residuos de Sniace provocaron que España no pudiera cumplir los criterios de calidad medioambiental de la Unión Europa en agosto de 2008 y que de esa circunstancia se derivarán sanciones “que pagará el Estado español, no la empresa”.
La defensa calificó las tesis de la fiscalía como “maximalistas y cuestionó los métodos que el Seprona empleó para la toma de las muestras de agua contaminada del río, restando validez a las pruebas.

Aguirre le da un voto a Santander en Caja Madrid

La presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre, en su empeño por evitar que el control de Caja Madrid esté indirectamente en manos de su compañero de partido Alberto Ruiz Gallardón ha elaborado una nueva modificación de la ley regional de Cajas, que reducirá a la mitad el peso que tiene la capital en la asamblea general de Caja Madrid. A cambio, entrarán otras ciudades donde la entidad tiene cierta implantación, entre ellas Santander, cuyo Ayuntamiento deberá designar un delegado.
Esperanza Aguirre consigue con el nuevo anteproyecto lo que ya pretendía con el anterior, que tuvo que retirar ante la amenaza del Gobierno de recurrirlo por inconstitucionalidad, y en este caso no parece vulnerar la ley general. Si se realiza una tramitación rápida, la renovación de los cargos de la Caja madrileña ya se realizarían bajo las estipulaciones de esta normativa y eso impediría que Miguel Blesa –cercano a Gallardón– continúe como presidente de la cuarta entidad financiera más importante del país. A su vez, la presidenta de la comunidad podría cerrar la crisis institucional que ha creado en la entidad con sus maniobras para retirar a Blesa, aupando a la presidencia de la Caja a alguien próximo, gracias a la nueva relación de fuerzas, mucho más favorable para el Gobierno autonómico que para el Ayuntamiento.

El riesgo de morosidad es menor en las empresas cántabras

El 3,8% de las empresas cántabras presenta un alto riesgo de no cumplir con sus compromisos de pago durante los próximos doce meses, mientras que la media nacional se eleva hasta el 9,6% (un 0,7 menos que hace un año).
Estos datos forman parte de un estudio de la empresa de información comercial Iberinform, que destaca que esa bolsa de máximo riesgo está formada, fundamentalmente, por empresas del sector de la construcción y afines y del transporte que ya son morosas o que tienen una probabilidad superior al 70% de generar impagos en sus relaciones comerciales a lo largo de los próximos doce meses.

Mayor control

Hace un año, el mismo estudio situaba en el 10,3% el porcentaje de empresas que se encuentran en zona de alto riesgo, lo que supone una leve mejoría en las previsiones de morosidad. Se atribuye a la adaptación del tejido productivo al nuevo entorno de crisis y, sobre todo, a los mayores controles en la gestión del crédito al cliente.
El análisis por comunidades autónomas muestra grandes diferencias. Las empresas situadas en el Sureste de España presentan las mayores probabilidades de impagar durante el próximo año, junto con Galicia, mientras que Cantabria, La Rioja y Navarra se sitúan por debajo del 4%.

CAE EL EDIFICIO DEL GOBIERNO.– El edificio del arquitecto Bringas que fue la sede de la Diputación Provincial y durante veinticinco años la sede del Gobierno regional ha perdurado mucho más de lo previsto, porque hace ya diez años que el Gabinete de Martínez-Sieso decidió convocar un concurso para sustituirlo por uno nuevo encargado a Moneo, pero su resistencia a la piqueta ha sido mínima. Una vez que el Ayuntamiento de Santander accedió a autorizar el derribo, las dependencias en las que se decidía la vida diaria de la autonomía no han planteado ninguna dificultad a las máquinas que, como ya ocurrió con los derribos en la urbanización ilegal de La Arena, demostraron lo fácil y rápido que es destruir. El inmueble diseñado por el autor del Palacio de la Magdalena o el Club Marítimo, fue encargado durante la República para albergar el Museo de Prehistoria, pero pronto tuvo que compartir ese destino con organismos administrativos. Su vida útil debiera haber concluido hace cuatro años, cuando se inauguró el llamado Edificio Puente, en la calle Peña Herbosa, al que se trasladó provisionalmente el Gobierno mientras se construía una nueva sede en el solar que ha ocupado el Palacio de Puertochico. Sin embargo, el Ayuntamiento de Santander cambió de opinión al formarse el Gobierno de coalición PSOE-PRC y ha retrasado la autorización para la construir el Edificio Moneo hasta garantizarse que el Gobierno no pondrá especiales obstáculos a su reforma del Plan General Urbano.