Confidencial

JAVIER MERINO SE QUEDA CON LA RED CANTABRA DE TELEPIZZA

La amplia red de establecimientos que la cadena de Telepizza tiene franquiciados en Cantabria ya no está en manos del grupo de inversores locales que, con la familia Acha a la cabeza, apostaron en 1989 por esta fórmula de restauración. Su sociedad, Fasgel, ha sido adquirida por el empresario Javier Merino, más conocido por ser el marido de una de las figuras más habituales de la prensa del corazón, la modelo madrileña Mar Flores, que por su propia trayectoria empresarial, ligada al mundo de la restauración, las estaciones de servicio y las promociones inmobiliarias.
Fasgel, que por su nivel de facturación (más de seis millones de euros) se ha situado como la primera empresa de restauración de Cantabria, fue absorbida por Di Bocca, una de las empresas de Javier Merino, que explota ya los nueve establecimientos de Telepizza en Cantabria (cinco en Santander, y uno en Torrelavega, Camargo, Laredo y Castro Urdiales). Fasgel fue el primer franquiciado que tuvo Telepizza en España, cuando aún no era previsible el espectacular éxito que iba a tener su fórmula.

DE LA TRANSPARENCIA
A LA BUROCRACIA

En cualquier política de reducción de costes hay terrenos donde poco se puede hacer y algunos gastos que no sólo no bajan, sino que suben. En el Banco Santander hay uno que irrita por el volumen que ha llegado a adquirir y la sensación de que sólo produce burocracia. El año pasado tuvo que dedicar 200.000 horas de trabajo (el equivalente a 117 personas ocupadas todo el año) sólo para completar las normas sobre transparencia impuestas por las autoridades bancarias y bursátiles de Estados Unidos, que son mucho más rigurosas desde el caso Enron. Botín se ha quejado del enorme coste que supone el tener que cumplir con las exigencias informativas de cada uno de los países en los que opera el banco, (más de medio centenar) aunque afortunadamente para el Santander el caso de EE UU es excepcional. En su opinión, bastaría con una mejor coordinación entre las autoridades regulatorias de los distintos países para reducir el papeleo y el desmesurado gasto a que están dando lugar las políticas de transparencia.

A VENEZUELA EN BUSCA DE DERECHOS
DE CO2

A punto de hacerse público los derechos de emisión de CO2 para el periodo 2008-2012, la preocupación por los recortes anunciados para esta segunda fase del Protocolo de Kioto ha llevado a una empresa cántabra a poner en práctica una vía alternativa para asegurarse los suficientes derechos de emisión de gases de efecto invernadero. La iniciativa consiste en levantar en Venezuela una central hidroeléctrica, una energía renovable que permitirá a la financiadora adquirir el derecho de emitir en Cantabria –o a vender en el mercado de emisiones– el equivalente a las toneladas de CO2 que se evitarán con el funcionamiento de esa planta, al sustituir el consumo de combustibles contaminantes.
Venezuela es uno de los países en vías de desarrollo a los que el Protocolo de Kioto concede un mayor margen para la emisión de gases de efecto invernadero y la iniciativa cántabra se enmarca entre los ‘mecanismos flexibles’ previstos en el propio Tratado.
Las empresas cántabras temen esta segunda fase del Plan Kioto, en la que no sólo se van a reducir los derechos de emisión de CO2, sino que no serán del todo gratuitos, como en la primera. En la asignación inicial, para el periodo 2005-2007, las industrias de la región que emiten CO2 no tuvieron problemas, ya que ninguna de las 21 afectadas agotó su cuota e, incluso, tres de las más importantes llegaron a vender las toneladas sobrantes de CO2 en el mercado de emisiones, lo que les produjo unos modestos e inesperados ingresos.

LAS EMISORAS CANTABRAS SE DUPLICAN

Después del reciente reparto de diez emisoras de FM en Cantabria –un proceso que coleaba desde 1998– se avecina uno nuevo con veinte frecuencias más. De esta forma, quedarán cubiertos todos los espacios técnicamente posibles del dial, siempre, por supuesto, que desaparezcan las piratas que ahora los están ocupando de facto. Dentro del Plan Técnico Nacional, el Ministerio de Industria ha atendido la propuesta que le llegó de Cantabria en su totalidad, de forma que cuando el Gobierno cántabro realice el concurso de adjudicación (probablemente el año que viene) el número de emisoras comerciales de la región pasará de 24 a 44.
Cantabria, en cambio, no ha solicitado ninguna emisora pública autonómica en esta oleada, si bien ya tiene tres frecuencias reservadas para ello sin utilizar.
De las veinte nuevas frecuencias, cuatro serán para emitir en Santander, otras cuatro para Torrelavega, dos para Cabezón de la Sal, y una para cada uno de los siguientes municipios: Camargo, Los Corrales de Buelna, Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Noja, Potes, Ramales de la Victoria, San Vicente de la Barquera, Val de San Vicente y Valderredible.