La nueva hoja de ruta de la Formación Profesional

La formación continua, la puesta al día de competencias o el aprendizaje de nuevas habilidades a lo largo de toda la vida profesional son las tres patas de la política de formación para el empleo. El problema es cómo acertar con el modelo que más se aproxime a ese objetivo, una búsqueda que ha sido continuo motivo de debate entre los agentes sociales y las administraciones con competencias en esta materia y que ha desembocado en la progresiva convergencia de las tres áreas en que tradicionalmente se ha dividido la formación profesional: la reglada (para estudiantes), la ocupacional (para desempleados) y la continua (para trabajadores en activo).
Tras eliminar la barrera que separaba los cursos para trabajadores de los que se impartían para los parados, de manera que ya no existan enseñanzas dirigidas exclusivamente a uno u otro de estos colectivos, las comunidades autónomas se aprestan a dar el siguiente paso, la creación de centros de formación integrados, capaces de unificar toda la oferta de formación profesional.

Optimizar recursos

Estos dos grandes cambios en el modelo de formación laboral ya han comenzado a producirse en Cantabria. Los cursos que se impartirán el próximo año ya no diferenciarán entre trabajadores en activo y desempleados, aunque sí habrá enseñanzas dirigidas prioritariamente a unos u otros.
Más repercusión está llamada a tener la creación de centros integrados, una medida contenida en la Ley de Cualificaciones del año 2002 aún sin desarrollar y que se ha convertido en una de las grandes líneas estratégicas de la concertación social.
Mientras en comunidades como Cataluña la red de centros que integrarán los tres tipos de formación profesional se anuncia para 2009, en Cantabria hace algo más de un año que ya existe un Centro Integrado de FP en Peñacastillo, aunque la diligencia en su creación no haya corrido pareja con la eficacia de su puesta en marcha. Así lo creen, al menos, los sindicatos, que achacan a trabas burocráticas que el centro esté funcionando “casi como un Instituto de Secundaria” en vez de cumplir la función para la que ha sido diseñado.
En cualquier caso, los agentes sociales son unos firmes defensores de este modelo por entender que favorece la formación continua y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. En su opinión, es positivo acabar con la separación entre trabajadores ocupados, desempleados y jóvenes en formación, poniendo en común recursos y profesorado.

Acreditación de capacidades profesionales

Estos centros integrados están llamados a cumplir un papel clave en la modernización de la FP al mejorar la formación de los enseñantes y la prospección de las necesidades del mercado laboral. Pero también deberán demostrar su eficacia para abordar nuevas cualificaciones o en los procesos de acreditación de competencias.
Este último aspecto continúa siendo una de las grandes carencias del modelo español de formación profesional, ya que, a pesar de que muchas comunidades disponen desde hace tiempo de organismos encargados de regular la acreditación de competencias profesionales que no cuentan con una titulación oficial (Cantabria tiene el ICEA), todavía no han entrado en funcionamiento, al no existir un marco jurídico nacional.
Según cálculos sindicales, en nuestra comunidad hay 96.000 trabajadores con competencias profesionales contrastadas por una gran experiencia laboral que, sin embargo, no cuentan con titulaciones y podrían beneficiarse de la puesta en marcha de este organismo. Precisamente, los centros integrados están llamados a jugar un importante papel en el diseño de las pruebas o en el control de los conocimientos de quienes busquen una acreditación.
Para los agentes sociales, la región debería llegar a tener una red de estos centros para dar cobertura a todas las comarcas con un amplio abanico de enseñanzas.

Un objetivo estratégico

La implantación de este nuevo modelo forma parte de la hoja de ruta de la FP que el Gobierno central y los sindicatos se disponen a abordar este mes. Para el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, la FP se ha convertido en una prioridad de carácter estratégico por razones tan de peso como el alto fracaso escolar que presenta España o la baja productividad de nuestra economía.
La formación profesional puede ser la herramienta para intentar solucionar un grave problema de nuestro sistema educativo: un 30% de los jóvenes que concluye la enseñanza obligatoria deja de estudiar. La FP podría servir de cauce para reducir esa elevada tasa de abandono, aunque deberá cambiar la mentalidad social para que esa modalidad de enseñanza resulte más atractiva. Sobre todo en su grado medio, donde los alumnos que la eligen están 18 puntos por debajo de la media europea. En cambio, la FP de grado superior, que precisa tener realizado el bachillerato, va abriéndose paso en la estima social, quizá por ofrecer mejores salidas laborales.
El objetivo del Gobierno español está en línea con las orientaciones del Consejo de Europa, que pretende conseguir que, para el 2010, el porcentaje de los alumnos que abandona la escuela prematuramente no pase del 10%.
Tan importante como el aspecto educativo es la incidencia que debe tener la formación profesional en la marcha de la economía nacional. El escenario de crisis en que nos encontramos ha vuelto a poner de manifiesto uno de los más graves fallos de nuestra economía, la escasa productividad. La inversión en capital humano es una de las mejores recetas para solucionarlo y en la FP queda mucho por hacer. Así lo demuestra la comparación de nuestras cifras con las de la Unión Europea, donde el 45% de los jóvenes son graduados en formación profesional frente al 28% de España.

Baja participación de trabajadores y empresas

Otro ejemplo del largo recorrido que aún tienen frente a sí las políticas para el empleo es el bajo nivel de participación de la población laboral en la formación continua. También aquí el Consejo de Europa ha fijado unas orientaciones que los sindicatos españoles han hecho suyas. Para este organismo, lo deseable sería llegar al 2010 con un nivel de participación en la formación continua del 12,5%, mientras que, según el último dato actualizado, el porcentaje de población en edad laboral que en 2006 recibió algún tipo de educación o formación fue del 10,4%.
Si España está a cierta distancia de ese objetivo, más preocupante aún es que Cantabria se encuentre, con Asturias, a la cola del país, con tan sólo un 8,6% de la población trabajadora que realiza formación continua.
Lola Ortiz, secretaria de Formación de UGT, achaca esta situación a la escasa sensibilidad empresarial hacia estas necesidades: “En Cantabria no existe una mentalidad empresarial que apueste realmente por los recursos humanos y el esfuerzo de formación se les exige a los trabajadores fuera de sus horas laborales”. Una prueba son las devoluciones sistemáticas de los recursos que las empresas pueden dedicar a formación interna.
Ortiz apunta también a las dificultades de los institutos de FP para implicar a las empresas en las prácticas que deben hacer los alumnos y tampoco ayudan las rigideces del sistema, con cursos obsoletos, carencia de acciones formativas en profesiones que, a pesar de ofrecer una rápida salida laboral, acaban por cubrirse con mano de obra inmigrante, o la exclusión del sistema de formación profesional de colectivos como los trabajadores a turnos, a los que la irregularidad de sus horarios les imposibilita, en muchos casos, acudir a los cursos.
Queda mucho camino aún para extraer todo el potencial que guarda la formación profesional como respuesta a las cambiantes necesidades del mercado de trabajo, pero no hay mucho tiempo para hacerlo. Si la FP y las políticas orientadas a la mejora de la empleabilidad están llamadas a jugar un papel para contrarrestar las crisis económicas, deberán demostrarlo ahora.