Rubiralta dice que los 500 millones que reclama Celsa se destinaron a «operaciones intragrupo»

Una perito asegura que el acusado «ideó y ordenó» el borrado de información

BARCELONA, 16

El antiguo administrador del Grupo Celsa, Francesc Rubiralta, ha asegurado este lunes, en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Barcelona, que los 500 millones de euros que le reclama Inversiones Pico Espadas S.A. –actual propiedad de Celsa– se destinaron a «operaciones intragrupo».

La actual propiedad de la siderúrgica señala a Rubiralta como responsable de presuntas conductas contrarias a sus deberes como presidente y administrador –cargos que ocupó entre 2010 y 2023– por no declarar vencido ni reclamar, entre 2020 y 2022, el pago del crédito intragrupo suscrito entre sociedades patrimoniales controladas por la familia Rubiralta y las sociedades operativas del Grupo Celsa.

Sin embargo, Rubiralta ha señalado que los 504 millones de euros que ahora se le reclaman –482 millones más intereses– se destinaron a «operaciones intergrupo de reinversión en compañías extranjeras» del grupo Celsa que quedaron reflejadas en las cuentas anuales, y ha negado que los accionistas obtuvieran algún rendimiento.

Al ser preguntado a qué sociedades en concreto se destinó esta cifra, Rubiralta ha dicho que «gran parte de los fondos» fueron a parar a sociedades extranjeras del grupo, entre las que figuraban Celsa UK, Celsa Polonia y Celsa Nordic.

El letrado de los demandantes le ha reprochado a Rubiralta su falta de concreción, pues tenía una responsabilidad «bicéfala»: por un lado, como accionista de las sociedades que acumularon la deuda multimillonaria y, por otro, como consejero delegado, pues estaba obligado a tomar medidas de precaución y de prevención para que la sociedad pagase sus deudas, en sus palabras.

Preguntado si en su concepción de reinversión encaja la compensación que su padre –fallecido en 2010– tuvo que dar a su tío cuando se dividieron los negocios farmacéuticos y del acero, de 212 millones de euros, Rubiralta ha asegurado desconocer «cómo se hicieron las operaciones de separación entre un grupo y otro».

Sobre los 482 millones, Rubiralta ha aseverado que los acreedores financieros «sabían que el único activo de las sociedades patrimoniales eran las acciones del grupo Celsa, que había un crédito intragrupo» y que si en algún momento hubiesen reclamado el crédito, las sociedades patrimoniales se hubieran pagado con el valor de las acciones del Grupo Celsa.

«BORRADO MASIVO»

Sobre un supuesto «borrado masivo» de información corporativa entre julio y noviembre de 2023 –en paralelo a que el TSJC acordara la homologación del plan de reestructuración propuesto por los entonces acreedores de Celsa, que les convertía en accionistas en sustitución de los antiguos propietarios–, Rubiralta lo ha negado.

Ha explicado que en 2023 una de sus participadas sufrió un ciberataque y que decidieron «reubicar» cierta información albergada hasta entonces en los dispositivos más vulnerables de la compañía, como PCs, móviles y correos electrónicos.

A propuesta del equipo de Recursos Humanos, según él, se presentó un plan ante el Comité de Dirección, que fue aprobado y se ejecutó, pero sin que le conste que se eliminara información: «No hubo un borrado».

El que era director de Recursos Humanos antes del cambio de control, que ha declarado como testigo, ha dicho al ser preguntado si las órdenes de borrado de información que recibieron obedecían al interés que Rubiralta podía tener en que los nuevos gestores no tuvieran a su disposición determinada información, que sí le consta que se borró información «sensible».

Entre ella, correspondencia que él mismo había intercambiado por e-mail con compañeros del Comité de Dirección de Grupo, del Comité Operativo, altos ejecutivos, y también con su jefe, Francesc Rubiralta: «Hay información que teníamos y que ahora no tenemos».

«EL OBJETIVO FUE DESTRUIR LA INFORMACIÓN»

La perito a la que el nuevo consejero delegado, Jordi Cazorla, encargó el análisis del ordenador y el teléfono móvil de Rubiralta, ha dicho que se dieron cuenta de que «los sistemas operativos de estos dispositivos habían sido instalados muy recientemente», en agosto de 2023, y que el tamaño de los archivos eran muy inferiores a lo que cabría esperar.

Ha asegurado que antes de producirse el cambio de control del grupo se produjo un proceso de borrado en dos fases, que en la primera se eliminó la información relativa a los principales cargos executivos y que «la persona que ideó y ordenó la ejecución del borrado fue el señor Rubiralta».

Además de la extracción de información de los servidores y del borrado de copias de seguridad, también se eliminaron 20 cajas de documentación y «el proceso solo afectó a determinados usuarios y el listado de usuarios que se iban a ver afectados lo elaboró el señor Rubiralta».

La perito ha negado que el fin último fuese proteger la información de un ciberataque, como ha argumentado Rubiralta: «El objetivo fue destruir la información».

ANÁLISIS CONTABLE

Un perito de KPMG propuesto por los demandantes ha dicho que entre 2006 y 2009 hubo «triangulaciones entre sociedades», con un total de 966 transacciones que dieron lugar a un saldo neto de 482 millones, de los cuales 212 millones fueron a parar a la segregación de los negocios farmacéutico y acerero y 32 millones a que Francisco Rubiralta acometiese una ampliación de capital.

Los restantes, ha dicho, fueron a dividendos de las sociedades patrimoniales que no tenían actividad, honorarios de Rubiralta por su cargo de administrador de estas sociedades, pagos de otros créditos y a la compra de un terreno, entre otros.

Sin embargo, otro perito propuesto por el demandado ha asegurado que la deuda se generó entre el grupo Celsa y las sociedades Pico, que en la reestructuración de 2017 ese crédito se empleó como parte del saneamiento del balance del grupo y que se sabía que era «incobrable».

Tras practicarse la totalidad de la prueba, los demandantes han concluido que la familia Rubiralta actuó de forma «clamorosamente abusiva» descapitalizando la empresa para enriquecerse, que los fondos se usaron para sufragar operaciones sin recurrir a su patrimonio y que nunca tuvieron la intención de reintegrarlos, mientras que los abogados del demandado han subrayado que fue una acción social.