¿La solución para dos desaguisados?

Cuando Hormaechea expropió las antiguas naves y oficinas de Astilleros del Atlántico para dar más lustre al Palacio de Festivales tenía la sensación de que poco o nada podían reclamar los propietarios –si es que alguno quedaba con ánimo para hacerlo–. En primer lugar, la empresa llevaba tres años en suspensión de pagos y sin ninguna actividad. En segundo lugar, el presidente regional se sentía cargado de razones morales, ya que se había hecho cargo de parte del coste de las prejubilaciones, que empezaban a suponer una carga financiera muy incómoda en unos años en que en la Diputación sólo había deudas, las que él mismo había generado en la legislatura anterior.
Por eso, la expropiación parecía una de las más fáciles que hubiera hecho nunca y eso que Hormaechea estaba muy acostumbrado a hacerlas y a resolver la mayoría de ellas por un procedimiento negociado, con alguna compensación en especie que en los pueblos casi siempre se traducía en asfaltar la entrada a la vivienda del propietario del terreno. Los 70 millones que se fijaron por la expropiación del solar que ocupaban las naves del antiguo astillero eran una cifra como cualquier otra. Lo que no pudo imaginar es que algún día aquella cantidad se multiplicase por más de 100 en los tribunales.
Desde entonces ha llovido mucho, pero algunos pleitos siguen vivos, lo que demuestra que las consecuencias de las decisiones políticas sobreviven a sus protagonistas, a los que casi nunca es posible pedir cuentas. Hormaechea no contó con que enfrente tenía a un abogado poco acostumbrado a perder, Marino Fernández-Fontecha, que no sólo fue el auténtico protagonista de esta batalla, sino que, como el Cid, acabó por ganarla después de muerto.
La vieja Astilleros del Atlántico tiene que ser indemnizada, según el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria con una cantidad de 4.500 millones de pesetas que, sumados los intereses transcurridos desde la expropiación se disparaba hasta los 7.900 millones en la fecha de la sentencia.
La suma excede con mucho de la cantidad que la empresa dejó a deber a sus acreedores, unos 2.000 millones, la mayor parte de los cuales estaban contraídos con Hacienda y la Seguridad Social, organismos que, con toda seguridad, nunca habrán imaginado cobrar.
El Gobierno cántabro que obviamente no está muy satisfecho con la condena, ha recurrido ante el Tribunal Supremo donde cabe que se ratifique la sentencia –y los intereses acumulados para entonces harán que la indemnización se acerque a los 10.000 millones de pesetas– o se revoque. En el peor de los casos para la empresa, recibiría los 500 millones de pesetas fijados en el año 2000 por el Jurado Provincial de Expropiaciones más aproximadamente otros cien millones por los intereses devengados por esta cantidad.

Negociación

La partida se ha convertido en una jugada de casino al todo o casi nada para ambas partes y en esta ocasión al político le quedan muy pocas estrategias para demorar el pago.
La empresa ya en varias ocasiones anteriores ofreció negociar. Aún hace tres años dejó sobre la mesa del entonces consejero de Economía, Federico Santamaría, una propuesta de renunciar a la indemnización que pudiera fijar el TSJC a cambio de 800 millones de pesetas. Por entonces la posibilidad de que el Tribunal aceptase los 4.500 millones solicitados era una mera hipótesis. Quizá por eso, o porque el consejero no tenía una partida para abordar una operación semejante y menos para un problema heredado, tampoco prestó demasiada atención a la propuesta.
Ya después de la sentencia, los representantes de Astilleros del Atlántico han vuelto a realizar algunas maniobras de aproximación al Gobierno regional, pero tampoco han llegado a calar. La administración ha preferido chutar otra vez la pelota hacia el futuro, con el recurso ante el Supremo, aunque corre el riesgo de que, para cuando se vea el caso, la cuantía aumente en casi 2.000 millones de pesetas por los intereses acumulados.

Los trabajadores, copropietarios

En realidad, las expectativas de los actuales propietarios de Astilleros del Atlántico son más modestas. El tiempo transcurrido ha provocado que el accionariado haya cambiado y en la actualidad el principal accionista es el consultor Juan Ignacio Echevarría, una persona que no tiene grandes ambiciones personales. También participan algunas familias de antiguos directivos del astillero, que en la última época cobraron en acciones, y los trabajadores, que reci- bieron remuneraciones por la misma vía cuando ya era imposible pagarles de otra forma, y ahora se encuentran con unas perspectivas que nunca pudieron imaginar. Un 14% del capital está en manos de antiguos operarios que, en algunos casos no son del todo conscientes, dado que se desentendieron de las juntas de accionistas hace años, aburridos por la falta de expectativas.
La situación no deja de ser insólita, tanto por la cuantía que pueden recibir los beneficiarios –el astillero ha resultado ser mucho más rentable cerrado que abierto– como por el hecho de que ninguno de ellos esté ya vinculado a los accionistas tradicionales de las gradas de San Martín: la familia Corcho, primero; más tarde los Pérez Maura y, finalmente, los Slinin.
Una salida para este problema, que en el peor de los casos tendrá que encontrar una solución definitiva cuando en el plazo de uno o dos años se pronuncie el Supremo, parece haberla encontrado el gabinete Ingenor, que trabaja para los propietarios del desaparecido astillero y ha tenido un papel sustancial en el pleito ganado ante el TSJC, ya que en la sentencia se reconocieron sus argumentos técnicos para valorar la indemnización. La ingeniería sugirió a los accionistas de Astilleros del Atlántico canjear sus derechos por el solar del Gobierno en Casimiro Sáinz donde está previsto que se levante el gran edificio proyectado por Moneo como futura sede. La idea, recogida en el número 109 de Cantabria Económica, parece haber sido aceptada por los accionistas del desaparecido astillero, aunque los 3.500 metros cuadrados de este solar, aplicando el precio que el tribunal ha admitido para el antiguo astillero, a pesar de que su ubicación es peor, valdría menos de la mitad de la cuantía que finalmente puede reconocerles el Supremo como indemnización si ratifica la sentencia del TSJC.

Una forma de eludir varios problemas

La propuesta desatasca varios problemas a la vez. Como es obvio, disipa las incertidumbres para los propios titulares de Astilleros Atlántico que aún corren el riesgo de perder en el Supremo y, por tanto, de quedarse solamente con los 500 millones de pesetas en que fijó el precio el Jurado Provincial de Expropiaciones.
No son los únicos aparentemente beneficiados. El Ejecutivo cántabro resolvería varios conflictos que han tenido una evolución muy incómoda para sus intereses, especialmente las protestas populares contra la ubicación de la nueva sede, dado que el solar es claramente insuficiente para el edificio que pretende construirse. En cambio, los antiguos terrenos de Astilleros del Atlántico, con 8.500 metros cuadrados de superficie, y la posibilidad de reordenar la zona de San Martín, prometida por la Autoridad Portuaria hace más de tres años, contribuirían a dar una perspectiva distinta al edificio, según la propuesta de los propietarios. Todo ello sin que el Gobierno se viese obligado a hacer ningún desembolso en metálico, aunque eso sí, tendría que renunciar a su actual sede.
El trueque evitaría, por otra parte, el llamado edificio puente, que requiere un desembolso añadido de 1.200 millones de pesetas y cuya construcción tiene visos de resultar problemática a tenor de las grietas que han ocasionado en las casas colindantes las primeras catas.
Pero quizá lo más significativo es el hecho de que la construcción de la futura sede en un lugar distinto al actual no exige ningún traslado temporal de despachos y funcionarios y permite ganar al menos dos años en el plazo de la obra, al iniciarse de inmediato, algo que con el actual proyecto es imposible ya que previamente debe construirse la sede provisional, hacer el traslado de enseres y personal, derribar la actual sede, construir sobre su solar el edificio de Moneo y hacer un nuevo traslado.
A la larga relación de efectos colaterales de la futura sede que puede evitar la propuesta del astillero se añade el de los problemas judiciales que parecen perseguir a la administración autonómica en sus decisiones urbanísticas, ya que las licencias para construir la sede de Moneo y el edificio-puente van a ser recurridas por la plataforma ciudadana que se opone a la construcción, por vulnerar las exigencias del plan de conservación del Paseo Pereda, que obliga a mantener la tipología de todo el entorno.
La propuesta de Astilleros del Atlántico ha sido bien acogida por algunos estamentos del PP pero sigue sin ser valorada por el Gobierno regional que mantiene su decisión de construir en Casimiro Sáinz. Sin embargo, parece más que probable que su predisposición a negociar aumente el año próximo, a medida que se acerque la fecha de la sentencia definitiva en el Supremo ya que, de ratificar la emitida por el TSJC, la autonomía no tendría posibilidad alguna de hacer frente a semejante cuantía sin pasar el difícil trago de solicitar al Parlamento una ley de crédito extraordinario.