Los cursos en el extranjero enfrentan al sector privado con la Administración

Cerca de 80.000 estudiantes españoles –de los que unos 800 son cántabros– se desplazan cada año a países de habla inglesa para aprender el idioma en su propio entorno. Y la iniciativa va en aumento porque ya no se concibe una formación adecuada a las exigencias del mercado laboral sin el dominio del inglés. Claro que no es una opción al alcance de todos los bolsillos, porque seguir un curso de tres o cuatro semanas de duración en el extranjero viene a costar entre 3.000 y 4.000 euros. Quizá por eso, muchas comunidades autónomas, entre las que se encuentra Cantabria, no sólo fomentan el aprendizaje con ayudas públicas sino que han llevado su celo hasta convertirse en agencias de viajes lingüísticas, algo que no gusta a las empresas del sector.
La oferta de un catálogo de cursos por parte de la Administración pública es entendida por las empresas que se dedican a organizar estos viajes para aprender idiomas como un claro caso de competencia desleal, tal y como explica el presidente de la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero (Aseproce), el cántabro Juan Manuel Elizalde: “La Administración está para cubrir vacíos donde la empresa privada no tenga oferta o para fomentar su competitividad, pero no entendemos a qué viene vender un curso de inglés en Londres cuando hay una oferta inmensa”, dice.

Un concurso público

Algunas comunidades empiezan a ser receptivas al planteamiento de un sector que agrupa en España a 72 empresas. Es el caso de Cataluña, donde se ha optado por convocar un concurso público y es una empresa privada la que organiza los cursos de idiomas promovidos por la Generalitat. A la patronal del sector le gustaría que ésta fuese la solución que adoptasen todas las autonomías, o que se limitasen a otorgar unas becas de estancia en el extranjero en vez de gestionar por sí mismas esos viajes.