El foro verde

Un clásico en las escuelas de negocios pasa por estudiar los diferentes modelos de negociaciones, buscando, dentro de lo posible, el famoso modelo gana-gana frente al pierde-pierde, que, aunque nos sorprenda, es mucho más habitual de lo que parece. Algo tendrá el lado oscuro que resulta tan atractivo.
Recientemente, el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, ha instado la búsqueda de una solución para la EDAR de la Vuelta Ostrera que permita mantener la inversión y destinar el ahorro que resulte para el saneamiento de la cuenca del Saja-Besaya, especialmente desde Los Corrales hasta Suances. Un modelo gana-gana que nos parece bien. Muy bien.
Además de estar de acuerdo, entendemos que la solución es perfectamente posible desde el punto de vista legal, que es necesaria ambientalmente y económicamente imprescindible. Pero también entendemos que dicha solución es asumible desde el punto de vista de las funciones, objetivos, motivaciones y exigencias éticas que puedan existir en los estatutos de ARCA.
Además, en ámbitos de protección aún más exigentes y delicados ambientalmente de lo que es el mero dominio público marítimo-terrestre, como es el ámbito de la protección de los espacios naturales, los hábitats y las especies silvestres, la propia Unión Europea admite que, en ocasiones, se podrán adoptar “medidas compensatorias” cuando se ejecuten planes o proyectos que puedan afectarlos negativamente.
Y es que, en puridad, la ocupación de nueve hectáreas en las marismas de La Junquera no es una cuestión que tenga verdadera trascendencia medioambiental, desde el punto de vista de la biodiversidad y de la conservación de ese tipo de hábitats en Cantabria. No es una cuestión ambiental sino una cuestión “dominical”, es decir, que incide en las limitaciones que recaen sobre un suelo por ser de dominio público. Nada más.
Permutar el derribo de la EDAR por una serie de medidas compensatorias, y entre ellas un plan eficaz de inversiones en el saneamiento del Saja-Besaya, incluso adaptando este saneamiento hacia un modelo más acorde con los postulados que defiende ARCA, es compatible con la legalidad vigente y con los objetivos y funciones de la asociación conservacionista.
Eso sí, no se trata de correr un tupido velo sobre el asunto. No se está proponiendo hacer un borrón y cuenta nueva. Es necesario depurar responsabilidades tanto en vía penal como en vía administrativa, exigiendo consecuencias para aquellos funcionarios o autoridades que desde la Administración del Estado promovieron, autorizaron y ejecutaron el proyecto en suelo tan evidentemente poco apto desde el punto de vista del uso del dominio público.
Y es que, si por algo nos molesta lo de la Vuelta Ostrera, al resto de ciudadanos, es por poner de manifiesto el trato que en ocasiones se dispensa a unos en detrimento de otros. Esa misma Demarcación de Costas, que tanto gusta de acudir con la regla en la mano, para medir si te has metido 20 u 80 centímetros dentro del dominio público, es la misma que, curiosamente, aquí, dentro de su propio ojo, no veía ni la paja, ni el árbol, ni el bosque entero. Y esto ofende, y mucho.

Martín J. Silván
Dtor. de Industria, Innovación y Medio Ambiente
de la Cámara de Comercio de Cantabria