Los subcontratistas también deben tener derecho
Más de una década lleva la asociación que agrupa a los excavadores de Cantabria (AEXCA) pidiendo a la administración que se involucre en la lucha contra la perniciosa práctica de las grandes empresas de diferir el pago a sus proveedores y subcontratistas hasta extremos difícilmente sostenibles para la economía de un autónomo o de una pyme. Mientras existía carga de trabajo y financiación sin trabas por parte de las entidades bancarias, los empresarios afectados por esta práctica ha ido sorteando, con mayores o menores costes, el problema. Sin embargo, en una situación de profunda crisis como la que estamos padeciendo, los riesgos económicos y sociales que entraña la demora en el pago a los subcontratistas, sobre todo en los casos de la construcción y obra pública, amenaza la supervivencia del propio sector.
Luchar contra la morosidad en el pago a los subcontratistas hace tiempo que ha dejado de ser un problema de falta de legislación para convertirse en una cuestión de voluntad política. Y es en situaciones críticas como ésta, cuando las administraciones públicas deben dar el paso que desde asociaciones como AEXCA se le pide para asegurar que los subcontratistas cobran en los mismos plazos que lo hacen las constructoras adjudicatarias de obra pública, evitando así la desaparición de empresas y la destrucción de empleo. Ya no vale el argumento de que no se puede interferir en un contrato privado y de que, si existen cláusulas abusivas, debe ser la propia empresa afectada la que lo denuncie ante los tribunales. Ese planteamiento supone ignorar la realidad de un sector donde litigar contra una gran empresa constructora puede suponer cerrarse muchas puertas.
Extender la ‘toma de razón’
Aexca ha pasado a la ofensiva y ha trasladado al presidente regional, Miguel Angel Revilla, y al consejero de Economía, Angel Agudo, la petición de que analicen la posibilidad de introducir en los pliegos de contratación de la obra pública una cláusula que permita valorar, a la hora de la adjudicación, el compromiso de las empresas adjudicatarias de pagar los trabajos que subcontraten en los 60 días de plazo que están estipulados por Ley. De este modo, la Administración Regional no solo podría controlar el cumplimiento efectivo de este compromiso, sino que las propias grandes empresas modificarían su comportamiento ante el riesgo de que sean penalizadas a la hora de optar a posteriores contratos públicos.
AEXCA ha solicitado también a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno cántabro que las empresas subcontratistas se beneficien de medidas similares a las adoptadas para los contratistas con la ‘toma de razón’, que elimina el riesgo para las entidades financieras y dota de liquidez a las empresas adjudicatarias. De esta manera, se garantizaría el cobro por parte de quienes ejecutan de manera efectiva las obras públicas, que no son otros que las pymes y los empresarios autónomos que forman la cadena de subcontratistas.
La Asociación de Excavadores cántabra reúne a cien empresas que engloban más de dos mil empleos. La tardanza en cobrar su trabajos, con pagarés que oscilan entre los 180 y los 210 días, está empujando a muchos de sus asociados a situaciones desesperadas, ya que, además, han visto drásticamente reducida su actividad ante la caída del sector de la vivienda y la insuficiencia de la obra pública hasta ahora ofertada. Una situación que ha puesto en evidencia la insostenibilidad de prácticas mercantiles como las que denuncian y que suponen un abuso que contraviene la propia legislación española de lucha contra la morosidad.
