El Gobierno cántabro endurece el control sobre los contratos públicos

Menos obras ‘de urgencia’, dos funcionarios para firmar las adjudicaciones, recorte de las valoraciones subjetivas, concurrencia para los contratos menores, restricciones a la subcontratación… A raíz del descubrimiento de una trama de corrupción en la Consejería de Obras Públicas, el Gobierno cántabro ha lanzado una batería de medidas que van a propiciar una mayor transparencia en los contratos que hagan sus consejerías, pero también van a añadir más burocracia.

La crisis que ha provocado la trama de corrupción montada por un funcionario de alto rango del Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas se ha convertido en una bomba de consecuencias imposibles de valorar a pocas semanas de las elecciones regionales y eso se ha notado en la rapidez y en la contundencia de la reforma aprobada por el Gobierno regional para las contrataciones públicas. Un sistema más garantista pero basado en la desconfianza, que complicará aún más la tramitación.

Mientras tanto, el ovillo de la trama sigue desgranándose en el juzgado, donde la jueza ha obligado a Vox a personarse conjuntamente con la Asociación de Constructores como acusación particular, para no añadir dilaciones a una causa con preso (el funcionario Miguel Ángel Díez, acusado de cinco delitos). Esto hace suponer que pretende agilizar el proceso tanto como pueda, aunque no se esperan grandes movimientos en mitad de la campaña electoral.

Por el momento, se siguen desvelando los miles de folios del sumario, en los que aparecen muchos más nombres que los de las cuatro empresas sistemáticamente favorecidas por Díez, que en los últimos nueve años han logrado 665 adjudicaciones, por un montante económico que se acerca a los 67 millones de euros. Entre esos nombres, los de otras 19 compañías que anteriormente recibieron contratos pero cuyos presuntos delitos habrían prescrito por el paso del tiempo, y el de empresas que han suministrado materiales o personas que debían inspeccionar las actuaciones.

Las grabaciones de las conversaciones de Díez demuestran que el jefe del servicio de carreteras autonómicas movía todos los hilos personalmente, a varios niveles y no solo los de las empresas contratistas, porque también llegaba a decidir quiénes debían suministrar los materiales en cada caso.