El Gobierno empieza a comprar suelo en la costa

Mientras los ayuntamientos se mueven lentamente para adaptar su planeamiento urbanístico al Plan de Ordenación del Litoral, la Consejería de Medio Ambiente se ha dado prisa en poner en marcha el programa de adquisición de suelo protegido, tal y como se comprometió en aquella ley.
En realidad, son los ayuntamientos los que tienen que compensar urbanísticamente a los propietarios afectados por las restricciones que impone el POL, pero hay otra vía para hacerlo, la formación de un patrimonio público litoral, una actuación que lleva a cabo el propio Gobierno para que las zonas especialmente sensibles no sólo se preserven, sino que sean recuperadas ambiental y paisajísticamente.
Este propósito coincide con la iniciativa puesta en marcha por el Ministerio de Medio Ambiente para adquirir fincas singulares del litoral español amenazadas por procesos urbanizadores, un programa al que va destinar 20 millones de euros en 2006.
En concreto, el Gobierno cántabro ha puesto sus ojos sobre 1,5 millones de metros cuadrados de riberas y dunas, repartidos entre los municipios de Camargo (74.565 m2), Astillero (107.583 m2), Villaescusa (494.253 m2), Ribamontán al Mar (671.875 m2) y Colindres (170.946 m2).
“En general –explica el responsable de la Oficina de Estudios y Proyectos de la Consejería de Medio Ambiente, Angel Diego– son antiguas áreas de terrazgos de ribera que a través de concesiones se han ido rellenando y nuestro objetivo es recuperar ambientalmente estos suelos y volver a ligarlos a las dinámicas litorales que en su día tuvieron”.
Para adquirir esta propiedades costeras, la Consejería de Medio Ambiente podrá disponer de algo más de la mitad de los doce millones de euros que había reservado este año para la restauración de áreas degradadas.
No obstante, la reciente decisión del Ministerio que preside Cristina Narbona de adquirir espacios para el dominio público marítimo-terrestre podría abaratar notablemente la factura final, ya que el esfuerzo puede realizarse a medias. En este sentido, la Consejería va a proponer destinar sus recursos a las áreas de Colindres y Villaescusa que tiene entre sus objetivos y que el Ministerio se haga cargo de los restantes.
No es probable que Madrid asuma esta propuesta en su totalidad, pero de ser así, el esfuerzo económico que tendría que hacer la Consejería de Medio Ambiente se reduciría a 2,6 millones de euros.
La elección de las fincas a adquirir es responsabilidad una comisión en la que también están representadas las consejerías de Presidencia y Ganadería, y la Demarcación de Costas en Cantabria, inmersa en un proceso de deslindes marítimo-terrestres que deberá esclarecer la confusa situación de muchas antiguas concesiones.

Recuperación ambiental

La estrategia de compra en los ayuntamientos más cercanos a la capital cántabra va dirigida a la recuperación de antiguas concesiones para crear un gran anillo verde en torno al área metropolitana de Santander. Fuera de este ámbito, los objetivos de la Consejería para este primer año del programa son dos muy concretos: la protección del sistema dunar en Loredo y la regeneración de las marismas de Tintero, en Colindres.
El criterio seguido para la elección de las fincas ha sido la homogeneidad de las áreas que van a pasar a ser de titularidad pública, de manera que permitan proyectos globales de recuperación ambiental. Eso ha llevado a descartar la adquisición de parcelas aisladas ya que lo que se busca es la preservación de zonas enteras con características comunes, como los sistemas dunares de Loredo, las marismas de las rías de Boo y del Carmen; el área de Tintero o el espacio comprendido entre la ría de Solía y el trazado de la futura Ronda de la Bahía, en Villaescusa. Todas ellas, áreas con una identidad geográfica reconocible.
Otro rasgo común a las zonas elegidas para formar este incipiente patrimonio público litoral, es el de tratarse de terrenos donde resulta más sencillo llegar a acuerdos con sus propietarios debido a la ausencia de expectativas urbanísticas, bien por estar clasificados por el POL como áreas de reordenación medioambiental –caso de Loredo– o por tratarse de antiguas concesiones sobre suelos de dominio público, en los que aún no han finalizado los trabajos de deslinde que lleva a cabo la Demarcación de Costas. Esta provisionalidad se va a reflejar también en las valoraciones económicas de terrenos como los que bordean las Rías del Carmen y de Boo, pendientes aún del deslinde definitivo que aclare si forman parte del dominio público o han pasado a ser de propiedad privada.

Red de sendas litorales

Las actuaciones de recuperación ambiental que se harán en estas zonas una vez pasen a ser de propiedad pública varían en su complejidad y no se descarta acudir, en algunos casos, a un concurso de ideas. Lo más evidente es que, a partir del momento en que se haga con la propiedad, la Consejería habrá de afrontar, como mínimo, el mantenimiento de estas zonas, un coste económico todavía difícil de evaluar.
También se sabe ya que parte de ese nuevo suelo público se utilizará en la creación de sendas litorales, otro de los compromisos asumidos por el Gobierno cántabro en el POL. La idea es configurar un pasillo que recorra buena parte de los 300 kilómetros de costa que, como consecuencia de sus muchos recovecos y rías, suma la región. Estas sendas serán una oportunidad para poner en marcha actividades alternativas a los tradicional usos de sol y playa, como el senderismo o la bicicleta.

La Ría de Cubas

El mecanismo expropiatorio que utilizará la Consejería para hacerse con la propiedad está siendo bastante bien recibido por los afectados, que encuentran en él la posibilidad de rentabilizar unos terrenos que han perdido expectativas tras ser afectados de lleno por las restricciones urbanísticas del POL.
La intención de la Consejería de Medio Ambiente es dedicar cada año una parte de sus recursos a incrementar este patrimonio público litoral. Y en la lista de espera para próximos ejercicios está el entorno de la ría de Cubas, incorporada al POL en el trámite de alegaciones como área estratégica de regeneración ambiental. El elevado coste que va a suponer su adquisición puede provocar que la compra tampoco sea posible para 2006, ya que en ese ejercicio el presupuesto para restauración ambiental es de apenas 2,9 millones de euros, bastante menos que este año.
Esta disminución de recursos propios quedará paliada por la intervención del Ministerio de Medio Ambiente, aunque el Gobierno cántabro deberá competir con otras regiones. Hasta el momento son 113 las fincas cuya expropiación se ha pedido al Ministerio y han sido las comunidades del Mediterráneo las más diligentes a la hora de responder a este ofrecimiento de la ministra Narbona para proteger las costas.