Cantabria exige a los futuros propietarios de Celsa «concreción y garantías»
El consejero de Industria de Cantabria, Eduardo Arasti, ha reclamado al Gobierno de España que haga suyas las condiciones particulares exigidas por la comunidad para preservar el carácter estratégico de Celsa, en el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizará el Plan de Reestructuración, y ha pedido a los fondos acreedores «mayor concreción» de las medidas a adoptar y «garantías» del cumplimiento de los compromisos, de forma que sean «vinculantes y exigibles».
Arasti ha realizado estas afirmaciones tras el pronunciamiento público de los acreedores, que considera «demasiado genérico», en el que los fondos asumen el compromiso de preservar la españolidad de la compañía; así como el mantenimiento de la plantilla; el mantenimiento de las capacidades productivas en España; y la búsqueda de un socio industrial español.
El consejero cántabro reclama «exhaustividad» en la concreción de las medidas, en línea con el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno en septiembre para defender la integridad, la viabilidad, la actividad y el empleo del Grupo Celsa en Cantabria y en España, en el que Cantabria establecía una serie de condiciones particulares que la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, trasladó por carta al ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez.
En dicho acuerdo, el Gobierno de Cantabria reclama en primer lugar al central que tome las medidas necesarias o autorizaciones preceptivas para garantizar el mantenimiento del centro principal de intereses, así como el domicilio fiscal y social del Grupo Celsa en España.
Además, le insta a que impida «las modificaciones que supongan la desaparición, la disminución de actividad o volumen de negocio o cualquier otra forma de pérdida de valor de los centros de trabajo ubicados en Cantabria y en España».
Para garantizar la viabilidad, la integridad del Grupo Celsa y el mantenimiento del empleo actual, el Gobierno cántabro considera necesario que el Plan de Reestructuración incluya «compromisos específicos» en gestión del grupo, endeudamiento y política financiera, recursos humanos, inversiones productivas, transición ecológica y tecnología y sistemas, y que se verifique periódicamente para poder adoptar «medidas correctoras», si se produjeran «desviaciones significativas».
En cuanto al control accionarial, propone la existencia de un accionista o accionistas españoles de referencia con una participación que permita el ejercicio de facultades de control o derecho de veto, en su caso, sobre determinadas decisiones estratégicas societarias que afecten a modificaciones estructurales, transmisión o enajenación de activos productivos, reparto de dividendos, transmisión o enajenación directa o indirecta de acciones o participaciones de las sociedades del Grupo, y despidos objetivos individuales o colectivos basados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Finalmente, el Gobierno de Cantabria plantea la creación de un Consejo de Administración, con presencia de consejeros independientes, que fomente la integración de todas las visiones estratégicas necesarias para preservar el valor del Grupo Celsa.
VALOR ESTRATÉGICO DEL GRUPO CELSA EN ESPAÑA
El Gobierno cántabro recuerda que Celsa es la primera empresa en producción de materiales industriales de la región, con una facturación en 2022 de 857 millones de euros, lo que representa el 49% del sector metalúrgico de Cantabria, y con 1.145 puestos de trabajo, el 3,6% del empleo industrial, especialmente en sus filiales Global Steel Wire y Global Steel Products.
Una empresa que, además, ha invertido más de 467 millones de euros durante el periodo 2001-2022 y que el pasado año movió 1.895 toneladas, el equivalente a casi 80.000 camiones (más de 300 diarios), cifras que la convierten en el primer usuario del Puerto de Santander por volumen de mercancías.
Para el Ejecutivo, el Gobierno de España «debe implicarse» para que los nuevos socios aseguren el cumplimiento «estricto» de los compromisos asumidos en el Plan de Reestructuración, «de modo que se preserve e incremente el valor de la compañía, garantizando la viabilidad del Grupo Celsa, la integridad de sus unidades de negocio, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la continuidad de sus centros estratégicos de decisión en España, así como de los centros productivos en Cantabria y el resto de España».
Además, destaca su «importancia capital» también para el conjunto de España, donde da empleo a 4.410 personas en las plantas de Cataluña, País Vasco, Cantabria, Galicia, Asturias, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, y donde mantiene su centro de decisión, si bien cuenta con más de 120 centros de trabajo en 9 países europeos, en los que genera 9.600 empleos directos y 72.300 indirectos.
Precisamente por su condición de empresa estratégica para España, el Consejo de Ministros aprobó en junio de 2022 una ayuda de 550 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
