El empleo justifica media legislatura

El tiempo ha corrido deprisa en esta media legislatura y cada vez es más difícil cabalgarlo, como ha podido comprobar el Gobierno de coalición que formaron hace ahora dos años el PRC y el PSOE. Si en 2003 encontraron una situación casi idílica, porque se enfrentaban a numerosos problemas arrastrados de muchos años atrás pero recibían un aluvión de dinero procedente del Objetivo 1 y del boom inmobiliario, ahora no hay ni lo uno ni lo otro.
Entonces pudieron poner en marcha de inmediato los vuelos internacionales, comenzar a construir el PCTCan, aprobar el Plan de Ordenación del Litoral, que acababa con la especulación costera… Ahora el balance de esos dos primeros años es mucho más modesto, porque han de gobernar en la más estrecha precariedad y con un nivel de demandas sociales mucho más alto, que ha obligado a concentrarse en las políticas asistenciales.
A un gobierno progresista no solo se le pide que gobierne, también se le pide que cambie el mundo, y para eso hace falta mucho dinero. Se ha tenido que conformar con cambiar el calendario escolar (lo que no poco, si se tiene en cuenta que había resistido a gobiernos de todo tipo y color), recuperar la sanidad universal y extender las vacunas de hepatitis C a todos los enfermos, sin distinción, a pesar de su extraordinaria carestía.
Pero hay veces en las que no poder cumplir los deseos acaba por resultar un regalo y eso le ha pasado al Gobierno PRC-PSOE con la más manoseada de sus pretensiones, la de revertir el contrato de Valdecilla que hizo el PP. De haber podido hacerlo legalmente, como pretendía, hoy estaría en una situación mucho más difícil aún, porque no tendría posibilidad alguna de hacer frente al coste de la obra y a la indemnización que le hubiese correspondido a las dos constructoras (Ferrovial y Siec). Pero, a su vez, el procedimiento de concesión ha dado lugar a que el Gobierno de Mariano Rajoy se desentienda de sus compromisos de pagar los 22 millones de euros de 2016, porque no le han entregado las certificaciones de obra del ejercicio, algo materialmente imposible, como bien sabe el PP que hizo el contrato, porque los pagos de la obra y los servicios van prorrateados a lo largo de los 25 años de vigencia de la concesión.
Esos 22 millones, y otros tantos que el mismo Rajoy prometió para este año pero no ha incluido en los Presupuestos, resultaban vitales para una gestión diaria que está agobiada por la falta de liquidez. Madrid no se lo pone fácil al Gobierno cántabro, hasta el punto que también le retiene el Fondo de Liquidez, imprescindible para pagar el día a día, y esas penurias se reflejan en la vida política. La decisión de acudir a los tribunales para que el Estado pague lo prometido es una muestra de hasta donde ha llegado su impotencia.
Desde su llegada al poder, hace ahora dos años, la precariedad llevó al Ejecutivo regional-socialista a concentrarse en las áreas sociales, que parecía lo más urgente. Todos los consejeros, pero especialmente los regionalistas, renunciaron en el primer ejercicio a las inversiones para atender estos programas, que estaban en manos de las consejerías socialistas, pero en el segundo decidieron que ya habían demostrado bastante generosidad y era hora de que sus consejerías pudieran lucirse, con unas mínimas inversiones. Eso dio lugar a no pocas tiranteces internas, agravadas por el hecho de que Madrid exigía recortar aún más el déficit. Pero ni la sangre del desencuentro de los regionalistas con los socialistas llegó al río ni la contención del déficit a donde exigía Montoro. Cantabria ha sido el último año una de las regiones más incumplidoras, a pesar de ser una de las más austeras y disciplinadas. En realidad, al consejero de Economía ya no le quedaba de donde rascar nada más, y se vio obligado a pagar lo que quedaba de la extra de 2012 de los funcionarios.

Apagafuegos industrial

Por si fuera poco, la crisis se empeñaba en demostrar que seguía viva y empezaron a rebrotar todo tipo de problemas industriales, lo que obligó al Gobierno a correr con el botiquín de los primeros auxilios de un lado para otro. Quizá no parezca un triunfo la reapertura de Sniace después de más de dos años cerrada, pero bastaría imaginar la situación contraria (que anunciase el cierre definitivo) para ser conscientes del dramatismo que hubiese tenido para Torrelavega y sus alrededores.
Esa política no puede ir mucho más allá de contener la hemorragia inicial, porque los recursos no dan para más, pero también sirvió para reabrir Greyco y para evitar el cierre de la planta de Sidenor en Reinosa, que hubiese supuesto otra catástrofe, si bien es cierto que en este caso el Gobierno se ha tenido que emplear a fondo, al dedicar 15 millones a adquirir una parte de la nueva sociedad que se ha hecho con los activos de la línea de piezas forjadas. Una operación imaginativa de Sodercan, que de esta forma evita que Sidenor pueda emplear el dinero en otras fábricas, sin garantizar el futuro de la cántabra, y a la vez consigue que los impuestos que genere su actividad se paguen en la región, una especie de dividendo asegurado.
Miguel Ángel Revilla nunca pone grandes condiciones a sus socios de gobierno a la hora de formar el Gabinete, mientras la reserven la presidencia, pero esta vez sí que ha habido roces. El PSOE contaba con repetir en la Consejería de Industria, con Francisco Martín, pero el PRC se le adelantó y Martín, que no tiene carnet de ningún partido, aceptó. El PSOE, además de pedir la educación y la sanidad, que son las áreas con las que se encuentra más comprometido, no quería renunciar a la Industria y se las ingenió para conseguir que el PRC le cediese Sodercan, con no pocas lamentaciones por su parte. Este desgajamiento ha dejado una herida que no acaba de cerrar y crea una inevitable disfunción. El mayor problema es para la Consejería de Industria, que se encuentra sin su brazo armado, y con un capítulo inversor muy disminuido.
Martín puede consolarse con el Año Jubilar (algo que ninguno de los dos gobiernos anteriores ha disfrutado, porque el calendario es caprichoso) y se ha sacado de la manga un proyecto casi revolucionario, por inesperado, la reapertura de la mina de zinc del Besaya.
El Año Jubilar le está dando sabores (el éxito de lo programado hasta ahora y la avalancha turística) y sinsabores, como la enorme dificultad que está teniendo para conseguir la implicación financiera de las empresas. Ya nada es como en 2006, cuando corría el dinero a manos llenas, ni siquiera con el aliciente de los beneficios fiscales. Eso reduce enormemente el margen de actuación y crea un escenario comprometido, porque todo el mundo espera que el Jubilar tenga el mismo lustre que el anterior, aunque entonces López Marcano dispuso de 16 millones de euros y ahora no se llegará ni a la mitad.
Salvo la reapertura de Sniace, el Plan especial para reindustrializar el Besaya ha dado muy pocos resultados, en parte por la falta de compromiso del Ejecutivo nacional. El Gobierno cántabro también ha tenido que lidiar otros asuntos conflictivos, como la indemnización a las concesionarias del Puerto de Laredo (Ascan y FCC) a las que ha ofrecido 12,5 millones de euros, poco más de la mitad de lo que pedían. No lo han aceptado y el asunto acabará decidiéndose en los tribunales.
Más melindroso ha sido al plegarse a las presiones para tratar de acabar con los vaciados sanitarios obligatorios en los casos de brucelosis, que al PRC le estaban costando un desgarro electoral en algunos pueblos, y al no acabar, como pretendía, con las subvenciones al empleo fijo, cuyos resultados son cuestionables, porque muchos de esas contrataciones acaban en despido cuando concluye el periodo mínimo que se exige de fijeza.
El Gobierno PRC-PSOE se enfrenta a una segunda parte de la legislatura en teoría más fácil: la división del PP diluye la oposición y le puede poner aún más sencillo repetir tras las próximas elecciones. Además, ha encontrado en Ciudadanos un aliado más fiable que Podemos. Sabe también que, por mal que vaya la situación financiera, es casi imposible que se mantenga la extraordinaria precariedad de estos dos últimos años, ya que la participación en los ingresos del Estado está creciendo y la mejoría económica debería reducir los sustos en el terreno industrial, aunque nunca conviene confiarse, como ha comprobado en estos dos últimos años. Después de poner toda la carne en el asador en el caso de Sidenor, el Gobierno tendrá que volverlo a hacer para salvar la planta de cloro de Solvay y aún tiene una larga lista de empresas a la puerta que reclaman las ayudas prometidas o una solución (Greyco, La Covadonga, el Racing…).

Los partidos, rotos

Las dificultades económicas también han empeorado el clima en el interior del Ejecutivo, ya que el dinero que queda para las inversiones es mínimo, pero tanto Miguel Ángel Revilla como Eva Díaz Tezanos parecen siempre más predispuestos a aplacar los conflictos entre socios que a excitarlos. El gran factor de incertidumbre es lo que ocurra con el congreso regional de los socialistas. Si Díaz Tezanos vuelve a ser elegida, lo probable es que no cambie nada. Si su nuevo sector crítico se hace con el control del PSOE cántabro, después del magnífico resultado que tuvo Sánchez en la región, la vicepresidenta del Gobierno empezará a tener más problemas dentro de su formación que fuera y eso, poco a poco, desestabilizará el Ejecutivo. Como ya ocurriera con los resultados de 2011, cuando la caída electoral del PSOE impidió a la coalición mantenerse en el Gobierno, Revilla estará más preocupado por lo que ocurra con su socio que por la oposición, sobre todo ahora que está en desbandada, con un PP roto, un Podemos sin dirección después de las diez dimisiones y con Ciudadanos desgarrado por el transfuguismo.
Un panorama supuestamente idílico para gobernar, pero que puede demostrar lo contrario. El mundo se ha acelerado tanto que los cuatro años de legislatura se les están haciendo muy largos a casi todos los partidos. Tanto que, salvo en el PRC, nadie sabe si acabarán con las mismas personas con las que empezaron.