Los otros efectos de las vacas locas
La alarma suscitada en Europa por la aparición de la enfermedad de las vacas locas ha llevado a las autoridades comunitarias a reforzar los controles sobre el destino final de aquellos despojos de ganado vacuno a los que se ha identificado como transmisores del prión causante de la encefalopatía espongiforme. Una nueva directiva, que entró en vigor el pasado uno de octubre, obliga a incinerar los conocidos genéricamente como materiales especificados de riesgo (MER), desechos de los animales que se generan en los mataderos (cabeza, médula espinal y vísceras).
El objetivo que se persigue con esta medida es el de evitar que estos residuos sean recuperados para la alimentación animal en forma de piensos cuyo uso ha sido totalmente prohibido en algunos países europeos, mientras que en otros, como en el caso de España, aunque se prohíbe su uso en rumiantes, se siguen utilizando para alimentar a cerdos, aves y peces de piscifactoría, es decir en animales monogástricos.
Antes de que apareciera en España la primera res afectada del mal de las vacas locas, los sindicatos agrarios habían estimado que la aplicación de esta normativa en nuestro país costaría más de once mil millones de pesetas. Tan sólo en Cantabria, los gastos generados por la incineración de esos despojos supondrán unos mil millones de pesetas que, hasta el pasado 24 de noviembre, estaba siendo repercutido en el propio ganadero a quien los mataderos le descontaban del precio de la carne del animal una cantidad que oscilaba entre las 2.000 y las 3.000 pesetas por cabeza sacrificada, destinada a cubrir el coste del traslado e incineración de los MER. Ese modo de aplicar la directiva comunitaria fue contestado enérgicamente por los ganaderos, y en comunidades como la asturiana o la gallega los tratantes llegaron a ponerse en huelga con el fin de forzar a la Administración a que determinase el coste de esa operación y quién debía sufragarla. En opinión de los ganaderos, nos encontramos ante un problema de salud pública al que se debe hacer frente desde los presupuestos públicos, pero no exclusivamente a costa de su bolsillo, una tesis que la Administración ha admitido.
La incineración de reses muertas
El contenido de la directiva se extiende a otra cuestión que lleva también aparejada cuantiosos gastos al exigir, desde el pasado uno de noviembre, la incineración de todos los animales que mueran en la explotación. La directiva prohíbe el enterramiento de estos animales o cualquier otra forma de destrucción, y la urgencia de su aplicación ha obligado a los ganaderos a asumir en primera instancia los costes derivados del traslado e incineración de las reses. “El coste de incineración del animal se estima en 150 pesetas por kilo”, explica el portavoz del SDGM, Ricardo García Seco, “por lo que, si añadimos los gastos del traslado al horno incinerador, estaríamos hablando de la pérdida del animal más un coste estimado entre 80.000 y 90.000 pesetas“.
La diligencia del Gobierno en disponer los recursos económicos para hacer frente al problema, choca con la carencia en nuestro país de la infraestructura necesaria para aplicar eficazmente la directiva.
En España tan sólo existen cinco plantas incineradoras homologadas para cumplir esta función: Orense, León, Gerona, Castellón y Valencia. Los ganaderos de Asturias y Cantabria deben recurrir a la planta situada en la capital leonesa para cumplir con las exigencias que se derivan de la directiva comunitaria, con el problema añadido de que una buena parte de la ganadería de la Cornisa Cantábrica está formada por explotaciones extensivas situadas en zonas montañosas desde las que resulta especialmente costoso trasladar las reses muertas en lugares de difícil acceso. “Nuestra cabaña extensiva de carne” –continua diciendo el portavoz del SDGM– “en muchas ocasiones ni siquiera va a poder certificar el fallecimiento del animal que, hasta ahora, incluso se aconsejaba que sirviera de alimento a depredadores como el buitre o el lobo para ayudar a los programas de recuperación de esas especies”.
Lo cierto es que para atender eficazmente el problema, sería preciso construir una incineradora en cada comunidad autónoma, con un coste muy elevado y un plazo de construcción de varios años.
Mientras se soluciona este déficit de infraestructuras, organizaciones agrarias como el SDGM, se han pronunciado a favor de la aplicación en España de un sistema similar al francés: un sistema público de recogida, procesamiento, transporte y eliminación de los MER que garantice la salud de los ciudadanos sin que se produzca un coste añadido para los castigados bolsillos de los ganaderos.
