OCU y Facua avisan que la obligación de atender en lenguas cooficiales subirá los costes en empresas

La asociación que engloba a empresas de atención al cliente rechaza «tajantemente» la medida pactada por PSOE y Junts

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Facua-Consumidores en Acción han avisado este jueves en el Congreso que la reforma legal pactada entre Junts y el Gobierno para obligar a las grandes empresas a tener servicio de atención a la clientela en las lenguas cooficiales supondrá un sobrecoste para las compañías que puede acabar repercutiendo en el consumidor.

La directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de OCU, Ileana Izverniceanu de la Iglesia, y el secretario general de Facua, Rubén Sánchez García, han comparecido en la Comisión de Consumo y Derechos Sociales de la Cámara Baja para aportar su visión de la ley sobre servicios de atención a la clientela.

Esta norma se encuentra en tramitación parlamentaria y el próximo martes, 21 de octubre, celebrará su tercera reunión en fase de ponencia, donde los grupos parlamentarios se reúnen a puerta cerrada para examinar enmiendas al articulado.

En el marco de esa ley, que busca prohibir las llamadas spam y declarar nulos todos los contratos que se cierren con llamadas comerciales no consentidas, se ha introducido una reforma auspiciada por Junts para obligar a empresas de empresas de más de 250 trabajadores, con más de 50 millones de facturación o que presten servicios de interés general, a tener servicios de atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado, con independencia de dónde estén ubicadas.

PP Y VOX CENSURAN LA MEDIDA

El portavoz en la comisión de Vox, Tomás Fernández Ríos, y los diputados del PP Enrique Belda y Miguel Ángel Paniagua han preguntado a los comparecientes sobre esta reforma, que ya se ha introducido en el cuerpo de la norma.

«Nos tememos que si obligamos a todas las empresas, aunque residan en otra comunidad en la que no hay agua cooficial, a atender 24/7 en un idioma que no es cooficial en esa comunidad, al final ese coste se va a repercutir al consumidor», ha dicho la representante de OCU en su turno de intervención.

Además, Ileana Izverniceanu de la Iglesia ha apuntado que en su organización no poseen ningún informe sobre la necesidad o el «clamor popular» de los consumidores para que se les atienda en todas las lenguas cooficiales en las diecisiete comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas.

FACUA CREE QUE TAMBIÉN PUEDE GENERAR EMPLEO

En el turno de Facua, Rubén Sánchez ha señalado que no está en contra de la iniciativa, pero ha admitido que esa reforma puede provocar «casos puntuales» de empresas que incrementan sus gastos a nivel de personal o que tengan que reestructurar su área de atención a la clientela.

«Puede haber determinados perfiles de empresas que se puedan ver levemente dañados», ha apuntado Sánchez, alegando que muchas de las empresas afectadas por la ley tienen externalizados estos servicios en países como Colombia o Marruecos, donde difícilmente se va a atender en alguna de las lenguas cooficiales.

Eso sí, Sánchez ha apuntado que para las compañías no sería «excesivamente complicado» tener pequeños grupos de plantillas en las comunidades autónomas con las respectivas lenguas cooficiales, lo que supondría generar empleo en España.

LA PATRONAL CRITICA LA LEY

Por último, el presidente de la Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes (AEERC), José Francisco Rodríguez García, ha comparecido en la comisión y ha criticado el texto por considerar que «criminaliza» a las empresas que prestan servicios de atención al cliente.

Rodríguez García ha censurado que el preámbulo del texto asegure que las empresas «no tienen unos servicios de atención eficaces». «Creemos que es un prejuicio para todo el colectivo de empresas españolas que se debería modificar», ha explicado.

También ha censurado que el proyecto establezca que el 95% de las reclamaciones telefónicas de los clientes tenga que ser atendido en menos de tres minutos, pues considera que esta medida va a tener un impacto «brutal» en forma de incremento de costes y recursos. Por último, el presidente de AEERC también ha rechazado «tajantemente» la propuesta sobre las lenguas cooficiales.