El sector público no afloja

El Estado gastará en Cantabria el próximo año casi 300 millones de euros en obra pública, de los cuales una tercera parte irán destinados a los dos tramos de autovía que están en ejecución entre Solares y Torrelavega. A su vez, el Gobierno de Cantabria dispondrá de otros 200 para infraestructuras viarias, además de la financiación extrapresupuestaria. Son cantidades muy importantes con las que ambas administraciones parecen dispuestas a seguir la consigna keynesiana de que el gasto público no puede aflojar en tiempos de crisis. El problema es que, tanto el Estado como la propia autonomía, están llegando al nivel máximo de esfuerzo por vía de endeudamiento y, si la crisis dura más, se encontrarán sin recursos propios ni ajenos de los que echar mano.
El Estado va a gastar 96,5 millones de euros para completar el tramo que nunca se hizo de la Autovía del Cantábrico –en teoría concluida hace más de una década–, lo que le evitará desviarse hasta Bezana a quien pretenda ir desde Torrelavega hacia Bilbao. Otros 50 millones serán necesarios para la continuación de los tres tramos que están en ejecución de la Ronda de la Bahía (Peñacastillo-Cacicedo, Cacicedo-Parbayón y Parbayón-San Salvador). Con este empujón quedará casi ultimada una circunvalación de Santander de la que ya está en uso un primer tramo.
Más modesta en coste (5,2 millones de euros) será la conclusión del Distribuidor de La Marga, donde el Estado se ha encontrado con un problema inesperado que ha impedido acabar la obra hasta ahora, el retraso de las obras del nuevo Parque de Bomberos de Santander, que impide el derribo del actual, afectado por esa carretera.
Otras obras de relieve serán los acondicionamiento de los puertos de montaña de Los Tornos y San Glorio (35 millones de euros entre los dos) y los 15,5 millones que costará el nuevo muelle del Puerto de Santander

Comienza el polígono de Villaescusa

El Estado ha previsto que por fin se inicie el próximo año el Parque Empresarial de Piélagos-Villaescusa, una obra que anunció el Gobierno de Martínez-Sieso en 2000 y que se ha encontrado con innumerables problemas de planeamiento hasa ahora.
Disponer de la propiedad de los terrenos –que proceden de la empresa pública Agruminsa (Altos Hornos)– hace que el Estado detente la mayoría del capital de la sociedad promotora, que tiene previsto gastar 13,7 millones de euros en los primeros trabajos del suelo, de donde tendrá que retirar las miles de toneladas de residuos de mineral de hierro que fueron depositados allí durante décadas.

Más Plan E

Madrid también ha decidido prorrogar el Plan E, de actuaciones municipales, asignando a Cantabria 63 millones de euros para el año que viene. El Plan, además de acometer un sinfín de obras que solían quedar aplazadas por los ayuntamientos para tiempos mejores, ha propiciado el mantenimiento del empleo en muchas constructoras, aunque su reparto ha provocado algunos enfados. Las pequeñas empresas locales no acaban de entender que algunos ayuntamientos adjudiquen estas obras –que casi nunca llegan al millón de euros de presupuesto– a grandes compañías que, a su vez, encargan su construcción a un contratista, quedándose ellas con el escaso margen que depara el contrato público.

200 millones del Gobierno regional

Por su parte, el Gobierno de Cantabria calcula que el próximo año manejará unos 200 millones de euros en obras, “la mayor cantidad invertida hasta ahora”, según Miguel Angel Revilla. No obstante, esta cifra es muy matizable, dado que en buena parte son actuaciones que ya se están realizando, como el Plan de Choque de Carreteras (70 millones) o los más de veinte millones de euros que el Gobierno pagará del puerto deportivo de Laredo, cuyo sumaysigue resulta preocupante.
El Ejecutivo regional, en cualquier caso, trabaja ya en la elaboración de un nuevo Plan de Choque de Carreteras, con el fin de mantener las políticas de inversión en obra pública, que podría financiarse por el método alemán (a su entrega). También echará mano de la financiación extrapresupuestaria para construir varias depuradoras, colegios, la rehabilitación del Seminario de Comillas o las promociones de viviendas de protección oficial que tiene previstas la empresa regional Gesvican.
El esfuerzo del sector público no compensará la fortísima caída de la inversión particular en vivienda (de unos 930 millones de euros en 2007 a menos de 300 este año), pero las administraciones rebasarán en volumen de inversión, por primera vez, a la iniciativa privada, a pesar de que sólo representan un tercio del PIB.