Los servicios sociales priorizarán pisos de emergencia a vulnerables que puedan ser desahuciados

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado este miércoles que los servicios sociales de las comunidades autónomos deberán dar prioridad en la búsqueda de soluciones habitacionales de emergencia a aquellos inquilinos vulnerables que, por impago, vayan a ser desahuciados de pisos pertenecientes a pequeños propietarios con dos o menos viviendas.

Rodríguez, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha explicado que la única modificación que se introduce en el nuevo decreto del escudo social respecto al que fue tumbado en el Congreso, es la relativa a que la suspensión de los desahucios de personas vulnerables no opere cuando el casero tiene menos de dos viviendas en propiedad, teniendo que darse al mismo tiempo prioridad a las familias inquilinas en el acceso a pisos de emergencia.

De este modo, dichas familias no se quedarán en la calle, aunque el pequeño propietario que les alquiló el piso lo recupere.

«Lo que hacemos es que donde se decía que no operaba el Real Decreto, cuando era un propietario vulnerable, se amplía a propietarios de una o dos viviendas, o sea, a propietarios de menos de dos viviendas, y la única modificación junto a esta es que han de priorizarse estas familias en el acceso a los recursos de la vivienda y de habitación de emergencia», ha subrayado.

De hecho, en el decreto del escudo social que incluye la moratoria de desahucios, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor mañana jueves, se establece que para que opere la suspensión, el inquilino deberá acreditar que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. Una vez que la Administración de Justicia dé traslado de dicha acreditación al propietario de la vivienda, éste tendrá diez días para acreditar ante el Juzgado que se encuentra igualmente en situación de vulnerabilidad económica «o en riesgo de situarse en ella en caso de que se adopte la medida de suspensión del lanzamiento, o bien que es titular de dos o menos viviendas».

La ministra ha defendido que el decreto se ha mejorado, no sólo ahora, sino también el año pasado con la introducción de una nueva compensación a los propietarios en forma de aval.

«Aquí hay mucho también de narrativa que no se corresponde con la realidad y que genera miedo en esos propietarios que desean alquilar, pero que igual están conteniendo esas viviendas que necesitamos movilizar como consecuencia de ese miedo. A mi lo que me interesa es que la gente esté protegida, que las personas vulnerables lo estén, que podamos movilizar la máxima vivienda vacía en nuestro país para que siga habiendo un mercado del alquiler a disposición de la juventud», ha recalcado Rodríguez.

La titular de Vivienda ha insistido en que se trata de articular «un escudo de protección total» del que «ninguna administración puede inhibirse», al tiempo que ha recordado que la suspensión del desahucio sí opera cuando el inquilino declarado vulnerable vive en un piso de alquiler perteneciente a un casero con «más de diez viviendas» o a un fondo de inversión.