Tele Bahía se queda sin televisión autonómica

Las prisas del Gobierno del Partido Popular para adjudicar las nuevas licencias audiovisuales antes de las pasadas elecciones cántabras no parece que vayan a servir de nada. Al menos, si de lo que se trataba era de que una de las licencias de televisión autonómica fuese a parar a manos de Tele Bahía, propiedad del senador popular José Luis Vallines. Aunque inicialmente consiguió esa adjudicación, la no presentación en el plazo legal del aval de 100.000 euros que la ley establece para consolidarla, le ha dejado finalmente sin licencia. Así lo ha estimado la Mesa técnica, que ha elevado al consejero de Industria la propuesta definitiva para la adjudicación de las 14 nuevas licencias de radio y televisión, en la que se confirma el reparto de frecuencias que se hizo público el pasado mes de junio, salvo en este canal autonómico de televisión, que ha quedado desierto.
Tele Bahía-Canal 67 había solicitado una ampliación del plazo para poder hacer efectivo el aval, algo que los técnicos de la Mesa no dieron por bueno, un criterio que han mantenido en su propuesta definitiva.
La decisión ha sido impugnada por Tele Bahía-Canal 67, aduciendo que, al tener interpuesto un recurso de alzada todavía sin resolver, las adjudicaciones definitivas no deberían haberse producido.
Si el Consejo de Gobierno confirma la propuesta de la Mesa técnica y el recurso no es aceptado, solo habrá una televisión de ámbito autonómico en Cantabria de las dos previstas, la adjudicada a Popular de Televisión.
La adjudicación de este canal no comporta, como en otras comunidades, ninguna obligación del sector público, que en Cantabria siempre ha descartado participar en ningún tipo de televisión, desde unos ensayos realizados en 1985, durante la presidencia de Ángel Díaz de Entresotos, cuando se adquirieron equipos por valor de 525 millones de pesetas pero sólo se llegó a emitir una carta de ajuste.

Una adjudicación polémica

Toda la convocatoria ha resultado muy controvertida, ya que Ignacio Diego decidió tramitar la adjudicación de las cuatro licencias de televisión (dos autonómicas y dos locales) y de la diez frecuencias de radio después de las elecciones autonómicas del 24 de mayo, cuando ya era consciente de que no seguiría en el cargo y en un momento en el que su Gobierno, en funciones, solo tenía capacidad legal para atender a los asuntos de gestión ordinaria.
Sin embargo, optó por forzar los plazos para que toda la tramitación administrativa de las concesiones quedase resuelta bajo su mandato, a pesar de tratarse del concurso con más carga política de toda la legislatura. La propia relación de los adjudicatarios indica la intención de favorecer a personas o instituciones cercanas al Partido Popular, mientras que se han descartado propuestas presentadas por grandes grupos de comunicación.