Los auditores europeos alertan de más complejidad y riesgos de gestión en el próximo presupuesto de la UE

El Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido este miércoles de que el próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, propuesto por la Comisión y aún pendiente de negociación, introduce un sistema de financiación más complejo y un cambio en la gestión del gasto que puede plantear riesgos administrativos y afectar al reparto territorial de los fondos.

Los auditores han publicado dos dictámenes sobre las normas que regularán el gasto y los ingresos comunitarios a partir de 2028, con el objetivo de aportar asesoramiento independiente al Parlamento Europeo y al Consejo, que deberán negociar el futuro marco financiero.

El Tribunal de Cuentas precisa que el aumento del presupuesto, que asciende a 2 billones de euros –un 59 % más que el marco anterior–, se debe en gran medida a que el nuevo periodo incorpora también los pagos destinados a devolver la deuda del plan de recuperación Next Generation EU . Si se descuenta ese componente, señalan los auditores, el crecimiento real es mucho más moderado y apenas pasa del 1,13 % al 1,15 % de la renta nacional bruta de la UE.

En el capítulo del gasto, el Tribunal alerta del giro hacia una mayor centralización, ya que se plantea reducir en 20 puntos la parte del presupuesto gestionada conjuntamente con los Estados miembro, lo que implicaría un fuerte aumento de la gestión directa e indirecta por parte del Ejecutivo comunitario.

Los auditores advierten de que este cambio puede tensionar la capacidad administrativa de la Comisión, al obligarla a asumir más controles, seguimiento y verificación del rendimiento de los programas, y también puede influir en la distribución geográfica del gasto, puesto que las convocatorias competitivas tienden en algunos casos a concentrar fondos en los países con mayor capacidad para captar ayudas.

También señalan que la simplificación presupuestaria planteada por la Comisión, que reduce el número de programas de 52 a 16, solo tendrá un efecto real si las normas de ejecución y control se diseñan y aplican de manera clara, y advierten de que siguen existiendo incertidumbres sobre los instrumentos de flexibilidad del presupuesto.

Por otro lado, aunque el Tribunal considera que la nueva metodología de ajuste anual ofrece mayor protección frente a desviaciones de la inflación, pide tener en cuenta sus posibles consecuencias antes de adoptar una decisión definitiva.

NUEVOS RECURSOS PROPIOS, PERO MÁS DEPENDENCIA NACIONAL

En el apartado de ingresos, se plantean cinco nuevos recursos propios que elevarían el total a nueve, incorporando por primera vez ingresos basados en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no recogidos, derechos sobre el tabaco y contribuciones de empresas con un volumen de negocios superior a 100 millones de euros, además de los ya previstos vinculados al comercio de emisiones y al mecanismo de ajuste en frontera por carbono.

La Comisión estima que estos cambios aportarían una media adicional de 58.000 millones de euros anuales, pero el Tribunal constata que el 77 % de esos ingresos adicionales seguirá financiándose con cargo a los presupuestos nacionales, por lo que las contribuciones de los Estados miembro aumentarán un 48 %, hasta superar los 208.000 millones de euros al año en el próximo marco.

Aunque la propuesta reduciría el peso relativo del recurso basado en la renta nacional bruta, los auditores recuerdan que seguirá actuando como mecanismo de equilibrio, de modo que cualquier insuficiencia en otras fuentes se compensará con mayores aportaciones nacionales.

El Tribunal valora positivamente la eliminación de los mecanismos correctores que reducen las contribuciones de algunos Estados, al considerar que hará el sistema más transparente, pero advierte de que la incorporación de cinco nuevos flujos de ingresos aumentará la complejidad global y alerta de que una tasa financiera a las empresas podría entrar en conflicto con los objetivos de competitividad de la UE.

Los auditores también señalan que los límites máximos de recursos propios deberían reevaluarse tras el acuerdo de un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, garantizado por el presupuesto comunitario.

Los dictámenes publicados este miércoles forman parte de una serie de opiniones del Tribunal sobre el futuro marco financiero plurianual, y está previsto que la institución publique nuevos análisis en febrero y marzo, mientras el Parlamento Europeo y el Consejo inician las negociaciones sobre el presupuesto que deberá entrar en vigor en 2028.